Diputados piden la emergencia alimentaria

Presentarán hoy un proyecto para destinar $10.000 M a paliar la malnutrición

08-06-2017
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Por Delfina Torres Cabreros

Con la ley de Emergencia Social como antecedente, y luego de una reunión mantenida ayer entre organizaciones sociales y diputados de distintos bloques de la oposición, hoy se presentará en la Cámara de Diputados un proyecto que busca declarar la emergencia alimentaria por dos años. La iniciativa, elaborada por un diputado de Libres del Sur y respaldada por el Frente Renovador, el Partido Socialista y el GEN, entre otros, busca asignar un monto de hasta $10.000 millones para mejorar las dietas de los comedores y reducir la malnutrición.

“En el último año se ha incrementado el problema de la malnutrición, que se relaciona con el sobrepeso y la obesidad. Al hambre de las crisis del 2001, 2002 se lo ha logrado mermar con partidas exiguas en los comedores infantiles, que no hacen otra cosa lograr que estas criaturas coman muchos hidratos de carbono y no comida sana”, fundamentó, en diálogo con El Economista, Federico Masso, diputado nacional de Libres del Sur y autor del proyecto.

La iniciativa se fundamenta en la situación delineada tanto por datos privados como oficiales. El indicador barrial de situación nutricional elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) en conjunto con el Movimiento Barrios de Pie registró en el último semestre de 2016 un 47% de malnutrición entre los niños, niñas y jóvenes que asisten a comedores y merenderos del área metropolitana.

Asimismo, el Indec estableció en su último informe sobre el tema que el 30,3% de la población argentina se encuentra debajo de la línea de pobreza, con una mayor incidencia entre los niños y niñas de hasta 14 años, cuyo índice se eleva al 45,8%. Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina, determinó que la situación de inseguridad alimentaria afectó en 2015 al 19,5% de la infancia y adolescencia urbana y al 7,7% en niveles graves.

En este marco, el proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria Nacional, dispone la creación de un Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria, integrado por funcionarios de distintas carteras y tres representantes de “las organizaciones sociales más represententativas”, que todo indica que corresponderán a Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Este consejo tiene entre sus funciones “construir un mapa territorial para identificar precozmente la malnutrición y ofrecer allí estrategias alternativas nutricionales que aporten a revertir la situación”.

Por otro lado, declara la emergencia pública en materia alimentaria por el término de dos años y faculta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, a efectuar las reestructuraciones presupuestarias necesarias para proveer de fondos adicionales para implementar la ley. Se establece un monto de hasta $10.000 millones durante el plazo de vigencia de la emergencia.

El proyecto se presentó ayer en una reunión en entre representantes de las organizaciones sociales y  diputados, que compartieron luego una olla popular en la puerta del Congreso. La intención es que  se apruebe luego de recorrer un camino similar al que tuvo la ley de Emergencia Social, que surgió de las organizaciones sociales, recopiló apoyos de partidos opositores y alcanzó luego, varias reuniones mediante, el respaldo del oficialismo. Dicha norma, que estableció el Salario Social Complementario para los trabajadores de la economía popular, fue aprobada por virtual unanimidad (sólo se opuso la izquierda dura) en diciembre pasado.

“El Congreso viene lento por toda la cuestión electoral, pero quisiéramos antes del receso de julio o en las primera semana de agosto empezar a discutirlo para llevarlo al recinto, a mas tardar, fines de septiembre, octubre”, precisó Masso.

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