El proyecto de ley que admite la posibilidad de bloquear Internet frente a determinados delitos levantó una ola de críticas de entidades de usuarios y empresas ligadas a la red. Si bien el entorno del legislador porteño del PRO Daniel Presti ?autor del proyecto? aclaró que dialoga con dichas organizaciones y que la ley “está frenada”, la preocupación sigue vigente.
“Es probable que tenga modificaciones y que incluso quede inviable”, aclararon los voceros del legislador a Télam. “La iniciativa nada tiene que ver con la censura”, trataron de explicar frente a los cuestionamientos. El proyecto de Ley 2298/16, aprobado el miércoles pasado por la comisión de Justicia de la Legislatura porteña modificaría el artículo 18 del capítulo sexto de la ley número 12 de Procedimiento Contravencional.
Con estos cambios, “se podra? ordenar a las empresas prestatarias del servicio de “Internet” bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de esta”.
Gonzalo Navarro, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (Alai) emitió un comunicado que asegura que la propuesta ?que no necesitaría de orden judicial para hacerse efectiva? entraña” la potencialidad de generar gravísimas consecuencias respecto al normal desarrollo de Internet en Argentina”.
La asociación asegura que, le otorga una atribución “amplia, genérica y de connotaciones ambiguas a la autoridad administrativa y a los fiscales”. Y considera que se establecen “condiciones de censura administrativa sobre la libre circulación de contenido en Internet, socavando de esta manera una de las piedras angulares en los que se ha sostenido su desarrollo y expansión”.
La Cámara Argentina de Internet (Cabase) envío también notas a legisladores de diferentes partidos para convencerlos que la Ley “atenta contra el desarrollo de Internet, no responde al marco constitucional vigente, ni a la realidad técnica de internet, sus servicios, aplicaciones y contenidos disponibles”.
Los especialistas aseguran que la ley, que regiría únicamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es técnicamente imposible de cumplir, al pretender acotar el bloqueo de Internet y plataformas a un ámbito territorial determinado.
El comunicado de Alai muestra una fuerte preocupación al constatar que con “cada vez más frecuencia en nuestra región se considere como normal por parte de legisladores y autoridades la posible aplicación de bloqueos”. Este proceder ?agrega? tiene consecuencias técnicas, legales y prácticas para los usuarios y el ecosistema de Internet en su conjunto
Alai recuerda el caso de los diversos bloqueos que sufrió Whatsapp en Brasil en el último tiempo, que recibieron un rechazo transversal por parte de miembros de la comunidad técnica, la industria y la sociedad civil de la región. Y destaca que ante la posible adopción de este tipo de normas, es necesario revisar la Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet de 2011 y los Principios de Manila de 2015, que corresponden a una serie de recomendaciones propuestas por la sociedad civil de todo el mundo respecto a la libertad de expresión en línea y a la protección de la innovación.
