Empleo público y paradojas

Gonzalo Diéguez, de CIPPEC, señala que el tamaño del Estado sólo es importante en relación con la calidad de las políticas públicas que están a su cargo.

06-05-2016
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La administración pública en general y los empleados estatales en particular suelen ser un eje privilegiado de los dardos del sentido común. Cada día se escuchan expresiones que dan por cierto el “desmesurado” tamaño de las plantas del Estado, así como la “ineficiencia” de su personal. Son discursos que el conflicto por los despidos impulsados en el último tiempo por la gestión macrista expuso con toda crudeza.

En este terreno sinuoso indaga Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública de CIPPEC. El investigador considera a los empleados públicos como un “componente neurálgico para la continuidad y la mejora de aquellas políticas públicas que revisten un carácter estratégico e impactan en la calidad de vida de todos” y, tras dejar atrás las lógicas binarias, se dispone a indagar su complejidad. En este sentido, propone “4 paradojas del empleo público en la Argentina”, que desbancan prejuicios frecuentes o, por lo menos, aportan elementos para enriquecer la discusión. 1.

El peso del empleo público en la Argentina comparado a otros países: ni tanto, ni tan poco

Según el investigador, la cantidad de empleados públicos creció casi 70% entre 2001 y 2014. El motor de esta expansión fue el empleo público provincial, que explica el 50% de este aumento, seguido por los gobiernos locales (32%) y el gobierno nacional (17%).

De acuerdo a estimaciones de CIPPEC sobre la base de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) y la Encuesta permanente de Hogares (EPH), los trabajadores públicos representan cerca del 18% de ocupados de la Argentina. Son casi 3,9 millones de personas. Así, el peso del empleo público supera el promedio del 12% de América Latina y se encuentra por debajo de países desarrollados como Francia, Canadá o Reino Unido. Pero para el investigador, centrar el debate en el “tamaño óptimo” de un Estado no tiene sentido, sino que es preferible pensar en el volumen del Estado en Argentina en relación con la calidad de sus políticas públicas. “Aquí nos topamos con la primera paradoja: contamos con niveles de empleo público relativamente cercanos a naciones del primer mundo, pero con políticas públicas cuya calidad es más bien propia de países en vías de desarrollo”, concluye.

La distribución del empleo público: descentralización y federalismo

Según el informe, el 80% de los empleados públicos argentinos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios. Así, el sector público nacional explica menos de un tercio del empleo público total, siendo el resultado de un largo proceso de descentralización de las funciones estatales comenzado en los años ´70 y continuado en los ´90. Este crecimiento del empleo público en las provincias y municipios tiene su correlato en las cuentas públicas, donde los salarios explican en promedio la mitad del gasto público. “La segunda paradoja cobra aún mayor fuerza ?señala Diéguez?: en 2015 el Gobierno Nacional destinó alrededor del 12% de su presupuesto al pago de salarios. Mientras el ojo de la polémica se posa en los despidos a nivel nacional, la dinámica del federalismo fiscal en la Argentina continúa su curso, sin prisa, pero sin pausa”.

El perfil del empleado público: adiós a la imagen de Gasalla

Un tercer punto a analizar fue el perfil de las funciones y tareas que desempeñan los empleados públicos. “Más allá de las habituales imágenes caricaturescas del trabajador público, ejemplificadas en la figura del burócrata de Antonio Gasalla, las estimaciones de CIPPEC indican que 6 de cada 10 empleados públicos argentinos trabajan en la provisión de servicios esenciales de educación, seguridad y salud. De hecho, solo un tercio de los empleados públicos realiza tareas estrictamente administrativas”, señala Diéguez. El informe agrega que una de las características centrales del empleo público es que “representa un mosaico tan amplio como heterogéneo”, lo que dificulta cualquier tipo de generalización, y que el Estado contemporáneo es significativamente mayor y más complejo en tamaño y funciones de lo que era en 2003.

 Estabilidad del empleo público e informalidad: nadie es profeta en su tierra

Según CIPECC, las estadísticas sobre empleo público presentan importantes limitaciones, ya que ?entre otros aspectos? no existe un organismo estatal encargado de construir información fidedigna. En tal sentido, la última paradoja se basa en que las tareas de articulación y coordinación recaen en primer término en la responsabilidad de la órbita del Gobierno Nacional, minoritario en la distribución del empleo público. Para Diéguez es necesario consolidar, “en forma coherente y sistematizada, el voluminoso y heterogéneo sistema de reglas de juego que orientan la gestión de los servidores públicos” y considera que en ese sentido de esperar un rol protagónico del flamante Ministerio de Modernización. La discusión no debe pasar sólo por el número de empleados del Estado, sino que debe también detenerse en las personas y en cómo desarrollan sus tareas cada una de ellas. “Los empleados públicos, con sus saberes y habilidades, no solo constituyen la memoria institucional de las burocracias estatales sino que también se erigen como un componente neurálgico para la continuidad y la mejora de aquellas políticas públicas que revisten un carácter estratégico, y que impactan en la calidad de vida de todos los habitantes”, concluye.

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