La creación de una Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta fue una de las grandes polémicas de la semana pasada, toda vez que el Estado está aquejado por un pesado y gravoso déficit fiscal.
En su informe semanal, Idesa ingresa al problema por una arista distinta: la superposición entre tareas nacionales y provinciales. “Un paso central en el proceso de modernización del Estado es erradicar la concepción de tomar como positivo y natural la interferencia nacional en jurisdicciones locales”, dice Idesa.
“Los reparos y polémicas no solo pasan por la expansión de la burocracia ?cuando hay consenso sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal? sino en contemplar un presupuesto de $ 200 millones para funciones que son exclusivamente municipales como son el desarrollo e implementación de ciclovías y bicisendas”, agregan en Idesa.
¿La superposición con funciones locales es un hecho puntual? Dentro de la compleja estructura del sector público nacional, amplía el informe, el Presupuesto 2017 aporta algunas evidencias muy sugestivas sobre este tema. Hay varios casos más. El Ministerio de Educación gasta $19.000 millones en programas vinculados a infraestructura y gestión de las escuelas. El Ministerio de Salud gasta $16.000 millones en programas vinculados a prevención y atención médica de centros de salud y hospitales públicos.
Hay más: los ministerios de Desarrollo Social y Medioambiente gastan $ 57.000 millones en asistencia social, vivienda y urbanismo.
“Esos datos muestran que la Nación gasta más de $ 90.000 millones al año en funciones que no son de su responsabilidad. Al igual que las bicisendas, las responsabilidades de gestionar las escuelas, los centros de salud y los hospitales públicos, dar subsidios a grupos vulnerables, construir viviendas y arreglar ciudades son de las provincias y los municipios. Como son temas vitales para la calidad de vida de la gente, y muchas veces los gobiernos locales no brindan los servicios o lo hacen inadecuadamente, la Nación se siente legitimada a entrometerse en temas que no son de su competencia”, agregan en Idesa. “En ese planteo subyace la idea equivocada de que la multiplicación de responsables y de recursos va a mejorar los resultados”, amplía.
Con la superposición, “los funcionarios locales son inducidos a destinar más esfuerzos en congraciarse con sus pares nacionales a fin de obtener 'ayudas' que en administrar sus propios presupuestos con probidad”. Asimismo, “a su vez, para los funcionarios nacionales la tentación de hacer 'política territorial' administrando discrecionalmente sus presupuestos es irresistible. Bajo esta modalidad de administración el fracaso está garantizado porque las responsabilidades se diluyen”.
“Modernizar el Estado es una tarea mucho más compleja que comprar computadoras y hacer cursos de capacitación para los empleados públicos. Requiere como paso previo un replanteo estratégico que asigne con claridad los recursos públicos y los responsables de administrarlos. Para esto es clave descentralizar los recursos para que sean administrados por quienes tienen a su cargo los servicios. Por otro lado, dejar de considerar legítimo y positivo que un funcionario desde Buenos Aires pretenda hacer lo que no hacen los funcionarios locales que son los responsables ante los ciudadanos”, concluye el trabajo.
