por Florencia Barreiro
El Gobierno espera ver hoy convertido en ley el proyecto de apoyo a los emprendedores. Una pelea inesperada por los recursos provinciales había puesto en suspenso el debate en la Cámara Alta, con la amenaza de demorar más de lo esperado su aprobación. Pero las conversaciones durante el fin de semana largo parecen haber abierto algunas esperanzas de acelerar el proceso.
Aprobado por amplia mayoría en la Cámara Alta, el texto de la Ley de Emprendedores llegó a pasar la votación general entre los senadores aunque el análisis particular del artículo 8 puso un freno a la sesión del 23 de noviembre. No es casual que en la discusión de ese artículo hayan aparecido las diferencias que impulsaron el voto negativo de 24 senadores: este punto especifica cuestiones de financiamiento que tocan directamente los fondos de Coparticipación Federal de las provincias.
“Los costos fiscales de la ayuda a emprendedores deben ser afrontados por las provincias y la Nación”, se aclara en la Ley. Legisladores de Misiones, Formosa, Mendoza, Tucumán, La Pampa y Santa Cruz fueron algunos de los opositores de la financiación coparticipada que aprovecharon para dar un golpe político por la pelea histórica de la repartición de fondos con la Nación.
“Todo el ecosistema emprendedor está empujando para que finalmente salga la ley”, asegura Manuel Tanoira, abogado y director de Políticas públicas de la Asociación de Emprendedores (ASEA), una de las principales impulsoras de la iniciativa. “El impacto impositivo sobre la coparticipación es casi nula y, la realidad es que genera beneficios para estas provincias por lo promoción de inversiones, la creación de empresas, y la generación de puestos de trabajo de calidad”.
Los analistas y emprendedores saben que necesitan el apoyo del Estado y de los capitales privados nacionales para incubar los nuevos proyectos. Nadie espera un aluvión de capital de riesgo internacional para financiar la etapa temprana de la apuesta por la innovación y el conocimiento. Por eso, desde el Gobierno habían consensuado con la oposición y los gobernadores este sistema de financiación público-privada.
No hay que olvidar que el proyecto otorga un crédito fiscal de hasta 75% del Impuesto a las Ganancias a los inversores que a través de fondos ?registrados en el Registro Nacional de Capital Emprendedor? apuesten a nuevos proyectos. La devolución podría llegar hasta $1.500 millones -tiene un tope de 0,02% del PIB anual- y cerca de la mitad la pondría la Nación y el resto las provincias, según el porcentaje de coparticipación.
“No toman en cuenta que es un régimen de promoción”, afirma Tanoira, sorprendido. “Esta ley no les toca el bolsillo. Además, primero los privados deben invertir y permanecer dos años y recién en el otro resultado fiscal deducen el beneficio impositivo”. El ejecutivo de Asea recordó incluso que la ley promociona la inversión de los proyectos de las economías regionales y que, en esos casos, la devolución de Ganancias es del 85%.
