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Le dan domiciliaria al sindicalista portuario "Vino Caliente" y ya volvió a su mansión

26 agosto de 2019

El sindicalista portuario Herme Juárez, más conocido como "Vino Caliente", que estaba preso en el penal de Ezeiza, procesado por asociación ilícita y múltiples delitos financieros, fue trasladado con prisión domiciliaria a su domicilio en la localidad santafesina de San Lorenzo.

Juárez llegó a su casa en una camioneta Ford Ranger, escoltada por la custodia policial y no llevaba esposas. La orden de la prisión domiciliaria la dio el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

Luego de un megaoperativo realizado el jueves 1º de agosto en el marco de 30 allanamientos ordenados por la Justicia federal, el empresario histórico del cordón industrial portuario en el norte del Gran Rosario, fue procesado por delitos como extorsión y lavado de activos ilegales, y embargado por $ 500 millones.

Con 78 años, los abogados del titular del Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (Supa),  insistieron en que el estado de salud y su edad eran argumentos válidos para sacarlo de Ezeiza y de esta forma regresó a la lujosa casa allanada hace algo más de tres semanas donde será monitoreado a través de una tobillera electrónica.

La investigación comenzó rastreando el traslado de estupefacientes desde el norte argentino hasta el puerto de Zárate. La hipótesis era que quienes recibían el cargamento arrojado desde los barcos iban en vehículos de Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín, la Mutual 21 de Diciembre y la Cooperativa de Trabajo San Lorenz, todas manejadas por Juarez.

Aunque inicialmente no se constató que los imputados participaran en la comercialización o distribución de drogas ilegales, se hallaron indicios de que las entidades permitían blanquear dinero obtenido a través de maniobras para extorsionar a otras empresas del complejo agroexportador santafesino.

El sindicalista que figura como principal sospechoso dentro de esa estructura fue detenido la mañana del 1° de agosto en la casa a la que ahora regresaría con la venia de la Justicia federal. Desde entonces se le trabó un embargo de $ 500 millones y la cooperativa que preside desde hace 50 años quedó intervenida por seis meses con control del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

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