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Blanqueo y jubilaciones, con un sabor agridulce

Muy pronto, el rubro jubilaciones y pensiones alcanzará un tercio de todo el gasto primario. La Justicia para con la tercera edad será un desafío para la estabilidad macroeconómica, especialmente si se mantienen las intenciones de ser investment grade para 2019.

13-06-2016
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por Andrés Borenstein (*)

Más allá de cual sea el número final de ingreso de capitales producto del blanqueo, la cifra final parece ser grande. Sea por la promesa de estabilidad macro o por la amenaza de los intercambios de información, algunos sostienen que Argentina recibirá más de US$ 20.000 millones amén de lo que se blanquee y permanezca en el exterior.

Para poner este número en perspectiva: la cifra supera el 100% del patrimonio de los fondos comunes de inversión, equivale al 15% de los activos totales del sistema financiero y al 30% del stock de préstamos totales. Es decir que, más allá de las opciones que se definan, la plata que ingrese implicará un salto discreto para el sistema bancario y el mercado de capitales argentino.

Hay que recordar que el sistema bancario argentino es el más pequeño de América Latina relativo al tamaño de la economía con alrededor de 14 puntos del PIB en préstamos al sector privado. Esto implica varios órdenes de magnitud menor que Chile, Brasil o Bolivia, el país más pobre de América del Sur y cuyo sistema financiero triplica al de Argentina en tamaño relativo pese a que tiene un índice de informalidad que poco tiene que ver con los estándares argentinos.

Un sistema financiero más potente tiene muchas externalidades positivas. Implica llegar a más familias y a empresas. Esto no es menor, por ejemplo, en términos sociales. La escasa penetración de hipotecas hace que salvo por medio de planes oficiales y subsidiados casi no existe acceso para las familias que no poseen capital inicial.

Es muy probable que, entonces, el blanqueo haga su aporte al crecimiento de 2017, por ejemplo, a través de mayor número de proyectos inmobiliarios. Pero también generará un salto discreto en el desarrollo del sistema financiero.

Pero el blanqueo con sus múltiples efectos positivos está adjunto a un cambio en las jubilaciones. Sin duda que el Gobierno está haciendo justicia con los jubilados. Dado que la propensión a consumir de los jubilados es alta, esto también deberá ayudar a la necesaria reactivación de la economía. Pero esto plantea problemas macroeconómicos que no son de resolución sencilla.

La Administración Nacional gastó 9,64% del PIB en jubilaciones y pensiones en 2015. Con la reforma planteada el gasto previsional irá por arriba del 11%, una cifra más compatible con Europa occidental que con América Latina. En 2003 Argentina gastaba 4,32% del PIB en seguridad social.

Aquí la problemática es ver cómo hará para funcionar un sistema con 6,5 millones de jubilados (casi el doble que hace doce años) y 11,5 millones de aportantes de los cuales sólo 7,5 millones son del régimen tradicional. El resto son de regímenes especiales incluyendo autónomos, monotributistas, empleadas domésticas y otros. Si bien el Gobierno podría morigerar el impacto subiendo las edades jubilatorias, esta alternativa no estuvo expresada en el proyecto de ley.

El Gobierno recibió muchas críticas (incluyendo de integrantes de Cambiemos) por no hacer un ajuste fiscal más fuerte este año. Hay argumentos a favor y en contra de esto y en cualquier caso los aciertos u errores tienen que ver con el manejo de la coyuntura. Pero el aumento de 45% para más de 2 millones de personas implica un gasto de largo plazo potencialmente más peligroso que cualquier retraso en el ajuste de corto plazo.

El financiamiento proveniente de las penalidades a cobrar por el blanqueo sumado a la venta de las acciones (de improbable ejecución más allá de cómo salga la ley del Congreso) con suerte llega a pagar las sentencias. Los aumentos y la nueva (bienvenida) pensión a la vejez deberán encontrar otra fuente de financiamiento. Muy pronto el rubro jubilaciones y pensiones alcanzará un tercio de todo el gasto primario del Gobierno federal. Por ende, la justicia para con la tercera edad será un desafío para la estabilidad macroeconómica. No uno imposible, pero del que habrá que ocuparse si se mantienen las intenciones de ser investment grade para 2019.

(*) Economista

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