Instituciones, gasto y riqueza

23-01-2017
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por Ignacio Rosenfeld (*)

Uno de los desafíos principales del Gobierno, así como también debería serlo de la sociedad civil, es la erradicación de la pobreza. A tal efecto, la actual administración propuso en su plataforma de campaña el lema “Pobreza Cero” ?como todos bien sabemos, del dicho al hecho hay un largo trecho?. No obstante lo dicho, el análisis del nivel de ingresos de la población en general de nuestro país resulta trascendente en función del vínculo que “tendría” con dos cuestiones fundamentales: (I) costo de producción o comercialización interno (“P”), y (II) nivel de consumo interno (“Q”).

Sobre P y Q

En la primera de las cuestiones ?costo de producción/comercialización interno? parecería que, al ser el nuestro un país con gran cantidad de asalariados que perciben una baja remuneración [1], es decir, que perciben una retribución por su trabajo mucho menor a la registrada en los países desarrollados, el costo de producción/comercialización interno debería ser en consecuencia mucho menor que en los países desarrollados. En relación a ello podemos traer en apoyo los ejemplos de aquellos países en donde las principales marcas de renombre global han instalado sus centros de producción ?principalmente países de Asia?. No obstante, nada de ello se observa en la realidad de Argentina dado que la inflación y la presión fiscal ejercida por el Gobierno en todos y cada uno de los eslabones del sistema productivo y de comercialización aumentan considerablemente todos los costos asignados a los mismos ?incluyendo naturalmente el costo del factor trabajo?, y eso no hace sino desalentar la llegada e instalación de las filiales de las respectivas multinacionales.

No obstante lo anterior, si el nivel de consumo interno fuese alto y estable las empresas extranjeras podrían llegar a verse tal vez tentadas de instalar sus centros de producción o comercialización en el país a pesar de los altos costos en relación a otros potenciales destinatarios de la inversión. Es decir, la producción local no estaría basada en abastecer al resto del mundo ?ejemplo del párrafo anteriorsino que estaría destinada a satisfacer la demanda local, generando en consecuencia los dividendos que serían luego girados a las respectivas casas matrices situadas en los países desarrollados. Nuevamente observamos que esto no se verifica en nuestra realidad dado que la alta inflación ha dejado como secuela una merma considerable en el consumo (es que en definitiva todo se reduce a la elemental ecuación “PxQ” razón por la cual al aumentar el “P” ?vía impuestos e inflación? inexorablemente se contrajo el “Q”). Consecuentemente, la única forma de sostener ?artificialmente? el consumo con altos índices de inflación ha sido mediante el financiamiento del gasto corriente de la población por parte de los grandes acumuladores de la sociedad ?bancos y supermercados?. Como estamos observando no es sostenible en el largo plazo porque simplemente los ingresos de la población crecen a una velocidad inferior a la que aumentan los precios.

PIB e instituciones

Entonces, de los párrafos anteriores obtenemos a primera vista que Argentina es un país con (I) costo de producción y comercialización interno alto, y (II) nivel de consumo interno bajo. Es decir, tenemos frente a nosotros un escenario complicado a fin de poder iniciar el camino de la recuperación. Ahora bien, y a mi parecer según lo que se dirá en los párrafos siguientes, por el momento la única solución posible a todo esto ya aparece mencionada subrepticiamente en los párrafos anteriores. Esto es, hay que atacar el “costo fiscal”, lo cual podría traducirse rápidamente en la necesidad de reducir el gasto público. No obstante, y antes de adentrarnos en este análisis, me pregunto si es per se nocivo un gran gasto público. Si uno observa la economía de los países nórdicos diría que no. En ellos se observa una gran presencia del Estado, como en Argentina, pero con dos grandes diferencias: (i) alta renta per cápita, e (ii) instituciones sólidas. La primera variable indica que hay mucho por redistribuir y, la segunda, que la redistribución es efectuada de manera seria y eficiente. Ahora vayamos a los números que avalan la primera variable.

Según datos del Banco Mundial [2], entre 1960 y 2015 el PIB de Argentina creció 23,85 veces, es decir, de US$24.451.000.000 a US$583.168.570.000 mientras que los países nórdicos, en dicho período, lo hicieron en una proporción mucho mayor: (a) Suecia, 33,19 veces (de US$14.842.870.290 a US$492.618.068.570), (b) Noruega, 75,21 veces (de US$5.163.270.000 a US$388.314.890.000), y (c) Finlandia, 44 veces (de US$5.224.100.000 a US$229.810.360.000).

Si éstos números son completados con los datos de PIB per cápita a 2015 ?Argentina: US$13.431,878; Suecia: US$50.272,9; Noruega: US$74.734,6 y Finlandia: US$41.920,798? no quedan dudas de que actualmente en nuestro país queda muchísimo menos margen que en los países nórdicos para una redistribución del producto. En ese sentido, y como consecuencia de la correlación de las dos variables previamente mencionadas ?PIB y población (cápita)? surge el dato más contundente de todos: el magro crecimiento del PIB per capita de la Argentina. En resumidas cuentas, mientras el PIB per capita en Argentina aumentó sólo 11,7 veces (de US$1.148,6 a US$13.431,9) en los países nórdicos dicho indicador aumentó en promedio 37,57 veces, es decir, más del triple que lo registrado por Argentina ?(a) Suecia: 25,35 veces (de US$1.983,1 a US$50.272,9), (b) Noruega: 51,83 veces (de US$1.441,8 a US$74.734,6), y (c) Finlandia: 35,54 veces (de US$1.179,4 a US$41.920,8)?, respecto de lo cual no se puede perder de vista que para dicho período los cuatro países ?Argentina y los tres países nórdicos? arrancaron con ratios de PIB per cápita muy similares.

Continuando con lo dicho, todo lo anterior nos lleva a la segunda variable: las “instituciones sólidas” ?o al menos confiables?. Entre todas las definiciones que se pueden llegar a elaborar al respecto entiendo muy a grandes rasgos que las instituciones están compuestas del conglomerado de normas y entes públicos destinados a regular en cierta medida la actividad local. En tal sentido, las instituciones guardan una relación directa con el desarrollo económico ?y la correspondiente resolución de conflictos? por lo que, a mayor nivel de confiabilidad y seriedad que tengan éstas mayor previsibilidad, seguridad y rapidez habrá en consecuencia para el desarrollo económico y la resolución de conflictos. Naturalmente, puede observarse que unas instituciones sólidas ?sistema educativo de calidad, y una administración burocrática y un Poder Judicial eficientes? se erigen como (I) catalizadores del crecimiento económico y como (II) protectores de los derechos de propiedad dado que no castigan ni en tiempo ni en dinero a los actores económicos. Es decir, son las instituciones las que lubrican el funcionamiento del entramado social y optimizan así la utilización de los recursos generados por dicha sociedad, posibilitando en consecuencia la atracción/captación de recursos generados por otras sociedades ?léase otros países? lo cual no hace más que imprimir aún mayor dinamismo al desarrollo económico local, con la consiguiente mejora de la calidad de vida de quienes la integran.

En ese sentido, es precisamente lo dicho en el párrafo anterior lo que explica la gran brecha que se ha generado, y que continúa acrecentándose, durante los últimos setenta años entre Argentina y los países desarrollados en materia de crecimiento económico. Es que sin instituciones sólidas que provean ciudadanos autónomos y mano de obra calificada ?sistema educativo de calidad?, y una rápida habilitación de los negocios y una adecuada solución a los conflictos ?administración burocrática y Poder Judicial eficientes?, la productividad de nuestro país siempre será baja porque simplemente se necesitará muchos más tiempo y dinero para producir y comercializar localmente lo que se puede producir y comercializar en el exterior, lo cual inexorablemente alejará el capital, no sólo el extranjero, sino también el capital generado en el país, obstaculizando así la generación de mayor riqueza.

Consecuentemente, y en relación a la dimensión del gasto público de nuestro país, mal puede sostenerse o justificarse, entonces, la existencia de un gran gasto público cuando la falta de instituciones sólidas no hace más que reflejar el alto grado de irresponsabilidad fiscal de quienes tienen a su cargo ejecutarlo. Es decir, no podemos discutir primero sobre la redistribución de la riqueza cuando precisamente generamos poca, y somos irresponsables administrándola. Como contrapartida, una reducción del gasto público, en concurrencia con una reducción de la presión impositiva, traerá la incentivación de la iniciativa y actividad privada ?estrangulada hoy en día por la presión fiscal y las barreras burocráticas de ingreso para nuevos competidores?, y la generación de hábitos responsables y solidarios de quiénes tienen a su cargo la administración de los recursos suministrados día a día por los contribuyentes. Será entonces la necesidad, el rigor, lo que nos haga mejores administradores hasta tanto y en cuanto no contemos con instituciones sólidas.

(*) Abogado

[1] Según lo informado por el INDEC, en relación al tercer trimestre de 2016, la mitad de la población con ingresos gana menos de $8.000

?aproximadamente US$500? por mes, cifra la cual se encuentra por debajo del salario mínimo, vital y móvil establecido para el período considerado en $8.060.

[2] Todos los datos del presente párrafo fueron obtenidos de http://datos.bancomundial.org

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