Por Héctor Rubini USAL
El primer mes de la nueva gestión estabilizó las expectativas y las demandas sectoriales. El núcleo del nuevo programa es la reforma impositiva y la “pisada” a la suba de jubilaciones, salarios y algunos precios regulados fundamentales (tarifas, combustible y transporte de pasajeros).
La contracción fiscal supera varias veces el mayor gasto público para asignar fondos para trabajadores activos y pasivos en condiciones de extrema pobreza. La redistribución de ingresos viene acompañada por un aumento adicional de recaudación de impuestos que continúa el sendero de achicamiento del déficit primario iniciado con los programas del FMI de 2018-2019. El riesgo país bajó unos 300 puntos básicos en un mes y el FMI está de acuerdo con esta decisión.
El juego ahora está en el campo del ministro de Economía, Martín Guzmán. Urge concretar y cerrar la reestructuración de los vencimientos por el período 2020-23 (de mínima) y probablemente se requiera bastante más que la buena predisposición de tenedores de bonos y el FMI para minimizar costos y juicios futuros. Caso contrario, será imposible estabilizar las tasas de interés, flexibilizar los controles cambiarios y abandonar los controles burocráticos a las importaciones. La experiencia de 2011-2015, como la de otros períodos, es más que aleccionadora: extender este tipo de controles más allá de situaciones de emergencia bloquean el retorno a un sendero de crecimiento.
La intención oficial parecería ser la de ir por etapas. Primero estabilizar expectativas con una redistribución de la renta, luego renegociar la deuda y, a partir de entonces, aplicar el programa definitivo. El éxito inicial de moderar los ánimos y los reclamos sectoriales requiere señales que marquen el rumbo de precios, costos y la demanda interna y externa. En ese sentido, es más que crucial una baja sostenible creíble de la inflación. Esto no va a ser fácil inicialmente, ya que los controles de algunos precios regulados (tarifas, transporte y combustibles) no pueden sostenerse sin incubar expectativas de saltos futuros o de futuro desabastecimiento (con la contracara de expectativas de futuras subas).
La emisión monetaria para el pago de servicios de la deuda pública interna no va a ser fácil de controlar. Junto a la forzosa tarea de asistir al Tesoro se impone la necesidad de inducir una baja del costo del crédito. Esto lo viene haciendo semanalmente, y ya logrado ubicar las tasas interbancarias en poco más de 50% con tendencia a la baja. Los depósitos a plazo fijo y las líneas para grandes empresas también siguen esa dinámica, pero no así las tasas para préstamos personales y el costo del crédito para las pymes. Lograr bajas significativas (no menos de 20 puntos) en uno o dos meses con expectativas de inflación a la baja, exige el auxilio de medidas orientadas al crecimiento económico. Algo que a su vez exige inversión. Y para eso, reducir la incertidumbre y las expectativas de inflación y de devaluación de la moneda son más que necesarios.
Ahí juega un rol central resolver cuanto antes el problema de la deuda, pero también un programa de crecimiento con baja inflación que sea sostenible y creíble. Reactivar el mercado interno ayuda, pero no es suficiente. La recuperación del período 2003-2007 arrancó así, pero se sostuvo y logró afirmarse gracias al salto exportador impulsado por la demanda de oleaginosos de China, y en menor medida de India y otros países. La etapa siguiente, de conflictividad por las retenciones móviles, continuó con expansionismo fiscal y monetario, y se completó a partir de noviembre de 2011 con el cepo cambiario y controles al comercio exterior. La economía ingresó en la fase de crecimiento positivo un año y negativo el siguiente. La tendencia fue de crecimiento promedio en torno de cero al menos hasta 2017. Luego llegó la crisis cambiaria y la caída libre de dos años que debería empezar a revertirse en 2020. Una crisis que condujo a un escenario de aguda iliquidez del sector privado, y que amenaza al sector público.
Revertir este escenario exige recuperar un sendero de estabilidad y crecimiento. Optar por expandir el consumo es una legítima salida de emergencia, pero limitada. Sin crecimiento de la actividad y de la demanda de dinero, el sistema ajusta con mayor inflación, desabastecimiento de todo tipo de bienes y emigración de mano de obra calificada o no. El caso de Venezuela es más que gráfico al respecto.
El BCRA, a su vez, está tratando de reducir el costo del crédito como puede. Dos límites asoman de la herencia recibida. Uno la inflación observada y esperada. Si no desciende drásticamente, las tasas activas no lo harán tampoco. Otro, la dinámica de la actividad. Una empresa altamente endeudada sin refinanciación de pasivos requiere una recuperación de las ventas sostenida y permanente, y también alivio en la carga tributaria. Mientras no se resuelva el problema de la deuda no habrá una nueva ley que dé marcha atrás con las subas de impuestos de diciembre. Los bancos, al percibir que no baja el riesgo de incobrabilidad, no tendrán incentivos a bajar el costo de financiamiento a deudores percibidos como más riesgosos. Tampoco en el segmento de tarjetas de crédito y todo otro financiamiento al consumo. Un programa tributario que alivie el estrés financiero de los deudores bancarios es más que necesario. También una baja de la inflación, sobre todo para los tomadores de créditos UVA.
La actual estrategia de aumentar el consumo con un PIB que no crece es reducir el ahorro privado para aumentar el ahorro público. Sin inversión extranjera directa, no es factible un aumento agregado de la inversión privada. Menos si los controles cambiarios y a las importaciones anunciados en los últimos días se vayan a profundizar y mantener por al menos cuatro años. ¿Se optará por la inversión pública, con capitales nacionales y del exterior? Hasta ahora, nada se sabe.
El escenario actual aportó cierta tranquilidad, pero urge una solución al problema de la deuda. Sin resolver ese problema, la economía no podrá crecer, salvo por impulso de la demanda externa de commodities agrícolas. Cuanto más se demore, el Gobierno tendrá más incentivos para profundizar los controles a la actividad privada. En ese caso, habrá más dificultades para estabilizar la inflación, generar confianza y retornar a un sendero de mayor crecimiento. No es imposible, pero sin resolver cuanto antes el problema de la deuda y sin incentivos a la inversión, será más difícil salir de la estanflación de los últimos años.
