Empresarios respaldaron los dichos de Macri sobre juicios laborales

Señalaron que existe una “mafia de los juicios laborales” que pone en riesgo la sustentabilidad de las pymes

14-06-2017
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A principios de este año el oficialismo consiguió sancionar una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que interpuso el veredicto de las comisiones médicas como paso previo al inicio de un juicio laboral, pero Mauricio Macri todavía considera que el tema está lejos de resolverse. El lunes pasado, el Presidente acusó a abogados y jueces laboralistas de constituir una “mafia de los juicios laborales conducida por (el diputado del Frente para la Victoria) Héctor Recalde”, lo que generó una ola de repercusiones.

Recalde, que además de abogado laboralista es el jefe de la bancada de Diputados del Frente para la Victoria, dijo que la acusación hecha por el Presidente es un intento de “domesticar al Poder Judicial” y sostuvo que Macri “actúa a veces como un patrón de estancia y no como Presidente”.

Según números de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), en 2016 ingresaron 127.500 juicios laborales, lo que representa un aumento del 20% respecto del año anterior. El 15 de febrero pasado Cambiemos logró que se aprobara una ley complementaria a la Ley sobre Riesgos del Trabajo, que ya se encuentra vigente. La modificatoria dispuso que los trabajadores deben pasar de manera obligatoria por una comisión médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo antes de iniciar un juicio. En esa primera instancia la comisión determina si una enfermedad es profesional o si un accidente es laboral o no y fija la incapacidad del trabajador y la prestación dineraria correspondiente. Si el trabajador está de acuerdo, la resolución se homologa ,y si no, recién entonces puede iniciar un juicio.

La norma fue celebrada por la Uart, que consideró que “es un camino para reducir la litigiosidad” y que “evidencia claramente el compromiso de todos los actores sociales por cuidar el sistema”. Sin embargo, las cámaras empresariales todavía creen que los juicios laborales pueden ponerlos en riesgo.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, aseguró que el sistema de juicio laborales “es perverso”. “No quiero hablar de personas, hablo de un sistema que ha generado profundas deformaciones tanto en el campo de los riesgos de trabajo donde los accidentes de los días lunes o el reclamo por incapacidades son muchos mayores que los instaurados a nivel internacional y generan una industria del juicio que es innegable”, dijo. El también presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) aseguró que esa situación afecta principalmente a las pequeñas y medianas firmas, y advirtió que también conspira contra el arribo de inversiones extranjeras.

Por su parte, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, coincidió con los dichos del Presidente, quien dijo que la litigiosidad laboral “atenta contra el empleo futuro”, al asegurar que “un juicio laboral de una pyme puede significar su cierre”. Asimismo, señaló que “todos sabemos que hay personas, estudios especializados en este tema, buscando las mejores opciones para sus defendidos”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío, dijo que “para disminuir la litigiosidad en las pymes, fomentando la incorporación de trabajo de calidad y reduciendo a su vez los índices de informalidad, es necesaria una modificación del régimen laboral, previsional y tributario que tenga en cuenta las condiciones de desarrollo, productividad, financiamiento y acceso a las tecnologías de las pequeñas y medianas empresas”. Al respecto, el presidente de CAME sugirió la “eliminación, modificación, morigeración o cambio de destino del régimen sancionatorio de las leyes 24.013 y 25.323”, considerados como un sistema de multas que difieren en su naturaleza de la indemnización por despido.

El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo, pidió al Presidente “un respaldo específico para frenar el avance de los juicios, que permita revisar  un sistema legislativo y judicial que fue desnaturalizando los objetivos para los que fue instaurado”.

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