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Congreso: a Cambiemos se le complicó la agenda

07-10-2016
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La luna de miel parlamentaria para el Gobierno finalizó el 15 de julio, cuándo los legisladores regresaban a sus provincias para retomar la agenda recién luego del receso de invierno, dos semanas después. En ese primer semestre el oficialismo logró, con diálogo, negociación, y contundencia en algunos resultados, la aprobación de proyectos clave, como el acuerdo con los holdouts, la superley, o los pliegos para completar la Corte Suprema de Justicia.

El escenario es radicalmente opuesto. Le cuesta avanzar en algunos proyectos, se realizan modificaciones en la revisión y como resultado, se le apretó la agenda, a tal punto que piensan en extender el plazo de sesiones ordinarias, que debe finalizar el 30 de noviembre.

La cargada agenda para Cambiemos viene así: el 19 del corriente tiene previsto aprobar en Diputados la reforma electoral. Dos semanas después, el 2 de noviembre, darle media sanción a la prioridad para el oficialismo, la ley de leyes, el Presupuesto 2017. En el caso de la reforma electoral, al Gobierno le preocupa que se retrase aún más y que se dificulte la implementación del sistema de voto electrónico, que además, se prevé implementar de manera integral, desde el año próximo. En lo que hace al Presupuesto, el Ejecutivo había anticipado que el proyecto iría acompañado por las modificaciones al impuesto a las Ganancias, la reducción de los superpoderes de la jefatura de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias, y los cambios en la Ley de Responsabilidad Fiscal, iniciativas que no tienen fecha de ingreso.

Otra salida que encuentra Cambiemos, es postergar debates para el año próximo. Ese sería el caso, por ejemplo, de la reforma al Ministerio Público Fiscal, que recibió críticas de propios y ajenos en su presentación, y por esa razón, decidió dilatar el tratamiento. En caso de no entrar en la agenda de este año, el proyecto que limitaría el mandato del Procurador General de la Nación a cinco años, podría ser tratado recién en el 2017.

En la primera parte del año, el oficialismo acordaba las modificaciones a los proyectos en simultáneo con los diputados y los senadores, en particular con el jefe del bloque PJ-FpV, Miguel Angel Pichetto, hombre clave para el buen pasar de Cambiemos en los primeros meses de gestión. Esa lógica cambió en el segundo semestre. Por ejemplo, dos leyes clave impulsadas por el Ministerio de Seguridad, sufren demoras y modificaciones. En el caso de la ley que incorpora a causas de corrupción la figura del Arrepentido, que fue aprobada por Diputados, sufrió cambios en el tratamiento en el Senado, por lo que regresó a la Cámara Baja, sin fecha aún para su tratamiento, en el que se ratificarían las modificaciones propuestas. En el caso de extinción de dominio, que propone recuperar para el Estado el dinero embargado en delitos de narcotráfico o corrupción, entre otras causas, sigue demorada en el Senado, y se anticipa que habrá cambios en el dictamen que aprobaron los diputados.

Por estas razones, es que el Gobierno especula con prorrogar las sesiones ordinarias, o bien, postergar tratamientos para el año próximo.

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