Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) si las provincias otorgan un bono de fin de año a sus empleados públicos del orden de los $3.000 tendrán, en promedio, un costo fiscal equivalente al 31,7% del Fondo Federal Solidario (FFS) o al 1,1% de los envíos totales por coparticipación de 2016. En total, serían unos $6.361 millones.
El caso más crítico es el de CABA ?donde todavía no hay definiciones respecto del bono?, que debería desembolsar un equivalente al 2,1% de la coparticipación y superaría en 22,2% el monto total que recibirá en concepto de FFS durante el 2016. En el otro extremo, la provincia de San Luis ?que ya dijo que pagará? tiene el menor costo fiscal relativo, dado que la erogación necesaria representaría el 16% del fondo sojero y solamente el 0,5% de la coparticipación.
María Eugenia Vidal fue otro de los mandatarios provinciales que dijeron no estar en condiciones de hacerle frente al extra de fin de año. Según el Iaraf, la gobernadora de Buenos Aires debería comprometer un equivalente al 45,6% del FFS y al 1,9% de la coparticipación. También anunciaron que no lo pagarán los gobiernos de Santa Fe (22,1% del FFS y 0,7% de la coparticipación), Formosa (16,5% y 0,6%), Río Negro (32,7% y 1,2%), Mendoza (34% y 1,2%) y Chubut (42% y 1,5%).
Entre los que sí concederán el bono se encuentra, además de San Luis, Misiones (26,5% y 0,9%), que de todos modos anticipó que dará solo $1.850; Salta (27,3% y 1%), San Juan (17,2% y 0,6%) y La Pampa (19,3% y 0,7%).
