Por Melisa Sala Labour, Capital & Growth (LCG)
Prácticamente la mitad del gasto público nacional está atado a actualizaciones automáticas. Este gasto es aquel destinado a la seguridad social (incluyendo jubilaciones, pensiones y otras asignaciones), y la automaticidad de su dinámica proviene de la fórmula de movilidad provista por la Ley 24.617. Esa fórmula tiene sus particularidades, pero en esencia estipula que jubilaciones y pensiones deben aumentar todos los marzos y septiembres en relación con la evolución de los salarios formales y con la recaudación de la Anses. Así, la idea que subyace a estos aumentos es que preserven la sostenibilidad del gasto previsional y guarden alguna relación con el poder adquisitivo del salario. Esta es la idea subyacente. Sobre la superficie, la realidad es otra.
Uno de los motivos es que la fórmula correctamente contempla que los montos destinados a seguridad social se corrigen por el universo de beneficiarios: si el universo de jubilados aumenta, el monto destinado a jubilaciones se tiene que dividir entre más personas, con lo que el haber por beneficiario se reduce (o crece menos). Pero sucesivas aclaraciones (decretos) han dispuesto que este factor de corrección deje a un lado aquellos beneficiarios surgidos de alguna moratoria previsional, que actualmente son nada menos que casi la mitad de los pasivos. Así, el número de beneficiarios que se utiliza para alcanzar un haber medio resulta muy inferior al número de beneficiarios que efectivamente serán los destinatarios de jubilaciones. Además, la Ley 27.160 de mediados de 2015 extendió la aplicación de la movilidad al ajuste de asignaciones familiares (incluida la AUH) ampliando aún más los destinatarios de la automaticidad no incluidos en su cálculo.
Dejaremos para otra ocasión nuestro análisis de sostenibilidad de nuestro sistema previsional y de seguridad social, pero miremos ahora cómo fue la evolución del gasto previsional (automático) dividiendo entre el factor precio (fórmula de movilidad) y el factor cantidad (cantidad de beneficiarios). Se observan dos períodos: el primero ocurrido al inicio de la movilidad cuando primó el efecto precio surgido de la suba real de salarios y recursos tributarios sólo compensado parcialmente por un efecto cantidad negativo a partir del crecimiento de los beneficiarios por debajo del crecimiento real del PIB y el segundo, desde que comenzó a incidir el impacto de las sucesivas moratorias previsionales transformando en positivo el efecto cantidad [1]. En 2017 esperamos un aumento del gasto previsional de casi 0,4 punto del PIB (sin incluir el efecto del Programa de Reparación Histórica ?PRH-), explicados enteramente por el efecto precios que generará un incremento del 4% real promedio los haberes (6% acumulado a diciembre). Para 2018 prevemos una suba real del 5% interanual acumulada.
Más interesante resulta ver qué le deparará el futuro al sistema previsional. Aun cuando el número de beneficiaros empate el crecimiento real de PIB (efecto cantidad neutro), los precios no compensarán esa mayor cobertura [2]. Y por el lado del financiamiento del sistema, los ingresos continuarán a la saga, siguiendo el cronograma de los recursos de la coparticipación que la Anses detrae a las provincias [3]. Con todo, el gasto previsional terminaría creciendo a razón de 0,2 punto de PIB por año (sin incluir efecto PRH). Así, el sistema terminará siendo insostenible incluso antes de que finalicen los tiempos de bono demográfico.
[1] El efecto precio negativo en 2014 y 2016 se debe a una caída real de los salarios y recursos tributarios de la Anses.
[2] Se asume que los salarios crecen en línea con la inflación y los recursos tributarios de la Anses se mantienen en términos del PIB.
[3] Para el cálculo de la movilidad no se tiene en cuenta el impacto que tiene la progresiva devolución de estos recursos a las provincias en base a lo acordado en el Acuerdo de Fortalecimiento del Federalismo (AFF). Sin embargo, es un factor más que influye en el financiamiento efectivo del sistema previsional.
