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Reforma laboral: más profunda que lo esperado

El borrador del proyecto de ley prevé exenciones a las cargas patronales, condonación de deudas, reducción de las indemnizaciones y las vuelta de las pasantías, entre otros puntos

01-11-2017
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Por Juan Strasnoy Peyre

Los cambios en el mercado de trabajo que el Gobierno quiere llevar al Congreso son más profundos y amplios de lo que los propios actores implicados dejaban trascender hasta hace pocos días, y la promesa de que no serían “a la brasileña” ya no parece tan clara. Ayer, tras varias semanas de negociaciones a puertas cerradas, se develó el contenido del borrador del proyecto de reforma laboral que el Ministerio que conduce Jorge Triaca le entregó en mano a los abogados de la CGT y de los sectores empresarios, que además de las anunciadas exenciones en las cargas patronales para los bajos salarios y las pasantías, incluye la condonación de las deudas y multas de los empleadores por lo aportes adeudados, una rebaja en las indemnizaciones por despidos, la reducción del plazo para iniciar juicios laborales, la creación de la categoría del trabajador independiente, la eliminación de la responsabilidad solidaria de las empresas que tercerizan servicios, la modificación del régimen de licencias y la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de salud, entre otras medidas.

Según le confirmó una fuente gremial a El Economista, la central obrera ya está estudiando el documento y durante la semana se reunirá el Consejo Directivo para intercambiar “comentarios sobre las implicancias de las propuestas”. Mientras tanto, en Alem al 600 esperan que la respuesta sindical llegue mañana para que el proyecto ingrese al Congreso la próxima semana “con consenso”.

El espíritu del proyecto es claro. El primer artículo del borrador plantea como objetivo “promover la liberación de las fuerzas de la producción y del trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas”. Y para eso, pauta una serie de modificaciones en la legislación laboral, que atraviesa todo el universo laboral.

Ayer, tras varias semanas de negociaciones a puertas cerradas, se develó el contenido del borrador del proyecto de reforma laboral que el Ministerio que conduce Jorge Triaca le entregó en mano a los abogados de la CGT y de los sectores empresarios

“Cuando la mayoría creíamos que una reforma a la brasileña estaba casi descartada en nuestro país, por las características del movimiento sindical, por la relación de fuerzas que podía haber en el Congreso aún después de una victoria del Gobierno en las elecciones, este borrador va en la línea de la reforma de Brasil por sí con la lógica de un proyecto de ley integral que incluye temas sumamente diversos y que van mucho más allá de todo lo que se venía hablando”, consideró el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, Luis Campos, quien planteó que la apuesta oficial no se quedará ahí: “Todo indica que el Gobierno fue por la de máxima, que es un proyecto de ley que afecta las relaciones laborales de la totalidad de los trabajadores y después una estrategia de ir incorporando cláusulas de flexibilización laboral a través de los convenios colectivos de trabajo” y citó como ejemplo el acuerdo lechero sellado el lunes por el Gobierno, el sindicato y la cámaras empresarias del sector.

Desde una mirada contrapuesta, Gerardo García Oro, investigador del IERAL de la Fundación Mediterránea, coincidió en la comparación de la propuesta con la medida implementada por el gobierno de Michel Temer: “La norma provee una modernización en los institutos laborales, adecuando la relación laboral a parámetro más semejantes a los promulgados en Brasil (por ejemplo, en lo que respecta al cálculo de indeminizaciones, tercerización, vacaciones, licencias, etc). Este hecho, además de necesario en los tiempos que corren, es una urgencia en términos de la competitividad del costo laboral comparado entre ambos países”.

Todos los detalles

El eje del documento es el llamado “blanqueo laboral” que, como adelantó este diario, comprende  la exención de aportes patronales para los menores salarios, que se implementará gradualmente durante los próximos cinco años hasta alcanzar como máximo el equivalente a un salario bruto de $ 11.500. Pero, además, las empresas que regularicen a sus trabajadores dentro de los 360 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la ley gozarán de los siguientes beneficios: se extinguirá toda acción penal al respecto y se los liberará de las sanciones judiciales, se les dará de baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales y se les condonará el 100% de las deudas (capital e intereses) por los aportes patronales no realizados para las que blanqueen durante los primeros 180 días y el 70% para las que lo hagan en la segunda mitad del plazo.

En tanto, los trabajadores que sean regularizados tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes calculados sobre un monto mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil.

“Cuando la mayoría creíamos que una reforma a la brasileña estaba casi descartada en nuestro país, este borrador va en la línea de la reforma de Brasil”, consideró el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA, Luis Campos

También habrá cambios sustanciales que llevarán a una reducción de las indemnizaciones por despidos. Quedarán excluidos de la base salarial para el cálculo de las indemnizaciones por despido, el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual (items que hasta ahora forman parte del cómputo y engrosan el monto a percibir por los trabajadores).

En tanto, se creará el sistema de prácticas formativas (el tan anunciado regreso de las pasantías), que no generarán relación laboral y se extenderán también al sector público. La duración y carga horaria de las prácticas se definirán en los convenios colectivos de actividad, con un máximo de hasta 12 meses y una carga horaria de hasta 30 horas semanales.

Otra modificación, que llega de la mano del reclamo empresarial de reducir la litigiosidad y del discurso del Presidente de lucha contra la “mafia de los juicios laborales”, es el acortamiento del plazo para iniciar demandas contra los empleadores de dos a un año. Además, el borrador estipula que el lapso no podrá modificarse por las convenciones colectivas de actividad.

El documento introduce también posibilidad de crear en los convenios colectivos de actividad la creación de un Fondo de Cese Laboral Sectorial, que costeará los montos correspondientes a las indemnizaciones por la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa. Este sistema, que será administrado por un ente sin fines de lucro y de conducción tripartita, se constituirá a partir de un aporte obligatorio mensual a cargo del empleador desde el inicio de la relación laboral y podrá reemplazar la indemnización habitual.

El eje del documento es el llamado “blanqueo laboral” que, como adelantó este diario, comprende  la exención de aportes patronales para los menores salarios, que se implementará gradualmente durante los próximos cinco años hasta alcanzar un salario bruto de $ 11.500

Por otra parte, se flexibilizarán las condiciones para la tercerización: las empresas que subcontraten servicios quedarán eximidas de la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones de los contratistas respecto de los trabajadores ocupados para la prestación de esos servicios, incluyendo la extinción contractual y las obligaciones de la seguridad social.

También se modificará el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo (de Ius Variandi) y, así, el empleador quedará facultado para cambiar la forma y la modalidad de trabajo selladas en el contrato.

Otra reforma importante es la del esquema de licencias, que quedarán establecidas con quince días corridos por nacimiento de un hijo (sin distinción entre madres, que hoy cuentan con 90 días, y padres, que tienen sólo dos días), diez días por matrimonio, tres días por fallecimiento de cónyuge, hijo o padres, un día por fallecimiento de hermano, dos días (con un máximo de diez por año) para rendir exámenes universitarios y 30 días corridos por año, sin goce de haberes, por razones particulares planificadas.

A pedido de la CGT, se creará la Agencia de evaluación de tecnologías de salud, un órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria, que buscará reducir las demandas contra las obras sociales y las prepagas.

Finalmente, el borrador establece la prohibición de acordar sumas no remunerativas en las convenciones colectivas de trabajo y crea un seguro de desempleo ampliado para trabajadores desvinculados de empresas en transformación productiva, que incluirá prestaciones dinerarias y de apoyo a la inserción laboral.

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