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Superley: se espera un alto acogimiento a la moratoria impositiva

Por sus términos “generosos”, que incluyen condonación de sanciones penales, multas e intereses.

27-07-2016
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Entre sus múltiples aspectos, la superley incluye una generosa moratoria impositiva, que permite regularizar excepcionalmente obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, con condonación de sanciones penales, multas e intereses. Los especialistas consultados por El Economista aseguraron que los términos de la norma son muy beneficiosos para los contribuyentes y anticiparon que por ese motivo se espera un alto nivel de acogimiento. Si bien consideraron que el dinero que ingresará al Estado en este concepto será importante, señalaron que es muy difícil calcular la cifra ya que incluiría no sólo parte del monto en litigio con la Afip, sino las deudas potenciales que los contribuyentes se anticipen a saldar.

Horacio Cardozo, consultor en derecho tributario e impuestos, consideró que la moratoria dispuesta en el libro II del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados es “increíblemente generosa” para quienes evadieron sus impuestos. “Sin entrar a hacer consideraciones éticas, esta moratoria y su generosidad son imprescindibles porque si no los contribuyentes no se acogerán, evitando los beneficios que traerá aparejado a la economía esta medida”, consideró. En este marco, el abogado señaló que las constantes consultas recibidas en su estudio, Cardozo & Lapidus, a partir de la sanción de la norma anticipan que tendrá una recepción amplia. “Infinitamente superior a anteriores similares”, arriesgó.

El régimen permite saldar obligaciones vencidas hasta el 31 de mayo de 2016 y establece el 31 de marzo del año próximo como fecha límite para ingresar.

Por su parte, Diego Fraga, del estudio RCTZZ, recordó que las moratorias tienen en general un buen nivel de acogimiento y que la dispuesta ahora contiene además condiciones muy favorables. “Condona las multas, las sanciones penales y los intereses también tienen una condonación interesante: no pueden exceder, en ningún caso, el 75% del capital adeudado”, explicó y sumó a eso las facilidades en el plan de pago, que contempla hasta 60 cuotas con un interés de 1,5% mensual y una quita del 15% de la deuda consolidada si se paga al contado (aunque en un contexto de inflación no se anticipa como la opción más elegida). En este marco, Fraga consideró que es probable que muchos contribuyentes que se encuentran actualmente en litigio se plieguen a la moratoria para evitar un proceso que no sólo es engorroso sino que puede terminar con un dictamen desfavorable. Además, estimó que podrían sumarse incluso aquellas personas que no están en juicio pero sí en inspección y prefieren adelantarse a ciertas instancias de disputa.

En ese sentido, Fraga explicó que “la moratoria por un lado adelanta la recaudación de la Afip y por otro difiere el pago por las cuotas”. De todos modos, consideró que “es probable que ingrese un dinero importante para el Estado” porque los planes contemplan un pago a cuenta del 5%. Los números, por otra parte, son muy difíciles de calcular. “Habría que preguntarle a la Afip qué monto está en litigio y sumar a aquellos que no están en juicio pero podrían adelantarse”, graficó.

Del mismo modo Cardozo, que arriesgó que el blanqueo recaudará un monto superior a los US$ 60.000 M, alegó que es muy difícil estimar qué cantidad de dinero podría ingresar al Estado en concepto de cancelación de deudas impositivas. “Especialmente porque una gran cantidad de personas va a ingresar los pagos en cuotas”, sostuvo.

El abogado lamentó además que no se haya aprovechado la iniciativa para dictar una moratoria para el personal no registrado, lo que, a su juicio, “hubiera permitido el blanqueo de muchas relaciones laborales, ampliando la base de sustentación de la seguridad social”. De todos modos, la ley sí propicia que se salden deudas con la seguridad social (con las excepciones de las deudas con el sistema de obras sociales y con el régimen de riesgos del trabajo), por lo que podría contribuir a que se regularice la situación de los trabajadores que ya están registrados en el sistema.

Cardozo consideró que igualmente la norma tendrá un impacto indirecto en el empleo, dado que una “parte significativa” del dinero que ingrese a partir de sus disposiciones “se destinará a proyectos productivos, especialmente construcción, lo que repercutirá en un aumento de la actividad económica”.

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