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El efecto López impacta en el programa de obras públicas

Frente al escándalo protagonizado por José López, el Gobierno intenta dar muestras de transparencia y celeridad en el programa de obras de infraestructura.

21-06-2016
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Cumplidos seis meses de gestión del presidente Mauricio Macri, y a punto de comenzar el famoso segundo semestre del año, la economía aún no da muestras de recuperación. Por el contrario, desde diciembre pasado ya sufrió varios cimbronazos, empezando por la devaluación del 35% en el valor del peso, el aumento de precios de algunos bienes transables en el mercado interno debido a la quita de retenciones, y el fenomenal tarifazo en servicios de electricidad, gas, transporte público y combustibles.

También se registraron incrementos importantes en servicios masivos como prepagas, telefonía celular, colegios privados y expensas, por citar algunos de los más representativos. El incremento generalizado de precios correspondientes a bienes y servicios empujó varios escalones hacia arriba a una inflación que ya venía caliente a fines de 2015. Así, pasó en estos seis meses de un nivel del 28-30% al 42-43%.

Los drivers

En este escenario el Gobierno juega sus fichas a lo que considera los principales motores de la economía, entre ellos el sector agropecuario, la dinamización del consumo y un programa de incentivo a las energías renovables (obras ya licitadas por US$ 1.750 millones), que está en sus pasos iniciales. Pero sin dudas, la apuesta fuerte para mover el amperímetro hasta que lleguen las esperadas inversiones privadas, sin dudas, es la reactivación de la obra pública, que además del impulso a la actividad económica es, sin dudas, una gran generadora de empleo.

Parte de eso ya ha comenzado, a partir de cierto ritmo en la adjudicación de obras en agua y saneamiento y la reanudación de obras del Plan Belgrano, pero todavía falta mucho para llegar al declamado 6% del PIB de inversión en infraestructura, un nivel que por estos días se pone en duda incluso en despachos oficiales. Un aspecto crucial es que la obra pública requiere acceder a financiamiento y en forma más o menos continua.

Pese a todo, hay obras en marcha. Agua y Saneamiento cuenta con $50.000 millones de presupuesto que se está ejecutando a buen ritmo ? se espera completar el 30% a fin de este mes y completar el 50% en julio?impulsando obras en las provincias. En ese sentido, también se están girando recursos para que antes de que termine junio comiencen las obras de un plan de viviendas, al tiempo que siguen las obras del Plan Belgrano, con un estimación presupuestaria de US$12.500 millones hasta 2019.

En cuanto a obras viales, el Gobierno proyecta 13.000 km de autopistas y 4.000 de rutas seguras, con mejoramiento de banquinas y en algunos tramos, un tercer carril, con obras iniciadas en la Ruta 8 hasta Pergamino, la 7 hasta Junín y pavimentaciones en un tramo de la Ruta 40 que va de San Juan a Mendoza.

Bolsos en el convento

La sombra del caso José López y los sobornos o sobreprecios que el polémico ex secretario de Obras Públicas en los años dorados del kirchnerismo en el poder, habría recibido por parte de beneficiarios de aquellas obras, se cierne sobre todo el programa de inversiones en obra pública que está impulsando el Gobierno. No porque los actuales funcionarios estén involucrados en casos de corrupción sino por la sensación de sospecha que embarga a la sociedad cuando trascienden casos como el de López. Además, la mayoría de las empresas que estarían en condiciones para adjudicarse las nuevas obras, son las mismas que han estado licitando durante los últimos años.

El Gobierno Nacional prefiere curarse en salud y para ello está diseñando una estrategia que lo aleje de las sospechas. Los ejes de la acción son la velocidad en la ejecución y la transparencia en la adjudicación de las obras. A nivel de medidas concretas, se trabaja en la coordinación de las obras con los gobiernos provinciales, la reestructuración del Registro Nacional de Constructores para acceder a las obras públicas (en la actualidad hay 1.800 firmas inscriptas), la publicación en Internet de los llamados a concursos y adjudicaciones, la redacción de un pliego de condiciones unificado para que todas las dependencias soliciten la misma información a los oferentes -hoy cada oficina establece sus propios criterios-, la determinación de precios testigo o de referencia, y la simplificación de trámites en algunos casos.

En la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, circula un proyecto que hace hincapié en la necesidad de controlar que los pasos que establece el proceso licitatario se cumpla en todos los casos, y se evalúe no sólo la aptitud constructiva y económica de las empresas oferentes sino también las ofertas técnicas, tanto en equipos y recursos humanos, como en cuanto a la oferta económica.

Otro aspecto destacado de la iniciativa gubernamental es la protección de la competencia, para asegurar que ganen las mejores ofertas en un proceso limpio y transparente. Justamente, para enfatizar este punto, el nuevo sistema propuesto revaloriza el rol de los organismos de control, pero también abre el juego a la ciudadanía con información de acceso público y también a entidades interesadas.

En este marco, el Gobierno también fogonea un proyecto de asociación público-privado para obras de envergadura, que deberá pasar el filtro del Congreso y la aprobación de una ley específica. Al respecto un informe de IDESA sostiene que según datos de la Cepal, entre 1990 y 2003 la inversión en infraestructura pasó del 4,6% del PIB por año al 2,9% del PIB entre 2004 y 2012. Pero el dato más relevante es que en el período 1990-2003 la inversión estatal en infraestructura era apenas el 12% mientras que entre 2004-1012 “la inversión estatal pasó a ser del 73%”. El informe aclara que “bajo esas condiciones no debería extrañar el enorme déficit en infraestructura y la masificación de la corrupción”.

La alternativa sería la alianza público-privada. “Las modalidades más modernas para el desarrollo de infraestructura se basan en una inteligente articulación entre los roles públicos y privados”, destaca IDESA. Y agrega: “En general, se tiende a que el Estado se concentre en la programación, regulación y control de calidad de las obras y servicios, mientras que el sector privado aporta financiamiento y la ejecución de la inversión, asumiendo riesgos”. Una fórmula que habrá que ver cómo funciona en la realidad y no en los papeles.

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