Organizaciones sociales se reunieron ayer con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para insistir con en el pedido de sancionar una ley de emergencia alimentaria que cree más comedores y aumente el presupuesto que se les destina. El encuentro terminó en un cuarto intermedio y las organizaciones ?encabezadas por Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Informal (CTEP) y la Corriente Combativa y Clasista (CCC)? seguirán adelante con su plan de lucha: marcharán, como el año pasado, el 7 de agosto por el día de San Cayetano con el lema “Pan, paz, tierra, techo y trabajo”.
“Nos reunimos con la ministra para plantear la gran preocupación que las organizaciones tenemos ante el aumento de la malnutrición entre los niños, niñas y adolescentes que asisten a nuestros comedores”, explicó Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.
Según el Indicador Barrial de Situación Nutricional elaborado por esa organización el 43% de los niños y niñas de entre 2 y 19 años que asisten a sus merenderos y comedores están mal alimentados. Según relató el referente de la CTEP, Gildo Onorato, a este diario, las organizaciones presentaron el reclamo a la ministra y le mostraron sus números. Luego, pasaron a un cuarto intermedio y las partes volverán a reunirse el jueves próximo. “Ahora esperamos respuestas concretas”, anticipó Onorato.
La semana que viene los movimientos sociales se reunirán también con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para seguir avanzando en la plena implementación de la ley de Emergencia Social, que fue sancionada en diciembre pasado. Por otro lado, tendrán un encuentro con el bloque de diputados del Pro para discutir el proyecto de Emergencia Alimentaria. “El diálogo es necesario, pero las respuestas deben ser urgentes. Las cifras de la pobreza siguen empeorando y son necesarias medidas urgentes para frenarlas”, concluyó Menéndez.
Los dirigentes sociales señalaron que hay preocupación por las dificultades que se encontraron en la implementación de la Ley de Emergencia Social. Los problemas tienen que ver fundamentalmente con el tema presupuestario. “Sólo se ejecutó el 30% de lo pautado”, explicó Menéndez. El texto de la ley prorroga la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019 y pone a disposición hasta $25.000 millones durante el plazo de vigencia de la ley, con posibilidad de extenderse a $30.000 millones en el 2019. Es decir, son $10.000 millones por año, dinero que se suma a lo asignado por la Ley de Presupuesto.
Este retraso en la ejecución de la partida estaría complicando la implementación del Salario Social Complemetario (SSC), herramienta creada por la ley para mejorar los ingresos de los trabajadores de la economía popular. El monto con el que se inició el SSC (los primeros 60.000 pagos fueron hechos en mayo) era de $4.030, dado que se calcula en base al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. A partir del aumento del mínimo definido entre los sindicatos, empresarios y el Gobierno el mes pasado, el SSC aumentará $400 a partir de agosto y deberá llegar a $5.000 en julio de 2018.
