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El gasto social será de $500.000 M en 2017

21 noviembre de 2016

Un informe de Idesa publicado ayer sostiene que el gasto público enfocado a ayuda social llegará a $500.000 M en 2017, lo que implica que $1 de cada $4 recaudado por el Estado Nacional se dedica a esa finalidad.

Y además sostuvo: “Si a esto se suman las erogaciones que las provincias y los municipios realizan con la misma finalidad se llegaría a un monto que supera la brecha de pobreza. Es decir, si todo el dinero que se asigna a planes asistenciales efectivamente llegara a las familias de más bajos ingresos, el Indec no debería reportar gente con ingresos por debajo de la línea de pobreza”.

El informe de Idesa realiza una fuerte crítica al proyecto de ley de Emergencia Social, que propone crear un millón de puestos de trabajo en el marco del programa Argentina Trabaja, la creación de un Consejo de la Economía Popular, que defina un Salario Social Complementario (SSC) y un incremento de 15% de la AUH. Por esta cuestión, tal como remarca el informe, y para presionar por la aprobación del proyecto, sindicatos y organizaciones sociales marcharon el viernes pasado al Congreso. Al respecto, el informe sostiene: “Una forma de evaluar la pertinencia del reclamo es analizando lo que el Estado proyecta otorgar como ayudas sociales en el Presupuesto 2017. Según el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas se observa que el Ministerio de Trabajo proyecta asignar $ 6.400 M a planes de empleo y capacitación laboral, que el Ministerio de Desarrollo Social proyecta asignar $128.000 M en planes asistenciales y que la Anses tiene proyectado gastar $363.000 M en la AUH, el plan Progresar y las jubilaciones sin aportes (moratorias)”. Sumando todo, llegamos a $500.000 M.

Fuerte crítica

El informe afirma que los “principales beneficiarios de este tipo de planes sociales no son las familias pobres sino los líderes que se apropian de fondos públicos para acumular poder ejerciendo el rol de intermediarios en la gestión del gasto asistencial”. Además, sostiene que es necesario “asumir que no existe política asistencial que compense la falta de inversión y generación de empleos formales”.

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