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Las AFP chilenas, bajo fuego cruzado

25-08-2016
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Columna de Héctor Rubini (*)

Las Administradoras de Fondos de Pensión de Chile (AFP) estarán sujetas a una importante reforma. Luego de que la presidenta Michele Bachelet anunciara una reforma educativa y otra laboral, ha convocado a un proceso de diálogo para una reforma significativa en el sistema jubilatorio.

El objetivo aparente de la mandataria chilena es el de mejorar las jubilaciones y pensiones de los sectores de ingresos medios y bajos, y mejorar los indicadores de cobertura. Parte de esos objetivos se trataron de alcanzar con la reforma parcial del 2008, pero no ha sido considerada satisfactoria. Es probable que recientes manifestaciones multitudinarias en las calles de Santiago hayan convencido a la Presidenta a acelerar la marcha con esta reforma e iniciado las consultas a expertos nacionales y del exterior para dar forma a este cambio estructural.

Actualmente, el sistema chileno cuenta con 9,5 millones de afiliados, de los cuales 51,3% son aportantes activos. La cartera de activos administrados por las AFP asciende a poco más de U$S 161.000 millones y la rentabilidad promedio anual de dicha cartera ha oscilado en torno del 8,5%. La comisión promedio del sistema oscila en torno de 1,5% del sueldo, con un rango de variación entre 0,77% y 2,36% por AFP.

El llamado Pilar Solidario es un subsistema financiado por el Estado que provee el llamado “aporte previsional solidario” (APS) para jubilados de menores ingresos, que se suma a la llamada Pensión Básica Solidaria para ese segmento. Es en sí un componente de reparto. Por otro lado, el llamado Ahorro Previsional Voluntario (APV) más otras inversiones permiten capitalizar ahorros para los aportantes de ingresos más altos.

En la visión del Gobierno existe un amplio grupo de trabajadores independientes, mujeres jefas de hogar y otros de la llamada “clase media” que no califica para subsidios y corren riesgo de que caigan en la pobreza cuando sean jubilados por insuficiencia de aportes. El objetivo fundamental de la reforma de Bachelet sería el de ampliar la cobertura de los APV, que cuentan además con la posibilidad de ser deducidos de impuestos. De acuerdo a varios estudios empíricos, la evasión y la elusión previsional afecta a no menos del 25% de los trabajadores.

La base de la reforma es, en principio, el llamado “Libro blanco de las pensiones chilenas”, nombre popular de un documento entregado por la administración de Sebastián Piñera a la actual (su título es “Propuestas para mejorar las pensiones de vejez”). Según dicho documento, la evasión previsional en Chile está entre 17% y 20% de cotizaciones. El estudio proponía aumentar 2 puntos los aportes jubilatorios (o “tasa de cotización” como porcentaje del salario), modificar el acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia, diferenciando por edad, conduciendo a un aumento del aporte patronal (actualmente en torno de 1,26% del salario bruto imponible).

Sin embargo, la reforma de Bachelet llevaría a un incremento de 5 puntos en la tasa de cotización, lo que supone para el sector privado un costo extra de aproximadamente 1,7 puntos del PIB. Además, tampoco adoptaría la propuesta de subir las comisiones de las AFP ni la de aumentar gradualmente la edad jubilatoria de las mujeres.

Ahora bien, ¿por qué la necesidad de la reforma? Básicamente, por la creciente percepción de que las pensiones y jubilaciones son percibidas como bajas para los sectores de ingresos medios y bajos. De paso, el proyecto de Bachelet introduciría un nuevo jugador en el mercado: una AFP estatal. La idea es impulsada por la propia Presidente, y no desde hoy. Ya con motivo de la reforma de 2008, el entonces ministro de Hacienda durante el primer gobierno de Bachelet, Andrés Velasco, había logrado frenar esa iniciativa. Salvo la ministra de Trabajo, Ximena Rincón, pareciera que ningún ministro defiende esta idea. Según la presidente chilena, el objetivo de la AFP estatal es “que introduzca más competencia” y “que acoja a los trabajadores y trabajadoras que hoy carecen de cobertura previsional”. A su vez, el movimiento “No+AFP” ve no sólo con buenos ojos esta iniciativa sino que además está abiertamente en contra del sistema de capitalización.

Otra propuesta oficial que provoca escozor en las AFP es la propuesta de obligar a las administradoras a devolver a los aportantes las comisiones cobradas en períodos de rentabilidad negativa. Ciertamente desincentiva comportamientos temerarios, pero induce artificialmente a asignar los ahorros previsionales a carteras más conservadoras, perjudicando a los aportantes que optan por alternativas de más riesgo. A esto se suma la propuesta de incorporar representantes elegidos de los cotizantes a decisiones claves de las AFP como políticas de inversión, elección de directores o campañas publicitarias. También se esperan cambios regulatorios respecto de las comisiones por inversiones en el extranjero, lo cual tornará más engorrosa e ineficiente la gestión del sistema.

Los críticos del sistema resumen sus objeciones en los siguientes puntos fundamentales: a) es una reforma ineficiente, dado que se financia con mayores gravámenes sobre el factor trabajo, b) es regresiva pues financia suplementos de pensiones sólo con ingresos laborales, c) improvisada, porque no se han publicado estimaciones ni trabajos analíticos sobre sus efectos en el mercado laboral y en los incentivos a evadir o no aportes previsionales, y d) abre la puerta a la incorporación de componentes de reparto de manera abierta, lo que pondría en riesgo su sustentabilidad de mediano y largo plazo.

El debate está abierto, por ahora con más candor y ansiedad ideológica que rigor analítico, pero el objetivo del Gobierno es bastante claro: privilegiar la solidaridad intrageneracional más bien que la solvencia intertemporal. Esto significará en la práctica un sistema nuevo, mixto, con mayor peso de componentes de reparto e intervención estatal. Por consiguiente, del sistema original de AFP como se lo conoció entre 1981 y 2008 sólo va a quedar el recuerdo.

(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL

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