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Una incógnita de US$ 5.000 M

Los escenarios fiscales tras el fallo de la Corte Suprema.

23-08-2016
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La aplicación del fallo de la Corte, tal y como fue dictado, significará que el precio que paga por el gas el sector residencial será igual al del año pasado. En números, eso implicaría que los subsidios hacia el sector ascenderían hasta US$ 1.800 M en 2016 y los subsidios totales al gas sumarían US$ 2.700 M (0,5% del PIB). El equipo económico planeaba llevar la factura a US$ 2.000 millones. Entonces, “la aplicación de la sentencia le costará al Gobierno unos US$ 700 M (0,2% del PIB) adicionales con respecto a lo que tenía previsto”, sostiene un economista, muy solicitado en la City, que pide off the record.

Pero, advierte, hay que estar atentos porque la factura podría subir, y no poco. Veamos. “Si los litigios se extendiesen hasta el sector comercial y las usinas generadoras de energía eléctrica, el costo fiscal aumentaría en US$ 150 M y US$ 600 M, respectivamente. De este modo, si todos los sectores pudieran ampararse bajo el fallo de la Corte, los subsidios al gas alcanzarían unos US$ 3.500 M (0,6% del PIB), es decir, US$ 1.500 M (0,3% del PIB) más de lo que preveía el Gobierno”, calcula.

Y sigue. Además de la posibilidad de que la sentencia de la Corte alcance a sectores de la demanda adicionales, dice, no hay que descartar la posibilidad de que el fallo se propague hacia los subsidios a la energía eléctrica, suspendiendo también aquel aumento tarifario. Allí, “el costo para el Gobierno sería de unos US$ 3.400 M (0,6% del PIB) adicionales”.

Por último, y como también quedaron suspendidos los aumentos a la distribución, es probable que el Gobierno deba proveer una asistencia de emergencia a las empresas distribuidoras de gas. En 2015 rondó los $ 2.590 M y, en 2016 (corregida por inflación), la cifra podría llegar a $ 3.700 M, “US$ 250 M adicionales”.

La conclusión es que, en el caso de que se sumaran sucesivos reveses judiciales, el costo podría terminar ampliándose a más de US$ 5.000 M. Si bien caracteriza a ese escenario como “extremo”, el economista plantea que, si ocurriese, “pondría en serios aprietos el programa financiero del Gobierno y probablemente tendría como contrapartida recortes presupuestarios en otras áreas, ya que sería muy improbable la posibilidad de conseguir tal flujo de financiamiento en los mercados internacionales”.

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