por Federico González Rouco (*)
Uno de los pilares del segundo gobierno de Cristina Kirchner fue el Plan ProCreAr, anunciado en junio de 2012 y cuyos objetivos eran reducir el déficit habitacional y potenciar el empleo en el sector de la construcción. Luego de haberse completado los cuatro años de duración del plan, ninguno de estos objetivos ha podido cumplirse. Se prevé un relanzamiento con cambios que lo harán progresivo y generador de empleo. ¿Qué resultados tuvo el plan y qué soluciones podrían buscarse?
Siendo uno de los más ambiciosos de la Historia en cuanto a la provisión de vivienda, habría alcanzado (según cifras oficiales, con lo que esto implica) a solucionar la situación del 35% de los hogares con hacinamiento, asumiendo que todo crédito ejecutado fue para una familia con este problema. Esto no fue así debido a que no hubo mecanismo que segmentara los beneficiarios, lo que terminó generando que se otorguen créditos a las personas de mayores ingresos, ampliando la brecha de riqueza artificialmente.
Una posible solución a los problemas de diseño del plan incluiría un ajuste de los costos que se condiga con la realidad de los beneficiarios, para poder evitar el uso ineficiente del gasto público. Esto podría implementarse con un crédito que vaya ajustando los desembolsos en base a la Unidad de Vivienda (UVI) que sigue al CER. De esta manera, con una cuota que mantenga el valor real de la propiedad, se podría reducir la cuota inicial, ampliar el acceso al crédito e impedir que las obras queden subejecutadas por falta de fondos. Además, incluir a los informales podría solucionar en serio el déficit habitacional, ya que suelen ser los que más lo sufren. Esto generaría una real ampliación de oportunidades y el plan podría acercarse más al objetivo original.
Por último, la principal medida para corregir el plan es la de modificar el mecanismo de asignación de créditos. Otorgar en base a sorteos no permite solucionar el problema habitacional ya que cualquiera podría aplicar. Además, dado que el proceso inflacionario de los últimos años eliminó el crédito hipotecario comercial, familias que contaban con ingresos medios o altos buscaban acceder a un crédito con tasa subsidiada, compitiendo con las familias de bajos ingresos.
Agregar un mecanismo de puntaje que penalice el nivel de ingresos (hasta se podrían incluir topes) y que incluya variables como tamaño familiar, edad de los hijos, salud, etcétera, podría potenciar el sesgo inclusivo del plan.
Además, se ha demostrado que el nivel de empleo generado por una política de vivienda varía según el nivel de ingresos del beneficiario, siendo que cuanto menores son los ingresos de éste mayor es la contratación de mano de obra dado que las obras con alta inversión suelen incluir un porcentaje mucho mayor de máquinas y menor de mano de obra.
En cuanto a la veracidad de las estadísticas reportadas por la Anses, un seguimiento detallado permite ver que hay inconsistencias en lo que se reporta, siendo que hay viviendas que desaparecen de un mes a otro o que se comunican menos obras en una provincia dada de un mes a otro. Por ejemplo, en La Pampa se informaron 3.687 obras iniciadas en abril mientras que, en septiembre este número baja hasta 3.240 para volver a crecer fuertemente en diciembre hasta 4.461 obras. Algo similar ocurre en Neuquén, con caída entre abril y septiembre, y doce provincias que presentan menos obras (ya sea en marcha o finalizadas) en diciembre del 2015 que en septiembre.
Según lo reportado en “El estado del Estado”, al 10 de diciembre de 2015 solo se habían otorgado 150.000 créditos individuales (frente a los más de 170.000 reportados por la Anses durante el Gobierno anterior) mientras que, de ese total, poco más de la mitad estaba terminado. Esta diferencia en lo informado da cuenta del uso político que se hizo de las estadísticas del plan.
Sin embargo, aun así se pueden encontrar fallas. Recopilando los datos desde la web de la Anses y programas emitidos en la TV Pública en 2015, se armó una línea de tiempo de las obras totales. Así se puede ver cómo la cantidad de obras habría aumentado constantemente aunque existen errores en ciertas fechas en las que se comunicó una cantidad de viviendas (en obra o finalizadas) menor a la que se comunicó unos días antes. Por ejemplo, el 12 de junio se reportaron 424 viviendas menos que el 8 de junio aunque la inversión total creció en $641 millones.
Además, en cuanto a los desarrollos urbanísticos, a septiembre de 2015 se comunicaban cerca de 5.000 viviendas menos que en 2013. Es más, cuando se comparan los datos de la Anses con lo expuesto en el informe de Presidencia de la Nación, la cantidad de viviendas en los desarrollos urbanísticos es 4.000 menos. El reporte habla de un avance de obra menor al 50% con solo 300 unidades entregadas al cambio de mando.
Vale aclarar que la principal solución, aunque aquí no se analice en profundidad, sería darle estabilidad al poder de compra del peso, lo que facilitaría el crédito hipotecario a largo plazo. Sin embargo, dado que esto lleva tiempo, incluir créditos en UVI al plan podría ser una gran solución, copiando el modelo de Chile donde el crédito hipotecario a tasa variable se multiplicó por 10 (luego de ajustar por inflación) en los últimos veinte años.
(*) Economista
