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Apuntes sobre el blanqueo

A pesar de la impopularidad de la medida y los recientes jubileos fiscales (en 2008 y 2013), nos encontramos ante un nuevo marco ?a nivel nacional e internacional? que justifica la promoción de un régimen para la exteriorización de activos no declarados.

02-06-2016
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por Diego N. Fraga (*)

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un ambicioso proyecto del que se ha hablado desde hace meses y con el que se procura captar cuantiosos fondos, que se destinarían a regularizar la situación de un sector de la clase pasiva del país. Buena parte de ese dinero provendrá de un régimen especial para la exteriorización de activos no declarados.

El nuevo blanqueo de capitales

A pesar de la impopularidad de este tipo de medidas y de la reciente aprobación de dos jubileos fiscales en nuestro país en menos de diez años (en 2008 y 2013, con pobres resultados), nos encontramos ante un nuevo marco político y económico ?a nivel nacional e internacional? que razonablemente justifica la promoción de un régimen para la exteriorización de activos no declarados. Esto se da luego de un amplio período de políticas económicas hostiles hacia las inversiones y gran fuga de capitales. Además, el proyecto se aprobaría con carácter previo al comienzo del intercambio automático de información multilateral en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el que nuestro país es un early adopter (con inicio de sus efectos a partir del 2017). En este contexto, una amnistía fiscal como la que se proyecta, además de una oportunidad sin igual para ampliar la base de contribuyentes, constituye un requisito ineludible para que algunos países (por ejemplo, Suiza) accedan a compartir generosamente su información fiscal. Es dable destacar que existen casos recientes de amnistías fiscales en la región, tales como las de Brasil y Chile.

En líneas generales, el proyecto presentado aparece como razonable, en línea con los estándares internacionales y con beneficios muy atractivos para quienes poseen activos ocultos o mal declarados y desean regularizar su situación de manera definitiva.

Se trata de un régimen para declarar bienes en el país o en el exterior hasta el 31/03/2017. El proyecto, además de permitir que los activos permanezcan en el exterior, subsana muchos defectos técnicos que poseían sus antecesores (por ejemplo, para la declaración de trusts, fundaciones u otros entes). La declaración se hace a valores del 31/12/2015 (es decir, si se trata de dólares, a $ 12,90).

Para bienes inferiores a $305.000 el blanqueo es sin costo. Si excede ese valor, hasta los $800.000 tributará el 5%. Lo mismo si se tratase de inmuebles en el país o en el exterior. En tanto, los bienes por encima de los $800.000 tributarán 10% si se declarasen hasta el 31/12/2016 y 15% si se hiciese hasta el 31/03/2017.

Existe una posibilidad ingresar del tributo mediante la entrega de bonos Bonar 17 o Global 17 expresados a valor nominal, y la tasa en ese caso será del 12%.

También existen otras alternativas sin costo (salvo el financiero), como la adquisición de un bono intransferible y no negociable en dólares a tres años sin interés, o la adquisición de otro bono de esas características a seis años, sin interés los primeros dos años y con un cupón de interés del 5% los últimos cuatro años.

La inversión también puede dirigirse, sin costo, hacia fondos comunes de inversión, abiertos o cerrados (según las leyes 24.083 y 26.631), para financiar proyectos de una gran amplitud (infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, PyMEs, etcétera). En estos casos el dinero debería inmovilizarse en dichos proyectos por cinco años.

La exteriorización implica la liberación del pago de todos los demás impuestos y de las acciones penales (tributaria, cambiaria, aduanera) y administrativas que podrían dirigirse hacia quien blanquea. No se permite eximir en el Impuesto a las Ganancias a los gastos computados por el uso de facturas apócrifas, mecanismo utilizado en los últimos blanqueos.

El hecho de que los fondos del blanqueo tienen afectación específica (Anses) implica que el proyecto debería ser aprobado por una mayoría especial (cfr. artículo 75, inciso, 3 de la Constitución Nacional).

En otro orden de ideas, para acentuar el control internacional, el proyecto crea un registro de entidades pasivas del exterior

La exclusión de los beneficios para funcionarios jerárquicos del PEN

Es importante que se haya incluido en el proyecto un precepto en este sentido, aunque lo considero insuficiente, puesto que no se ha contemplado el caso de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, ni a los miembros del Congreso. Tampoco fueron incluidos los funcionarios de los distintos poderes provinciales y municipales. Cuanto menos, todos ellos deberían demostrar que los fondos no fueron obtenidos durante su gestión, o que tuvieron origen en actividades lícitas y demostrables. Además, deberían ser analizadas las declaraciones por uno o varios organismos realmente independientes.

El control también será clave para evitar que se blanqueen fondos provenientes de otras actividades ilícitas. En los blanqueos anteriores los controles no parecen haber sido relevantes. En cambio, en el presente se ha previsto una Mesa de Coordinación del Régimen, en la que intervendrán la Secretaría de Hacienda, la AFIP, el BCRA, la Unidad de Información Financiera y la Comisión Nacional de Valores.

Se reafirma en el proyecto el carácter secreto de los datos de quienes acceden al blanqueo, al aludirse a la sanción del artículo 157 del Código Penal, ya vigente para casos de violación del secreto fiscal. El deber de sigilo se encuentra dirigido a quienes tengan acceso a la información sensible (v.gr. funcionarios, jueces, empleados, etcétera).Además, se prevé la aplicación de una multa a los infractores de esas normas, que resultará equivalente al monto que se ha exteriorizado.

Se excluyen de los beneficios de la ley a los siguientes sujetos:

Sujetos quebrados respecto de los cuales no se dispuso la continuación de la explotación de la empresa. Ello resulta harto común en este tipo de normas.

Condenados por delitos tributarios o no tributarios pero que tengan vinculación con delitos tributarios, si cuentan con sentencia firme que no se encuentre cumplida.

Personas jurídicas en las que sus órganos o socios hayan sido condenados por delitos tributarios o comunes vinculados con los tributarios con sentencia firme no cumplida.

Procesados por una serie de delitos en los que se genera dinero “negro” (por ej., secuestros extorsivos, trata de personas, narcotráfico, etc.), aunque el procesamiento no esté firme. Esta norma es muy importante, ya que se propone vedar el ingreso de dinero proveniente de este tipo de delitos. Los interrogantes que se nos ocurren pasan por la forma en que se controlarán estos aspectos. ¿Colaborará el Poder Judicial? Debería incluirse una norma en este sentido por la cual se establezca el deber de informar a la AFIP y que no quede así en una mera expresión de deseos.

Declaración jurada de confirmación de datos

Para los que no adhieran al blanqueo, se les requerirá la presentación de una Declaración Jurada de Confirmación de Datos, que sería para corroborar que sus bienes actuales son los que efectivamente han declarado ante el fisco para el período 2015. Esta posibilidad tiene un atractivo extra, y es que se les aplicarán los beneficios del blanqueo respecto de los bienes que no se hubiesen declarado antes pero que ya no integran su patrimonio, como por ejemplo, si han sido consumidos o perdidos.

Si la AFIP descubriese activos que no han sido contemplados en las referidas declaraciones ?y que se encontraban efectivamente en el patrimonio del declarante?, estos beneficios decaerían.

Otros aspectos de relevancia del paquete de medidas.

Se incluye un generoso régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras con condonación de sanciones penales, multas e intereses y amplias facilidades de pago. Sus beneficios lo hacen muy atractivo para contribuyentes que necesitan regularizar su “mochila fiscal”.

A los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones en los dos períodos fiscales anteriores a 2016 (es decir, 2014 y 2015), se les dará un beneficio: la exención en el impuesto sobre los Bienes Personales por los períodos 2016, 2017 y 2018. Se incluyen en este beneficio a las sociedades que actúen como responsables sustitutos respecto de sus socios. No entrarán en este beneficio los que hagan uso del blanqueo ni quienes se han acogido a determinados planes de regularización promovidos por el Gobierno anterior (blanqueo de la Ley 26.860 y planes de pago del art. 32 de la ley 11.683). Tampoco se permite el ingreso a quienes posean deudas en condición de ser ejecutadas por la AFIP o condenas firmes por multas relativas a la figura de defraudación. Es algo inédito en nuestro país que se brinde un beneficio de estas características a los contribuyentes cumplidores y ello merece ser celebrado. No obstante, estimo que el proyecto quedó con sabor a poco, en comparación con los grandes beneficios que se proponen para los que adhieran a las demás normas de regularización del proyecto.

Una gran noticia es que se confirma la reinstauración del mínimo no imponible para este año en Bienes personales, en una cifra que se estima en $ 800.000, la que irá incrementándose progresivamente hasta desaparecer en el año 2019 (esa noticia es todavía mejor). Además, se fijarían alícuotas decrecientes y fijas. Según han informado fuentes del Gobierno, como reemplazo de este gravamen no se descarta la posibilidad de volver a instaurar un Impuesto a la Herencia.

Aunque la redacción no es muy clara, el proyecto “aclara” ?en rigor, corrige la omisión de la Ley 26.893? la intención de gravar la compraventa de acciones emitidas por sujetos del exterior, con o sin cotización (el decreto reglamentario de la Ley 26.893 ya había restringido indebidamente la exención en este sentido). También se arreglan algunas cuestiones interpretativas referidas a las diferencias de cambio que se producen en dichas operaciones.

Se elimina el Impuesto a las Ganancias sobre los dividendos, lo que constituye una muy buena noticia para los inversores.

Finalmente, otra gran noticia es la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, también conocido como “impuesto a las pérdidas”. Este, virtualmente había sido herido de muerte por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case “Hermitage” (15/07/2010), aunque la AFIP ?insólitamente? lo seguía recaudando y “obligaba” a los contribuyentes a litigar para que no se les aplique.

Finalmente, se destaca la creación de una comisión bicameral para la reforma tributaria. Se trata de una iniciativa razonable y esperada, para evitar los sucesivos parches en la legislación impositiva a los que estamos acostumbrados, los que han conformado un sistema incoherente, distorsivo y poco competitivo a nivel internacional. Esperemos que quienes participen de ella estén a la altura de las circunstancias.

(*) Abogado, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Austral y socio del estudio RCTZZ.

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