Cuando a mediados de 2015 la posibilidad de que Mauricio Macri ganara las elecciones presidenciales comenzó a barajarse, desde algunos sectores emergió la preocupación por la continuidad de los programas sociales impulsados por el kirchnerismo, como la Asignación Universal por Hijo, las asignaciones por embarazo o los planes de trabajo. Lo cierto es que, casi culminado el primer año de gobierno de Cambiemos, no se han impulsado grandes cambios en ese sentido y el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Carolina Stanley, parece ser el menos cuestionado por la oposición. De todos modos, y según la opinión de expertos, el sostenimiento del gasto social no anula el golpe que se ha asestado a los sectores más vulnerables desde la macroeconomía, escenario en el que los derechos adquiridos corren el riesgo de convertirse en medidas “compensatorias”.
El Presupuesto 2017 para la cartera de Stanley alcanza los $131.178.700 (1,3% del PIB), lo que representa 27% de aumento nominal respecto del año anterior y 5.9% de variación real. De ese total, el 94% estará destinado a transferencias: 93% son transferencias directas a personas, 3% a instituciones y 4% a las provincias.
En su defensa del presupuesto hecha en Diputados, Stanley aseguró que la intención del Gobierno es “ampliar” la cobertura de las asignaciones familiares. Dentro de este objetivo se enmarca la intención de “encontrar” a todos los niños y niñas que no están recibiendo la AUH pese a estar en condiciones de hacerlo. Vale recordar que ya en abril se extendió el beneficio a hijos de monotributistas de las categorías más bajas y también a hijos de personas inscriptas en otros programas hasta entonces incompatibles (Ingreso Social con Trabajo y Ellas Hacen, por ejemplo).
Los datos oficiales indican que actualmente 2.121.194 hogares reciben la AUH por 3.798.494 chicos, y con la política activa de encontrar a los que quedan por fuera podrían sumarse 1,5 millones de nuevos beneficiarios.
“Los programas que implicaban algún tipo de transferencia a las familias en general, como la AUH o el Progresar se mantuvieron y se fortalecieron en algunos aspectos. La AUH ahora tiene un préstamos grande del Banco Mundial y están saliendo a buscar a la gente que debería estar recibiéndola y no la recibe”, señala Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social de Cippec, y agrega: “En otro orden de cosas están los que implicaban algún tipo de servicio o contraprestación laboral. Si bien se mantuvieron esas intervenciones, están habiendo ciertas modificaciones. Los centros de integración comunitaria, por ejemplo, están siendo absorbidos por el Plan Nacional de Primera Infancia y, por otro lado, en lo que es Argentina Trabaja están modificándose las condiciones de elegibilidad”.
En efecto, si bien el programa Ingreso Social con Trabajo se encuentra vigente y contiene hoy a 185.000 beneficiarios, desde la asunción del gobierno de Cambiemos se encuentra en una etapa de revisión, por la que no se admiten nuevas inscripciones. Lo mismo ocurre con el programa Ellas Hacen.
En este marco, será clave la postura que tome el oficialismo frente al debate del proyecto de ley de Emergencia Social, promovido por organizaciones sociales. La iniciativa dispone la creación de 1 millón de puestos en el marco del programa Ingreso Social con Trabajo y ya obtuvo dictamen de comisiones en el Senado. Si bien todavía resta un largo recorrido parlamentario, todo indica que, de convertirse en ley, el Gobierno lo vetará.
Contexto adverso
Según especialistas consultados por este diario, que se haya mantenido el grueso del gasto social no es garantía de sostenimiento y mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. “Creo que las medidas más restrictivas o de ajuste que implementa el actual Gobierno no están tanto del lado social, sino del lado económico. Lo que termina impactando en los hogares más vulnerables es el aumento de las tarifas, el empeoramiento de los indicadores laborales y no necesariamente un cambio en la política social”, concluye Díaz Langou.
En el mismo sentido, la experta en políticas sociales Roxana Mazzola señala que es importante no transformar los derechos adquiridos en paliativos de un contexto macroeconómico adverso. “¿Universalizar la AUH a los hijos de los monotributistas mientras crece la desocupación, la pobreza y la desigualdad en las infancias y las mujeres es reparar injusticias sociales o más bien significa empezar a transformar su sentido de política de derecho a una política más compensatoria a procesos de ajuste?”, reflexiona.
