Desde el BCRA se dejan oír algunas voces de preocupación. Entre los dirigentes más encumbrados se escuchan reproches frente a los aumentos tarifarios que se vienen en los primeros meses del 2017. Si bien en sus apariciones en público el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, suele sostener que la política monetaria funciona de forma independiente a las otras decisiones de política económica, sabido es que unas metas de inflación precisan de la colaboración desde el Ejecutivo tanto en materia de gasto fiscal como de administración de precios relativos.
Necesidad de coordinación
Tal como destacaba un economista de la city recientemente, a pesar de que Sturzenegger no sea tan activo en ejercer presiones sobre las decisiones del Ejecutivo, como sí habría ocurrido en la dirección opuesta, eso no quiere decir que no concuerde con las visiones repetidas hasta el cansancio en los distintos seminarios y jornadas que organizó durante el año la autoridad monetaria. Desde ese difundido punto de vista, toda experiencia exitosa de metas de inflación tuvo éxito en unas economías con precios relativos ya estabilizados y sin déficit fiscal. En ese sentido, desde el BCRA suenan críticas frente a la agenda tarifaria del ministro de Energía, Juan José Aranguren, que, justo en meses previos a las paritarias del año que viene, podrían presionar al laza nuevamente los IPC con nuevos aumentos.
Eso ensuciaría, incluso, las expectativas inflacionarias, que aún se resisten al disciplinamiento monetario. “Justo cuando la inflación se posa en 1,5%, todo vuelve a subir”, será el pensamiento de varios. Semejante evolución negativa en materia de precios, justo en ese sensible momento del año por las potenciales escaladas que podrían generar, implicaría la necesidad del BCRA, además, de mantener la dureza en el manejo de las tasas de política monetaria. Pero lo más negativo es que complicaría las metas de 12-17% si esa suba de precios ocasion en mayores aumentos en las paritarias y, luego, nuevamente en los precios. Fallaría, también, la cláusula gatillo de María E. Vidal, que apuesta a que el IPC no vaya más allá de 18%.
Los ajustes de precios
La diferencia de agendas se ve claramente en los incrementos de 8% en combustibles ya anunciados para enero, de forma extraoficial por empresarios del sector. A eso se sumará la suba pactada para febrero de la energía eléctrica que, con diferencias según tipo de consumo y según espacio geográfico, rondará un promedio de entre 25% y 35%. Y también ocurrirá en el primer trimestre el aumento del gas, que estará alrededor del 25%. Tras un 2016 en el que las críticas de los analistas crecieron en torno a la idea de que el BCRA estuvo solo en una lucha muy complicada contra la inflación, la salida de Prat-Gay del Gabinete no parece haber sido el fin del problema.
