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El blanqueo y los seguros contratados en el exterior

Los contribuyentes interesados en blanquear no deben dejar nada debajo de la alfombra a fin de sincerar todas las omisiones.

16-08-2016
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por María Ines Lasala (*)

A pocos días de la promulgación de la Ley de Sinceramiento Fiscal, aparecen problemas de compleja solución. Los contribuyentes, para adherirse al régimen, deben ser detallistas en el control de sus anomalías tributarias en el pasado y ser precisos en no dejar nada bajo la alfombra a fin de sincerar todas las omisiones. Sin embargo, una situación compleja que se fue dando en la planificación económica familiar argentina, aparentemente no contemplada, fue la de los seguros de vida o retiro contratados en el exterior.

El artículo 38 de la nueva Ley incluye en forma genérica a las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior cuando se refiere a “otros entes depositarios de valores en el exterior”.

En el caso de los seguros contratados en el exterior, con cuenta de capitalización y un valor en dólares, están a disposición del asegurado, que los puede retirar cuando lo deseen, quedando así enmarcados dentro de las tenencias susceptibles de blanquearse.

La legislación argentina prohíbe a los ciudadanos asegurar en el extranjero a personas, bienes o cualquier interés asegurable de jurisdicción argentina. Pero si aun así lo hicieran a riesgo propio, la misma ley prevé, además, la aplicación de una multa a los asegurados e intermediarios.

Si bien esta prohibición había sido puesta en duda desde el dictado del decreto de Desregulación Económica en 1991, luego de varias intervenciones de distintos organismos públicos en el tema, el Poder Ejecutivo, encargado de imponer las sanciones, entiende que las multas por violar esta prohibición pueden ascender hasta 25 veces el valor de la prima acordada con el asegurador. Además, impuso en 2009 y 2010 sanciones de multa a asegurados que habían contratado seguros de vida con una aseguradora del exterior.

Los sumarios por infracciones a lo dispuesto por la Ley 12.988 tramitan, en primer lugar, ante la AFIP.

El artículo 46 de la Ley de Sinceramiento Fiscal establece los beneficios que gozarán los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional de bienes, quedando así liberados de toda acción civil y por delitos de la Ley Penal Tributaria, Penal Cambiaria, Aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado.

Por su parte, el artículo 50 establece que los sujetos que efectúen la declaración voluntaria no estarán obligados a brindar a la AFIP información adicional a la contenida en la referida declaración con relación a los bienes y tenencias objeto de la misma, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 25.246 de Control y Prevención del Lavado de Dinero.

Por lo expuesto, la valoración de sincerar las tenencias en seguros contratados en el exterior no solo está basada en la evaluación de los riesgos inherentes al propio blanqueo o los beneficios que puedan tener, sino que tambien deben considerarse cuestiones y normas colaterales que pueden incidir directamente con la elección de blanquear situaciones que pueden tener un perjuicio superlativo.

En este caso puntual, los ciudadanos que estén evaluando en sincerar dicha tenencia estarían realizando una declaración autoincriminante a la luz de la Ley 12.988, pudiendo ser pasible de multas de hasta 25 veces el valor de las primas aseguradas.

El fin de la norma es el sinceramiento total de los bienes no declarados en el pasado, por tanto es necesario que el Poder Ejecutivo aclare y precise que en los casos que nos ocupan, no serán de aplicación las multas establecidas en el artículo 2 de la Ley 12.988.

Si no lo hiciera, mínimamente la AFIP, junto con la SSN, deberían realizar la aclaración pues son ámbitos de su competencia. Sería ideal la emisión de una norma expresa que despeje cualquier duda interpretativa posterior tendiente a evitar los riesgos de ser sancionado con la multa superlativa establecida por dicha ley.

Vale advertir que las sanciones, aun siendo administrativas, tienen naturaleza penal conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente.

El ciudadano tiene derecho a no autoinculparse. Conforme ha sostenido la Corte Suprema, la prohibición de la autoincriminación es tutelada constitucionalmente en el artículo 18.

Si los beneficios del blanqueo liberan al contribuyente de toda acción civil y delitos de la Ley Penal Tributaria, Penal Cambiaria, Aduanera e infracciones administrativas, esta liberación debería contemplar toda multa a los que quisieran sincerar aportes a seguros de vida o retiros tomados en el exterior, cuya base sancionatoria reside solo en una cuestión de competencia desleal sin un perjuicio concreto al Estado.

Confiamos que Poder Ejecutivo, la AFIP y la SSN contemplen esta situación para que las interpretaciones no afecten la finalidad perseguida con el Régimen de Sinceramiento Fiscal.

(*) Coordinadora Académica del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral

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