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El Gobierno defendió DNU migratorio ante la CIDH

Fue en una audiencia exigida por organizaciones civiles, en la que también se trataron temas referidos a la provincia de Jujuy.

21-03-2017
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“Somos un país de puertas abiertas, y el inmigrante que llega y respeta a las normas, lejos de ser un problema, nos fortalece”, aseguró ayer, Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia. La declaración, fue en el marco de una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -en Washington, Estados Unidos- en la cual se debatió acerca del decreto migratorio emitido a fines de enero por el presidente Mauricio Macri.

El DNU, que endureció la entrada al país para inmigrantes con antecedentes penales, fue visto en forma crítica por la oposición, organizaciones civiles, y gobiernos de países limítrofes. Por caso, Bolivia, que semanas atrás envió funcionarios al Palacio San Martín para aclarar detalles de la medida con la Cancillería. Además, habían criticado duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La audiencia fue otorgada a partir del rechazo de organizaciones civiles, que consideraron al decreto “restrictivo de los derechos humanos para los migrantes y para los que están en situación de pobreza”. Sostienen, a su vez, que “tiene como regla la privación de la libertad”. Avruj, en parte, señaló que desde que fue implementada la medida, se regularizó la situación de 48.000 habitantes, y afirmó que el DNU “asegura a los migrantes la amplitud de derechos civiles, sociales y culturales, al igual que hace con los nacionales”. Por el contrario, los expositores de las Organizaciones

de la Sociedad Civil (OSC), reclamaron que, al disponer la expulsión “se atenta contra la unidad familiar”. Según Gabriela Lisvori, de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref), el decreto favorece a “la xenofobia, el racismo, aumenta la marginalización y pone en riesgo los derechos del niño”.

Otro de los temas que formaron parte de la agenda, fue el reclamo, por parte de sindicatos jujeños, sobre denuncias de hechos de represión ocurridos en la provincia del Norte. Contaron con el respaldo de Horacio Verbitsky , del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denunció “la privación de derechos civiles y políticos absolutamente inconstitucionales a quienes protestan en Jujuy”. Avruj contestó que “hay un compromiso asumido por el Presidente de trabajar en la construcción de una sociedad que se basa en el respeto, la convivencia y la inclusión”, y adelantó que desde la Casa Rosada enviarán al Congreso un proyecto de reforma al código penal en la que pedirán que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, según contó el diario Clarín.

Desde el organismo internacional insistieron en la “preocupación” de asociar “al migrante con la delincuencia, que contribuye a la estigmatización o xenofobia”. No obstante, agradecieron el “clima respetuoso y sereno” entre las partes. La CIDH sesionará en mayo en la ciudad de Buenos Aires y enviará una delegación a Jujuy para estudiar, entre otros temas, el caso Milagro Sala.

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