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Envían proyecto para reducir juicios a obras sociales y prepagas

El Gobierno propone crear un ente que evalúe el costo-beneficio de las nuevas tecnologías de la salud.

21-07-2016
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Haciendo lugar a un viejo reclamo de obras sociales y prepagas, el Gobierno envío al Senado una iniciativa que podría poner un freno a los juicios en el sector. Se trata de un proyecto de creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), organismo estaría a cargo de evaluar la relación de costo-efiectividad de prácticas e insumos médicos y podría recortar de ese modo la cantidad de demandas especiales ?que exceden el Plan Médico Obligatorio? que las obras sociales y prepagas están obligadas a atender partir de resoluciones judiciales.

La agencia tomaría forma de órgano descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación, con autarquía económica y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado. Según se explica en el proyecto, la agencia estará destinada a evaluar las tecnologías sanitarias y la utilidad de sus intervenciones. En este sentido, se indicó que “serán estudiados medicamentos, dispositivos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza de acuerdo a criterios de eficacia, efectividad, equidad y costo-efectividad en beneficio del interés común”. La agencia trabajará de manera complementaria con la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología (Anmat), que hasta ahora era la encargada de controlar medicamentos y productos médicos.

Al respecto, el ministro de Salud, Jorge Lemus, explicó que “la importancia de esta agencia, diseñada para proporcionar datos científicos que avalen las distintas prácticas, reside en que tendrá un carácter vinculante con la Justicia, lo que evitará la judicialización del sistema”, una problemática creciente que, según dijo, atenta contra la previsibilidad y sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

“Cuestiones como en qué condiciones se usa un medicamento, cuál es la base científica de ese uso, la relación entre el beneficio y la oportunidad de recibir determinado tratamiento” serán discusiones que la AGNET saldará, agregó Lemus.

Aval de gremios y prepagas

De cara a este proyecto, el secretario de Acción Social de la CGT Alsina, José Luis Lingeri, consideró que “es una iniciativa muy importante para controlar los costos y utilizar recursos con racionalidad”. Lingeri, que ya anotó entre sus victorias que la gestión de Cambiemos haya ubicado a un un hombre de sus filas en la Superintendencia de Servicios de Salud, sostuvo que las llamadas “nuevas tecnologías” del sector ?que incluyen a los nuevos medicamentos, procedimientos de diagnóstico y terapéuticas? están “encareciendo el costo de la atención médica” en todo el mundo y que “para atenuar este impacto” muchos países ya desarrollaron agencias como la que ahora es propuesta por el Ejecutivo nacional.

El titular de Obras Sanitarias señaló que la falta de un organismo de este tipo ha llevado a que la Justicia, vía amparos, le “imponga a las obras sociales tener que cubrir por fuera del Plan Médico Obligatorio muchas tecnologías sin la evidencia de su utilidad”.

Consultados por El Economista, desde la prepaga Osde señalaron que “se trata de una medida largamente esperada y reclamada por el conjunto de las entidades que representan al sector de la salud”. Según consideraron, las innovaciones científicas y biomédicas y la decisión acerca de la obligatoriedad de su cobertura genera un “conflicto de intereses” entre los laboratorios y proveedores de tecnología por un lado y los servicios de salud y financiadores por el otro. “Para resolverlo correctamente, se requiere de un tercero objetivo, académicamente calificado y con una visión estratégica del conjunto”, añadieron.

Los ejecutivos de la firma sostuvieron que al no existir un organismo específico orientado a tal fin, las discusiones acerca de la validez de las nuevas prácticas y la obligatoriedad de su cobertura por parte del sistema “se da de hecho en la justicia ordinaria” y, “en muchos casos, jueces de primera instancia se ven obligados a decidir acerca de asuntos complejos que requieren formación e información específica con la que no cuentan”. “A veces por presión de la opinión pública o por natural empatía con el paciente los magistrados terminan avalando prácticas médicas sobre las que no hay evidencia científica suficiente o cuya costoeficiencia es menor que la de otra ya largamente probada”, ampliaron.

Según concluyeron, eso genera un “problema sistémico”, dado que al tiempo que los fallos sientan jurisprudencia no se discute si existen los recursos necesarios para financiar la prestación incorporada. De ahí que desde Osde consideren que estamos frente a una “frazada corta” y esta medida pueda significar “el fin de los tironeos”.

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