Una resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) puso en estado de alerta a toda la industria farmacéutica de capitales nacionales, que en la Argentina factura dos de cada tres pesos en este sector. Para los laboratorios argentinos se trata de una pulseada por unos US$ 2.500 millones anuales con los laboratorios multinacionales.
La resolución 56/2016 del INPI, fechada el 12 de septiembre, permite a la Administración Nacional de Patentes dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4 de la ley 24.481, y por válida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes, cuando la empresa acredite que ha sido concedida en el extranjero por la oficina de origen o por otras oficinas, siempre que las legislaciones que rijan realicen examen de fondo y estén sujetas a los mismos estándares de aplicación que los que se aplican en Argentina.
De acuerdo a los laboratorios nacionales, esta definición, pone en riesgo un mercado que, según los últimos datos que reveló recientemente el Indec cerrará este año en torno a los $35.000 millones -$17.554 millones en el primer semestre-. Tomando el valor promedio del dólar para los primeros seis meses del año, configura un mercado global cercano a los US$ 2.500 millones.
Las compañías argentinas que fabrican en el país consideran que la decisión de agilizar el otorgamiento de patentes químico-farmacéuticas ?en última instancia, se trata de eso? favorece a los laboratorios extranjeros, que se quedarán con el negocio de comercialización de estos medicamentos, dado que ya tienen la patente en sus países de origen.
El reclamo y las mañas
“Esta medida favorece a los monopolios extranjeros y provocará un aumento de los precios de los medicamentos, con el consiguiente impacto sobre los presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos y privados”, señaló Eduardo Franciosi, director ejecutivo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), la entidad que nuclea a las compañías de capital nacional.
Franciosi consideró que esta medida “es una forma indirecta de dejar sin efecto las Pautas para el Examen de Patentabilidad de las Solicitudes de Patentes de Invenciones Químico-Farmacéuticas, establecidas para prevenir los efectos nocivos de la práctica del evergreening”, según reseñó la agencia Télam. El ejecutivo aclaró que “el evergreening son las estrategias de empresas farmacéuticas multinacionales para obtener patentes para cambios triviales o sin importancia terapéutica de medicamentos ya existentes, con el propósito de extender la vida de la patente original”. De esta manera, “una misma invención, que en teoría puede tener un máximo de veinte años de protección, por la estrategia del evergreening puede llegar a tener un monopolio de cuarenta o más años”, perjudicando, de este modo, a la industria nacional.
“Las pautas argentinas establecieron criterios rigurosos para el examen de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”, explicó Franciosi, quien indicó que “la aplicación de estos criterios de patentabilidad tuvo efectos muy positivos para la salud pública, los consumidores y la competencia en el mercado farmacéutico en el período transcurrido entre mayo del 2012 y setiembre de 2015”. Para el ejecutivo de Cilfa en ese período “se concedieron 159 patentes farmacéuticas, lo que significó una reducción del orden del 75% anual respecto a las otorgadas hasta el dictado de las pautas”, y recordó que “se denegaron aproximadamente 489 solicitudes”. De ellas, sólo 22 casos terminaron judicializándose, con el fin de lograr una revocatoria.
