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Las señales económicas contrapuestas de las reformas macristas

Hilando fino se puede observar la filosofía económica del Gobierno en materia fiscal, aunque sus efectos sobre la política económica en su conjunto quedan poco claros

24-11-2017
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Por Joel Vaisman Economista

El Gobierno ha enviado una maratón de Reformas, con mayúscula: Tributaria, Previsional, Laboral, del Mercado de Capitales, de Responsabilidad Fiscal (por supuesto, no la de Coparticipación Federal, la única requerida por la Constitución). Cada una de estas reformas envía señales contradictorias: impuestos “más progresivos” pero que recaen sobre productos que consumen la clase media y trabajadora; se quiere una baja de la inflación, pero con una suba de las alícuotas y reducción de subsidios; se quiere ampliar el mercado de capitales, pero se le impone un impuesto; se quiere bajar la inflación manejando la tasa de interés y se grava a los bonos.

Sin embargo, hilando fino se puede ver un sendero que marca la filosofía económica del Gobierno de Cambiemos en materia fiscal, aunque sus efectos sobre la política económica en su conjunto quedan poco claros, dado que se ve afectada la política monetaria.

La progresividad del cambio

La Reforma Tributaria es producto de una ley sancionada el año pasado, creada con el Programa de Reparación Histórica para Jubilados (conteniendo el blanqueo), dado que había dado el plazo de un año al Ejecutivo para enviar un proyecto.

Mientras, el Gobierno ya había anunciado en enero de 2016 la baja de las retenciones al agro, y en este año, la reducción de aranceles a la importación de autos de alta gama. El déficit de la balanza comercial pareciera haber llegado para quedarse. Y más aún si se eliminan paulatinamente los impuestos a electrodomésticos importados. Por más “fracaso” que algunos puedan tildar a la industrialización en Tierra del Fuego, sería el fin para muchos puestos de trabajo.

¿Qué impuestos subirían? Gaseosas, aguas saborizadas, jugos naturales y jarabes para producirlos. Productos que impactan sobre consumidores de clases medias. Se rumoreó fuertemente que Coca Cola frenaría inversiones, pero hasta ahora “mantiene sus compromisos” en el país.  Además, subirían impuestos internos para bebidas alcohólicas, como whisky y cognac. El vino, dada la furia de los productores cuyanos, finalmente no fue gravado. Ganancias siguen tributando todos, no se eliminó el impuesto.

Se sabe, nunca es bueno pelearse con quienes aportan capital y generan empleo. Los animal spirit, en Argentina, son sensibles a los anuncios de ajuste.

Y ser averso al riesgo costaría más caro, dado que los seguros personales tributarían 23% sobre la alícuota general.

Buenas prácticas: unitarismo y prociclo

El proyecto de reforma a la Ley 25.917 (Régimen de Responsabilidad Fiscal) que lleva la firma del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, encierra mucho más que “buenas prácticas” para el manejo de la política de gastos. Hay un claro sesgo centralista, en cuanto a que las Provincias deberían acatar ciertas ideas impulsadas por el Gobierno nacional, y de política económica, al asegurar que en todo el territorio no se podrían aplicar políticas que impulsen la demanda agregada (en general, recomendadas por economistas de corte más keynesiano y algunos sectores mainstream) ante una recesión.

El proyecto de Responsabilidad Fiscal tiene un claro sesgo centralista

Centralista, porque, entre otras medidas, impone a las Provincias el no poder incrementar la cantidad de empleados públicos más allá de la planta vigente al 31 de diciembre de 2017 (actualizable en base a la población proyectada por el Indec), sin tener en cuenta situaciones particulares.

Ortodoxo, porque impone que, ante caídas en el PIB, las provincias no podrán incrementar el gasto público más allá de lo que sea la inflación. Esto es, si el gasto, como toda variable económica, es precio por cantidad, sólo se podrá ajustar por precio, no por cantidad. De esta forma, se realiza un ajuste: los precios suben, la recaudación (inicialmente) sube por efecto precios, pero la provisión en cuanto a cantidad de servicios permanece constante. De esta forma, se negaría la posibilidad de que las economías provinciales realicen políticas contracíclicas de incremento del gasto público.

Hay otras “perlitas”: la ya anunciada medida de que ningún Poder Ejecutivo saliente puede tomar medidas que incrementen los gastos corrientes que influyan sobre un período mayor a seis meses y que influyan sobre la próxima administración. Medida que parece ir en el camino de que la mala política no deje un campo minado a los sucesores. Problema: ¿Qué sucedería con las paritarias estatales que acuerdan negociar una parte de los incrementos hacia fin de año dependiendo de la inflación? Por supuesto, se asegura desde el oficialismo que se cumpliría la meta del BCRA del 12% para 2018, con lo cual, las paritarias, quizás deberían volver a ser anuales.

De la Reforma a la Contrapolítica Monetaria

Justamente, en materia de inflación, hay importantes discordancias. Desde 2016, la Autoridad Monetaria implementó las Metas de Inflación, que hasta ahora no ha logrado cumplir. Este año debían ser de máximo 17%, llegando ya a más del 20% (la propia vicepresidenta Gabriela Michetti había asegurado que sería algo bueno estar alrededor de ese número).

Para el año entrante, deberían estar entre 8 y 12%. Éstas fueron programas hacia fines de 2016, reforzadas este año, y, en teoría, tenidas en cuenta en el proyecto de ley de Presupuesto 2018 que el Ejecutivo envió en septiembre.

Las metas de inflación implican que la tasa de interés de referencia (para nuestro país, se consolidó la de las Lebac) marca el ritmo. De hecho, la curva de rendimientos en pesos está invertida manifestando el sesgo antiinflacionario del BCRA, y favoreciendo el carry trade.

Ahora, el Gobierno quiere impulsar los mercados de capitales, dado que bajaría el costo del crédito. Pero la reforma tributaria quiere instaurar, entre otras cosas, un impuesto a la renta financiera, en particular a los bonos bajo la par como las Lebac y Letes. Estos dos instrumentos se emiten por definición a descuento, y son instrumentos de política monetaria, especialmente las primeras.

Implicaría que prestarle dinero al BCRA genera que la AFIP nos saque luego parte de lo obtenido. ¿El resultado? Un incremento en los retornos pretendidos por los ahorristas (ahora saben que van a recibir menos), con una caída en el precio de los bonos. Esto contagiaría al resto de los títulos de renta fija, y al resto de las economías (queda por ver cómo afectaría a los spread entre tasas activas y pasivas, si además se gravan los plazos fijos). Pero con un daño colateral a la política económica: si las Lebac bajan de precio, el BCRA pierde poder de absorción de pesos cuando esteriliza.

En el corto plazo, seguirá la incertidumbre tanto para consumidores como para inversores

No es la primera vez que el BCRA y Hacienda chocan. Durante todo 2016 la batalla entre déficit fiscal versus Inflation Targeting se vislumbró día a día en los titulares de los diarios.

Perlita de esta reforma: ¿si se compran bonos sobre la par nos reconocerían crédito fiscal?

La rapidez genera incertidumbre acerca del rumbo

Como todas las decisiones del Gobierno, alguna acertadas como la salida al desdoblamiento cambiario, la gran mayoría se realizan con un efecto cuasi shock, muchas veces apurando al Congreso.

El sesgo industrialista que Mauricio Macri había jurado en su campaña electoral (como hombre proveniente del sector automotor) parece haberse diluido. Las leyes impulsadas parecen querer atraer capitales que aun no han ingresado, pero no cuidar a aquellos que ya están operando en el país y a las economías regionales.

La relación con las Provincias ha cambiado en forma (se quieren hacer pactos) pero no en sustancia: la Nación se sigue imponiendo sobre el federalismo.

Los ajustes siguen cayendo sobre los consumidores de clase media y trabajadora, las pymes siguen sin tener un tratamiento fiscal acorde. Y en el medio, la señal de la política fiscal (austeridad que recaiga sobre consumidores) podría debilitar el principal instrumento del BCRA para absorber pesos en plaza.

En el corto plazo, seguirá la incertidumbre tanto para consumidores como para inversores. Pero aun a lo lejos, queda la verdadera Revolución (no reforma) anunciada hace dos años: la llegada de inversiones millonarias.

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