Defensa de la competencia y coordinación de expectativas

Si empresas, trabajadores y Gobierno coordinan sus expectativas sobre inflación y acuerdan revisiones de precios y salarios consistente con dicha meta sería posible acomodar cambios de precios relaticos y una transición no recesiva hacia una meta más baja de inflación.

31-05-2016
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por Daniel Oks (*)

El Gobierno propuso un programa de reducción de inflación basado en una contracción rápida de la emisión monetaria (aproximadamente de 40% a 20% interanual el primer año) y una transición hacia un régimen de Metas de Inflación a partir de septiembre (una vez que esté operativo el nuevo Indice de Precios del Indec). El programa está acompañado de un plan gradual de reducción de desequilibrios fiscales e importantes correcciones de precios relativos incluyendo tarifas y tipo de cambio tras la eliminación del cepo al mercado cambiario.

Durante los primeros meses del programa, los cambios de precios relativos han conllevado importantes saltos de los índices de precios (alrededor de 20% en los primeros cuatro meses de 2016). Ante los aumentos de tarifas y tipo de cambio los demás precios parecen haber subido más de lo que la incidencia en el costo de los aumentos iniciales hubiera permitido suponer. Ello, en conjunción con la restricción monetaria, ha conducido a una contracción económica en los primeros meses de 2016. Esto es atribuible (al menos parcialmente) a la incertidumbre generada por los cambios de precios relativos introducidos por el Gobierno en el proceso de búsqueda de un nuevo conjunto de precios relativos de equilibrio.

Las barreras

El proceso de búsqueda de dichos precios se ve afectado por al menos tres factores: I) la inflexibilidad descendente de precios y salarios nominales (cuestiones institucionales e idiosincrásicas); II) asimetrías de expectativas respecto a la política monetaria y fiscal (por ejemplo, si se convalidarán o no los aumentos de precios con mayor emisión, o si la política fiscal será consistente con la política monetaria), y III) la posición dominante o regulada de sectores no expuestos (al menos en el corto plazo) a la competencia de las importaciones: por ejemplo, cadenas de supermercados (que tienen posición dominante en la distribución y comercialización), usinas lácteas, laboratorios medicinales, empresas siderúrgicas, las empresas electrónicas protegidas en Tierra del Fuego, y las empresas de energía y combustibles entre otros.

La inflexibilidad descendente de los precios implica que los ajustes de precios relativos debe necesariamente conducir a un proceso de aumento del nivel general de precios (ello, sin embargo, no implica inflación en la medida que la inflación es un proceso de aumentos de precios recurrente). La heterogeneidad de expectativas sobre el curso de la política monetaria es crítica pues implica que algunas empresas o sectores aumentarán sus precios más que otros por motivos ajenos al sector. Por ejemplo, si las empresas esperan una expansión monetaria mayor a la que el BCRA planea, aumentarán sus precios en exceso. Al no estar convalidados dichos aumentos por la autoridad monetaria, las empresas no logran vender lo planeado y terminan aumentando inventarios, aumentando la capacidad ociosa y despidiendo personal. Los sindicatos, a su vez, demandan ajustes salariales conmensurables con los aumentos de precios elevando potencialmente el desempleo. La consecuencia es un aumento inicial de la inflación seguida de recesión y desempleo.

El tercer factor que alimenta la incertidumbre en el proceso de búsqueda de los nuevos precios relativos de equilibrio es la estructura de los mercados afectadas por las barreras a la entrada. Los sectores en los que hay más competencia se disciplinan rápido y terminan acomodando rápidamente sus precios relativos rápido. Ante la incertidumbre, que implica procesos más costosos de búsqueda de información de costos y precios, los sectores donde hay más competencia tienden a mitigar la incertidumbre evitando sobre ajustes de precios o inclusive fijando un precio más bajo por temor a ser desplazados por la competencia.

En otras palabras, adoptan una actitud de prudencia frente a la incertidumbre de modo de reducir el riesgo de quedar afuera del mercado. En cambio los sectores oligopólicos, que tienen la capacidad de fijar precios no quedan afuera del mercado -a lo sumo, si el precio que fijan es muy alto perderán ventas pero no sucumbirán ante la competencia (verán un desplazamiento sobre su curva de demanda)-. En el extremo si enfrentan demandas altamente inelásticas su oferta puede no variar mucho.

Similarmente, los sindicatos fuertes verán sus salarios mejorar en relación a los de sectores con menores niveles de sindicalización o con mayor competencia de informales -en este caso, los trabajadores no sindicalizados generan más competencia y los sindicatos en dichos sectores disminuyen sus demandas para reducir el riesgo que sus afiliados pierdan el trabajo-.

También desde la óptica del consumidor hay una posible razón para que aumente la demanda de los sectores más concentrados en el contexto de mayor incertidumbre. En la medida en que haya bienes sustitutivos entre ambos sectores, los consumidores (que también ven aumentados sus tiempos y costos de búsqueda) reducirán su incertidumbre comprando a la empresa oligopólica pues el precio a que vende es más cierto o seguro. Así, el proceso de búsqueda de nuevos precios relativos de equilibrio permite mayor discrecionalidad a los sectores concentrados y eso lentifica el proceso desinflacionario.

¿Qué se puede hacer?

La inflexibilidad descendente de los precios nominales es difícil de influir pero el Gobierno puede contribuir a ello exacerbando la flexibilidad del tipo de cambio o ligando el naturalmente flexible precio internacional de los commodities con los precios domésticos regulados que tienen un alto componente de dichos precios (por ejemplo, combustibles). Dicho comportamiento flexible de los precios puede ayudar a disminuir la falsa percepción de que los precios (o salarios) nominales no pueden descender. Similarmente se podrían eliminar restricciones institucionales a la flexibilidad descendente de salarios nominales y tarifas.

La asimetría de expectativas respecto a la política monetaria es un factor común en todos los procesos desinflacionarios. Ahí el rol del Gobierno es coordinar expectativas para lo cual primero debe establecer credibilidad de su propia política. Ello requiere, por lo general, un proceso transparente de reducción de emisión monetaria avalado por un programa fiscal que limite las demandas de emisión para financiar al Gobierno.

Este programa se debe comunicar a empresas y sindicatos indicando la secuencia de desinflación y contracción de la expansión monetaria prevista. Los problemas de credibilidad pueden provenir de una mala comunicación o de la mala reputación del banco central o de la inconsistencia de la política monetaria con la política fiscal. El éxito del programa depende de que empresas y sindicatos incorporen esas pautas en su política de precios y salarios. Para ello serían útiles políticas de concertación que condicionen algunas políticas de promoción a la coordinación de expectativas y revisión de precios y salarios basados en dichas pautas macroeconómicas.

El rol del Gobierno como autoridad de defensa de la competencia debería intensificarse en el contexto de procesos desinflacionarios. Para ello debería perseguir una política más activa de identificación de conductas monopólicas y de regulación de dichos sectores ante cambios radicales de precios relativos. Ello puede involucrar obtención de indicadores de concentración en forma sistemática a través de las cámaras empresariales, la AFIP y los entes reguladores; presentación de información contable relevante más frecuente y apertura selectiva de la importación más rápida de sectores que abusan su posición de mercado.

Existe otro rol importante del Gobierno: ante la mayor incertidumbre, para reducir el costo o tiempo de búsqueda de información de los consumidores y empresas, puede promover la transparencia mediante exigencias de publicación en redes digitales. El creciente rol del comercio electrónico en ese sentido contribuye a aumentar la competencia y a la vez reducir el costo económico de los procesos desinflacionarios.

En síntesis, un programa creíble de reducción de inflación en combinación con una política antimonopólica debería permitir desinflación sin recesión. Si empresas, trabajadores y Gobierno coordinan sus expectativas sobre inflación y acuerdan revisiones de precios y salarios consistente con dicha meta sería posible acomodar cambios de precios relativos y una transición no recesiva hacia una meta más baja de inflación.

Para coordinar expectativas entre empresarios y Gobierno, el BCRA podría pre anunciar su tasa de emisión y Hacienda anunciar un plan creíble de ajuste fiscal a mediano plazo consistente con dicha meta. Si el plan fiscal no es convincente, el programa monetario tampoco lo será. Es fundamental también asegurar la coordinación y/o sincronización de expectativas entre todos los demás sectores. Para ello el Gobierno podría gestionar compromisos tanto con sindicatos como con empresarios para repartir el esfuerzo o sacrificio que cada uno debe hacer para alcanzar la nueva meta de inflación. En particular, la defensa de la competencia ?si bien es una política estructural más que coyuntural? debería ser aplicada con particular rigor con penalidades regulatorias tal como se aplicarían en casos normales de posición dominante.

(*) Economista y presidente de la desarrollista inmobiliaria DESUR.

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