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Decreto de Vidal, con críticas opositoras

Reglamentó la forma en que se darán a conocer las DD.JJ. de los funcionarios bonaerenses. Prevé sanciones para los que las publiquen de manera integral.

09-06-2016
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó la forma en que se harán públicas las declaraciones juradas de sus funcionarios públicos. Con dos modalidades: una versión extendida, que tendrá carácter reservado, y otra sintética, a la que se podrá acceder de forma pública. También dispuso que se sancionará con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de esas declaraciones reservadas. Este aspecto, en particular desató la crítica de varios sectores de la oposición, pero también de periodistas y algunas organizaciones no gubernamentales, quienes alegaron que de esta forma se estaría coartando el derecho a la información y a la libertad de prensa.

“En marzo decidí que todos los funcionarios y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentaran sus declaraciones juradas públicamente. Esto no pasaba antes”, se defendió la gobernadora María Eugenia Vidal a través de twitter, cuando arreciaron las críticas. “La decisión sigue siendo la misma. Yo presenté mi declaración jurada y la mayoría de mi gabinete también lo hizo. El acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes. Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada”, dijo.

Normativa

A través de un decreto publicado con fecha de ayer en el Boletín Oficial, se modificó el decreto 116/16, que regula el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y agentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y se oficializó la prórroga por sesenta días para la presentación de esas declaraciones. La medida dispone “sanciones” a quienes difundan “cualquiera de los datos” contenidos en las versiones extendidas de las declaraciones y para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”. La versión sintética no contará con “los datos completos del cónyuge, de los hijos menores no emancipados, de las personas a cargo y convivientes; detalle de la profesión y medios de vida de las personas especificadas; el nombre del Banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero; los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora y sus extensiones en el país o en el exterior; la ubicación detallada de los bienes inmuebles”.

Cuestionamientos

El decreto generó rápido rechazo en la oposición, pero también en el ámbito periodístico y académico. En las redes sociales se manifestó de manera contundente. “Con esta medida, la gobernadora Vidal ensombrece el avance que representa la exigencia de las declaraciones de bienes a funcionarios provinciales, policías y agentes de servicio penitenciario, parte de las cuales serán públicas, con un artículo mordaza, redactado en términos parecidos (no idénticos) a los del artículo 85 del proyecto de ley de blanqueo de capitales del Poder Ejecutivo Nacional”, señaló el especialista en medios Martín Becerra, por caso, en su blog.

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