Por Levy do Espírito Santo Nazaré Abogado y Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe
Africa.- Décadas de esfuerzo, de trabajo de lucha, no solo de gobiernos o parlamentos, sino principalmente de ONG, de sociedades civiles organizadas diseminadas por este mundo, de organizaciones con personalidad jurídica internacional sacudidas por el COVID-19. Sienten el recrudecimiento de la violación de Derechos Humanos en todo el mundo, especialmente en lo que respecta a la violencia doméstica, el abuso sexual y la violación de menores y la violación de los derechos fundamentales de la ciudadanía y el abuso de poder.
Si el primer caso (violencia intrafamiliar y abuso sexual y violación de menores) surge de la propia sociedad, de las comunidades, en una relación cercana y principalmente dentro de la familia o barrio, el segundo (violación de derechos fundamentales de la ciudadanía y abuso de poder) proviene de las autoridades encubiertas (ius imperium).
Está claro que lo que aquí describimos no es prerrogativa solo del continente africano, sino que lamentablemente ocurre en todos los rincones del mundo, principalmente en países donde no hay un sistema democrático o, de existir, todavía es muy tímido, incipiente. Países donde las instituciones democráticas son muy frágiles, por tanto, donde los autoritarios pululan y donde los gobiernos se aprovechan para endurecer el régimen, persiguiendo y arrestando a los opositores, limitando derechos fundamentales en nombre del COVID-19.
Cuando se declaró la pandemia, casi todos los países y Estados se vieron obligados a declarar el estado de emergencia, lo que obligó al confinamiento de la población en general. De un momento a otro, las mujeres se vieron obligadas a dejar sus pequeños negocios informales y quedarse en casa, las escuelas cerraron y sus hijos se vieron obligados a quedarse en casa todos los días. Los hombres dejaron de ir a trabajar, a bares, tabernas, discotecas, etc., obligados a quedarse en casa. Como la gran mayoría vive de trabajos comerciales e informales, no cuentan con apoyo estatal, no tienen otra fuente de ingresos, no tienen acceso a nuevas tecnologías, internet como forma de ocupar el tiempo, muchos ni siquiera tienen acceso a energía, creando así el entorno propicio para la comisión de los delitos descritos anteriormente.
Por otro lado, en nombre del COVID-19, en defensa de la salud pública, muchos Gobiernos aprovechan la oportunidad para endurecer el régimen, persiguiendo y arrestando a opositores, periodistas, representantes de ONG, limitando los derechos fundamentales consagrados en las Constituciones de los respectivos Estados.
Por todo ello, en el post COVID 19, habrá un gran desafío para recuperar el tiempo perdido y los derechos adquiridos e indemnizar a las víctimas, en la medida de lo posible, por los daños y los traumas.
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