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“El derecho de acceso a la información es del pueblo de la Nación"

Entrevista a Rubén Giustiniani, Diputado provincial en Santa Fe.

12-10-2016
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De todas las cosas con las que se encontraron en la primera lectura del contrato, ¿cuál es la más grave?

El primer impacto que tuvimos fue ver que el contrato no es lo que se dijo. No está firmado entre YPF y Chevron sino entre dos subsidiarias offshore; una, por parte de YPF, radicada en Delaware, en Estados Unidos, y la otra, de Chevron, en las Islas Bermudas. En segundo lugar, y unido a esto, desde la primera frase del contrato, se ve que en realidad es un préstamo. Siempre figura Chevron como prestamista e YPF como tomador. Tiene las características de un préstamo, no de una inversión directa como siempre se dijo.

De ese modo, ¿existe el riesgo de que en algún momento Chevron decida retirarse sin invertir ni producir en Vaca Muerta?

Hay artículos que han salido en diarios de Estados Unidos que dicen que si Chevron decidiera retirarse, seguiría cobrando el 50% a pesar de su retiro. En el contrato hay cláusulas de rescisión que son las que hay que analizar y eso es lo que vamos a hacer con esta comisión de especialistas que vamos a formar.

Uno de los argumentos de YPF es que al tratarse de una empresa mixta, tiene obligaciones diferentes a las del Estado. ¿Por qué no es así?

A YPF la sostenemos entre todos los argentinos. La deuda que tiene hoy con Repsol por haber recuperado 51% de las acciones la pagamos todos los argentinos, entonces no puede después actuar como una empresa privada y no dar respuestas ni demostración de responsabilidades a nadie. Por eso esto es un triunfo, es un fallo ejemplar por parte de la Corte Suprema que dijo que el derecho de acceso a la información es del pueblo de la Nación y no, como en este caso se quiere hacer valer, que la empresa no tiene que dar ningún tipo de respuestas ni rendir cuentas a nadie.

En la Ley de Acceso a la Información Pública sancionada este año con impulso del oficialismo, precisamente, hay un artículo que habla de las empresas con participación del Estado. ¿Cree que fue un intento del Gobierno de frenar la publicación de este acuerdo?

Siempre los gobiernos intentaron no mostrarlo. Las pruebas están; en febrero entregaron un contrato tachado en su 70%. Evidentemente, el poder nunca quiere ser controlado.

Fernando Solanas decía que el macrismo tuvo la misma postura que el kirchnerismo sobre este tema ?a pesar de que inicialmente se opuso al secretismo del acuerdo? porque “la lluvia de inversiones en Vaca Muerta no existió” y porque muchos de los contratos firmados por YPF con otras petroleras son similares. ¿Coincide con esa lectura?

Coincido plenamente.

¿Existe entonces la posibilidad de que esos otros contratos se vean afectados por la difusión de este?

Se habla de darle garantías a los inversores internacionales, y la historia demuestra que lo más importante es la transparencia. Cuando las cosas no se hacen con transparencia, no hay ninguna garantía para los inversores. Puede haber una garantía a corto plazo, pero nunca a mediano o largo, que es lo que exigen los inversores extranjeros.

Si en la lectura más profunda del contrato que harán ahora descubren irregularidades nuevas o más graves, ¿podrían llegar a avanzar hacia una denuncia penal o un intento de anular la concesión? ¿O eso está descartado?

No es materia nuestra. Nosotros tuvimos una primera etapa que fue difundir este contrato. Mi responsabilidad por aquel entonces (en 2013) como senador nacional fue que todo lo que se haga, sea de cara a la sociedad. Después, a partir del análisis que los especialistas hagan de lo que se deduzca de las cláusulas del contrato, determinará la Justicia.

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