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Limitar la suba de tarifas de gas tuvo un costo fiscal de $ 5.600 M

En junio el Gobierno Nacional dispuso limitar a 400% el aumento para hogares y a 500% para no residenciales.

04-07-2016
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Por la limitación impuesta a la suba de tarifas de gas que inicialmente había lanzado el Gobierno en abril, el Estado Nacional deberá afrontar un costo fiscal que asciende hasta $ 5.600 M. El monto, revelado por fuentes del Ministerio de Energía y Minería (MIMEM) a Télam, es la diferencia que implicará para las cuentas públicas mantener los subsidios suficientes para garantizar que los aumentos no vayan más allá de 400% para los hogares y 500% para los usuarios no residenciales (pymes, comercios, hoteles y actividades vinculadas al turismo), tal como estableció la Resolución 99/2016 publicada a principios de junio en el Boletín Oficial.

En aquél entonces, tras una primera modificación del esquema tarifario que había llevado las tarifas de gas a incrementos de hasta 2.000% en algunos casos, el Gobierno Nacional se vio obligado a moderar las subas por la presión de los gobernadores de todo el país; en particular, de los patagónicos.

“Con la resolución vigente desde el 1 de abril hasta el 7 de junio, el sistema estaba equilibrado entre lo que se iba a cobrar por facturación y los costos de la cadena que forman los productores, las transportadoras y las distribuidoras. Es decir, el costo para el Estado hasta el tope de incremento era de cero pesos”, contrapusieron desde la cartera que conduce Juan José Aranguren, a Télam.

Los topes impuestos, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año, modifican el esquema original que entró en vigencia el 1 de abril y parten de un nuevo nuevo cálculo a partir de los cargos vigentes hasta el 31 de marzo. Según el Gobierno, esta medida retroactiva al primer día de abril, beneficiará a 8 millones y medio de hogares, a los que se suman también cerca de 1 millón y medio de beneficiarios de la tarifa social.

El nuevo esquema se mantendrá hasta que se realice la revisión tarifaria integral que prometió el Ministerio, estimada para fines de este año o principios del próximo.

La intención original del Ministerio de Energía y Minería era llevar las tarifas a niveles mucho mayores para corregir el atraso que arrastraban las tarifas dada la falta de actualización de la última década. Según calculaba uno de los actuales integrantes del Gobierno, el precio que pagaba a fines de 2015 un usuario residencial de la zona de corbertura de Edenor por cada kw/h consumido era hasta 20 veces menor que el de algunos países de la región y hasta 30 veces menos que en países como Francia, Inglaterra o España.

Al mismo tiempo, desde la óptica del Gobierno, mientras corregía ese punto la suba de tarifas contribuiría a la meta de reducir el déficit fiscal -en gran parte abultado por los subsidios- que el equipo económico de Mauricio Macri se propuso desde el primer día. Sin embargo, obligado por la presión de los gobernadores y el impacto altamente negativo sobre varios comercios y hogares especialmente en la Patagonia, el Gobierno se vio obligado a retrotraer la suba, lo que en última instancia impactará también sobre la reducción del rojo fiscal. En ese sentido, economistas y consultores empiezan a ver que se complica la meta fiscal de 4,8% de déficit para 2016 planteada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.

Por otra parte, la semana pasada, MetrogÁs anunció la reglamentación de los cambios impuestos por el Ministerio de Energía y Minería, según los cuales -además del tope de 400% para usuarios residenciales y de 500% para los no residenciales-, se establece que a los clientes que ya pagaron facturas con incrementos superiores a los límites fijados, se les aplicará una bonificación en la siguiente factura, así como también, los usuarios que todavía no abonaron la factura, si corresponde, pueden solicitar a la empresa que se les refacture teniendo en cuenta el nuevo análisis de consumo. La reglamentación, además, dispuso la posibilidad de abonar la factura de manera mensual.

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