por Julio Burdman (*)
El resultado estaba cantado desde hacía meses, y nadie se sorprendió. Dilma Rousseff fue destituida por goleada, con 61 senadores a favor y solo 20 en contra. El nuevo Gobierno ya está formalmente instituido. Comienza su segunda batalla por la legitimidad: tiene que cumplir su promesa económica.
La primera, la de la legitimidad del impeachment que le permitió a Michel Temer asumir el poder, no está completamente saldada. Fue un proceso legal, e ilegítimo. Legal, porque la presidenta Rousseff fue destituida en el marco de un procedimiento de juicio político que siguió la letra de lo previsto, y con el voto aplastante de los legisladores. Ilegítimo porque el juicio político careció de fundamentos y obró como un mero instrumento para desplazar a Rousseff del poder por parte de una mayoría legislativa que decidió hacerlo. Hubo una conspiración, una alianza entre la mayoría de los partidos y los poderes fácticos, que se propuso llegar a este resultado. Y la prueba de ello es que Temer no asume para dar continuidad al mandato presidencial instituido en las elecciones de octubre de 2014 sino para cambiarlo.
Sin embargo, este debate pierde actualidad una vez que finalizó el juicio. Ahora, con Rousseff definitivamente afuera, el nuevo Gobierno queda frente a la promecayó sa que hizo, y que fue la verdadera justificación de la destitución presidencial: la recuperación de la economía.
El pasado 17 de abril, la comunidad politizada internacional vio por TV, y con cierta estupefacción, aquella maratónica sesión de la Cámara de Diputados en la que se habilitó el juicio. Lo sorprendente era que cada diputado, al emitir su voto nominal, justificaba con razones que nada tenían que ver con la acusación que pesaba sobre la presidenta. “Por Brasil”, “por el futuro”, “por la cristiandad” y más: estaban votando contra el desplome del PIB.
En 2015, tras una década de crecimiento, el producto brasileño cayó 4 puntos, y para 2016 promete un éxito similar, con el consecuente deterioro de todos los indicadores. Así, en Brasilia y en San Pablo se cristalizó un nuevo consenso: el modelo está agotado (frase que puede querer decir distintas cosas, pero todos firman), y Dilma no estaba en condiciones políticas de timonear su recuperación. El PMDB realizó un pacto con la entonces oposición, se presionó a Rousseff para que renuncie ?por las investigaciones de corrupción que pesaban sobre los miembros prominentes de su partido, aunque no sobre ella? y, ante su negativa, se siguió el camino del impeachment por manipulación de la información fiscal. De acuerdo al nuevo consenso, desplazarla no solo era necesario para estabilizar la economía, sino también urgente. Permitir la continuidad del Gobierno del desplome del PIB sólo prolongaba una crisis terminal y sus nefastas consecuencias.
En la nota de tapa publicada en El Economista del 18 de marzo ?el primer número del nuevo diario? el analista político brasileño Bolívar Lamounier decía que una alianza entre el PMDB y el PSDB para instituir a Temer provocaría un shock de confianza en los mercados y, con ella, el comienzo de la recuperación. Pero Dilma fue suspendida hace meses, y la cosa no mejoró.
Entonces, el nuevo argumento de Temer y su ministro Henrique Meirelles fue que los mercados e inversores aún estaban esperando que la destitución se confirmase, para superar la incertidumbre y permitir que el Congreso, ya liberado del juicio, pudiese ocuparse del proyecto de ley de gasto público, la punta de lanza de la nueva gestión económica. Ahora llegó la hora de la verdad. El nuevo problema de Temer es que su verdadera legitimidad reside en una promesa difícil de cumplir: la crisis de la economía brasileña no se resuelve mágicamente con una destitución.
(*) Analista internacional
