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Cinco claves de la venta de acciones del FGS de la Anses

Las modificaciones en el actual sistema previsional y especialmente en la posibilidad de vender las acciones del FGS abren nuevamente el debate sobre la sustentabilidad de la Anses. Empezar una discusión seria sobre el sistema previsional puede ser una decisión a largo plazo.

09-06-2016
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por Florencia Barreiro

La posibilidad de vender las acciones que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses tiene en empresas privadas puede llegar a ser uno de los puntos más calientes del debate del Congreso. Si bien es un detalle menor dentro de la superley de blanqueo de capitales y pago de deudas jubilatorias, esconde algunas cuestiones que generan controversia. El Economista consultó a expertos en el tema para conocer las cinco preguntas claves que deberían encauzar la discusión.

¿Qué relevancia tiene la cartera de acciones?

Este es un punto de partida para entender qué peso tiene la venta de las acciones dentro del FGS y qué consecuencias se disparan con la decisión retirar estas participaciones. Las colocaciones en acciones, según el último informe a diciembre del año pasado, representan 13% del FGS, lo que supone cerca de $ 95.000 millones. Según el último informe disponible de la Anses, las acciones crecieron 63,2% ($32.964 millones) entre diciembre de 2014 y el mismo mes de 2015. Los especialistas señalan, además, que hay que considerar la importancia de los demás actores que conforman el FGS. Los títulos públicos concentran casi 64%, los proyectos productivos o de infraestructura suman 12,3% (con Pro.Cre.Ar a la cabeza) y 2% corresponden a depósitos a plazo fijo. “Si bien no representa el mayor porcentaje de las colocaciones del FGS, la cartera de acciones tiene una fuerte injerencia en el disminuido mercado de capitales local y en el paquete accionario de las empresas”, destaca el economista Pablo Mira. A través del FGS, el Estado participa en 49 compañías y acapara en muchas de ellas más del 20% de su capital social: Banco Macro (31,5%), Gas Natural BAN (26,63%), Distribuidora de Gas Cuyana (26,12%), Siderar (26%), Telecom Argentina (25%), Pampa Energía (23,23%) y Molinos Rio de la Plata (20%) son sólo algunas de ellas.

¿En qué condiciones se venderían las acciones?

Si finalmente se abre la posibilidad de vender las acciones, es necesario pensar en qué condiciones y circunstancias se haría la operación. En septiembre del año pasado, la gestión de Cristina Kirchner dispuso que, al estar controladas por la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), las acciones sólo se podían vender con la autorización de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Y la intención del actual Gobierno sería justamente destrabar este obstáculo. Pero los expertos aseguran que es necesario debatir sobre los mecanismos de salida y los procedimientos de la venta. En muchos casos la participación de la Anses es muy significativa para algunas empresas y para el funcionamiento del mercado local. Por lo tanto, debería haber algún plan para fortalecer lo recaudado y para resguardar los intereses de las compañías participadas. Hay coincidencia en que un anuncio masivo de venta de las acciones puede causar estragos en la cotización de los precios de las acciones o aumentar la volatibilidad, según los casos. “Lo ideal es que el Estado venda el paquete conjunto de acciones de una empresa porque con esta modalidad puede cobrar una prima por encima del precio actual”, considera Miguel Angel Boggiano, CEO de Carta Financiera y profesor de la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés. “Es probable que si ya deslizó la posibilidad de vender, tengan algunos compradores concentrados”.

¿Cuál es la estrategia del Estado detrás de esas inversiones?

La discusión más profunda en los cambios que propone la ley es cuál es el rol que debería tener tener el Estado en las empresas en las que participa a través de la Anses. Una de las posibilidades es que el Estado directamente se retire de todas las empresas. La versión pública que maneja en este momento el Gobierno a través de sus funcionarios es otra: no descartar del todo esta modalidad de inversión pero sí hacerla más flexible para poder decidir con más libertad cambios en las carteras y hacer más rentable el capital que maneja. Sin embargo, si la intención es mantener participación en las compañías hay una problemática que deberá también debatirse. ¿El Estado quiere tener un rol activo y usar el derecho actual que tiene de participar de las decisiones del directorio? “No hay demasiada lógica en ocupar una silla en algunas empresas si no se sabe para qué”, explica Martín Polo, economista Jefe Analytica. “Creo que la discusión está en si puede ser válido tener acciones para obtener una renta o si hay intención de tener un poder discrecional sobre la compañía”. Boggiano cree que este es un punto central. “Hay que plantear si hay una decisión de retirar los tentáculos del Estado sobre los privados”, considera. “En estos casos, cuando el Estado se entromete con lo privado se abre la posibilidad de que haya actos de corrupción”, afirma.

¿Para qué quiere la Anses vender las acciones?

Una de las cuestiones más inmediatas del debate es la conveniencia del destino de los fondos recaudados en la venta de las acciones. El contexto del proyecto de ley pone sobre la mesa una realidad que supera a la mayoría de las gestiones del sistema previsional: buscar todas las formas de financiamiento posibles para poder “arreglar” los agujeros fiscales y financieros. El Gobierno dio algunas definiciones y aseguró que las acciones no se venderían en el corto plazo y dio a entender que se utilizarían en el caso de que el blanqueo de capitales no alcance para pagar los juicios y ajustar las jubilaciones. Los números hablan de $100.000 millones en dos años para cubrir las sentencias y de otros $120.000 para los aumentos jubilatorios. “Incluir la posibilidad de vender las acciones parece más un una herramienta de caja futura que una toma de posición respecto a estos activos de la Anses”, asegura Polo. Mira también destaca una cuestión a debatir detrás de esta decisión. “Sin duda es una deuda que tiene que ver con reclamos históricos pero puede tener algunas consecuencias sobre las perspectivas macro de la economía”, afirma. “Y va en la dirección contraria de los objetivos sobre déficit fiscal y estabilización macro”.

¿Cómo se piensa la sustentabilidad del sistema previsional?

Avance o no este punto del proyecto, las modificaciones en el actual sistema previsional y especialmente en la posibilidad de vender las acciones del FGS abren nuevamente el debate sobre la sustentabilidad de la Anses. “La única certeza es que el desequilibrio del sistema previsional es enorme y que la Anses no puede dejar de ser deficitaria y obliga a buscar, cada vez, nuevos esquemas de financiamiento”, destaca Polo. “Podés desfinanciar el Fondo de Garantías pero llega un momento en que este también se acaba”. Empezar un debate serio sobre el sistema previsional, más allá de la coyuntura y la reparación, puede ser una decisión a largo plazo.

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