Por Melissa M. Verpile Asesora jurídica en Parlamentarios para la Acción Global
Estados Unidos.- La estrecha cooperación entre los Estados es fundamental para promover, respetar y hacer cumplir los derechos humanos y se lleva a cabo en el marco de las Organizaciones Intergubernamentales (OIG). Estas entidades se establecen mediante un tratado entre dos o más gobiernos que trabajan de buena fe para perseguir objetivos comunes, como la protección de los Derechos Humanos. Las OIG pueden tener un alcance universal (las Naciones Unidas) o regional (la Organización de los Estados Americanos). Los acontecimientos recientes han demostrado una falta de compromiso de los Estados con los marcos establecidos después de la Segunda Guerra Mundial.
Las democracias están en declive y este revés obstaculiza la capacidad de los Estados para abordar con eficacia los problemas mundiales urgentes a nivel internacional. En su informe de 2020 denominado “Una lucha sin líderes por la democracia”, Freedom House determinó que 2019 fue el 14º año consecutivo de declive de las libertades en el mundo, pues en 64 países las personas vieron sus derechos civiles y políticos deteriorados. Un claro ejemplo de ello es Estados Unidos, donde los disturbios civiles - luego de la elección de Joe Biden a la presidencia - culminaron con el ataque al Capitolio por parte de grupos de extrema derecha que apoyan al expresidente Trump. Durante su presidencia, Trump socavó las instituciones multilaterales y privilegió una política donde los intereses propios de Estados Unidos primaban ante cualquier objetivo común, como fue la retirada de su país del Acuerdo de París, cuyo objetivo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático.
Así, la falta o ausencia de liderazgo de las democracias sólidas deja un vacío de poder que, de facto, permite que los regímenes autocráticos asuman roles de liderazgo en la escena internacional, incluyendo en los mecanismos de derechos humanos. Estados Unidos abandonó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre otras cosas, debido a preocupaciones sobre el nivel de escrutinio que el Consejo aplica a las actividades de Israel en Gaza y los Territorios Ocupados. La desconexión de países como Estados Unidos facilitó la infructuosa batalla por la presidencia librada por China, Rusia y Arabia Saudita, que buscaban fortalecer su influencia instalando a un candidato más maleable que la Sra. Nazhat Shameem Khan, de Fiji, una respetada abogada que finalmente fue elegida presidenta del Consejo.
La política se ha apoderado del mérito y la integridad. La Corte Penal Internacional, la única corte internacional e independiente responsable de investigar y enjuiciar a las personas acusadas de cometer crímenes internacionales, acaba de elegir a través de la Asamblea de Estados Parte, seis nuevos Magistrados y elegirá en febrero a un nuevo Fiscal. Dicha elección evidenció que los Estados priorizaron los nombramientos políticos sobre aquellos basados ??en méritos, lo que presupone la pregunta de si se aplicarán los mismos criterios en la elección del Fiscal. A largo plazo, esta política socavará la eficacia de esta institución.
La crisis del COVID-19 ha revelado la fragilidad de las instituciones, provocando cambios significativos en las prioridades de los gobiernos y parlamentos, desviando la atención de muchos procesos legislativos pendientes sobre la lucha contra la impunidad y el estado de derecho. Los gobiernos instrumentalizaron la pandemia para restringir las libertades y justificar su represión contra cualquier disidencia. La emergencia sanitaria no detuvo la comisión de violaciones de Derechos Humanos, tal como lo explica el Informe mundial 2021 de Human Rights Watch. Igualmente, como documenta el último informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU relativo a su misión a Perú, entre el 9 y el 15 de noviembre de 2020, la Policía peruana ejerció fuerza innecesaria y desproporcional durante distintas manifestaciones, teniendo como resultado dos personas muertas y más de 200 heridos. Se identificó un patrón de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y ataques a los derechos civiles y políticos. Además, en varios países de Latinoamérica, se concentró el poder en manos del Ejecutivo como consecuencia de los decretos de emergencia.
El 21 de septiembre de 2020, el Secretario General de la ONU, en su declaración para conmemorar el 75º aniversario de la Organización, reafirmó que un mundo interconectado requiere un multilateralismo en el que todos los actores trabajen juntos. La protección de los Derechos Humanos requiere igualmente asociaciones estratégicas entre todas las partes interesadas, incluyendo a la ciudadanía, que debe asegurarse de que sus representantes políticos tengan una agenda centrada en los Derechos Humanos. La mejor oportunidad que tenemos para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas es mediante el diálogo constructivo y la cooperación dentro de las OIG.
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