Por Héctor Rubini
El cierre de listas de candidatos marca el inicio de la etapa final de la actual administración. Ningún cambio se prevé en las políticas macroeconómicas en curso y los primeros días de gestión del nuevo Gobierno exigirán una revisión de las políticas viables para retomar un sendero de crecimiento económico con inflación a la baja y de manera permanente.
La crisis cambiaria forzó el abandono del nada creíble régimen de metas de inflación. El retorno a cierta estabilidad cambiaria, con el fin de la pérdida permanente de reservas internacionales, se logró gracias al programa acordado por el FMI: banda cambiaria con meta de emisión monetaria y reducción permanente del déficit fiscal primario.
La apresurada baja de tasas de interés en enero, luego del “bombazo” de emisión monetaria de diciembre de 2018 recalentó la demanda de bienes y dólares. La volatilidad del tipo de cambio y la suba de la prima de riesgo país fueron el síntoma externo de una la baja de la demanda de deuda pública argentina y en la demanda de pesos entre febrero y abril pasado.
Tanto unos como otros deberán mostrar sus cartas antes de los comicios y definir el grado de compromiso con sus anuncios y promesas.
Esto último pareció exacerbarse a partir de la suba de las tasas a 7 días de las Leliq a más de 60% anual, con su inevitable daño a la economía real, especialmente a la industria manufacturera. Nada sorprendente, cuando el FMI mantenía “atadas las manos” del BCRA para intervenir en una zona de no intervención exageradamente amplia, y en presencia de recurrentes subas de tarifas públicas y otros precios regulados.
La calma del dólar desde mayo pasado se logró con el abandono de la banda cambiaria, al menos hasta fin de este mes, permitiéndose al BCRA intervenir en el mercado de divisas de manera no preanunciada. La incertidumbre sobre las decisiones del BCRA aplacó la demanda de dólares y el tipo de cambio se estabilizó con tendencia bajista desde la primera semana de mayo.
La inflación, a su vez, empezó a descender gracias al impacto recesivo de las muy altas tasas de interés, pero en gran medida por la decisión de no aumentar las tarifas públicas hasta los comicios presidenciales.
En lo fundamental, el programa no varía: enfriar la demanda interna y la actividad restringiendo el crédito bancario, más bien que la oferta primaria de dinero, y desalentar la demanda de dólares con el nuevo régimen sin metas explícitas para el tipo de cambio y la inflación.
El “lado heterodoxo” del control de la inflación mostró su efectividad en lo que va de este mes: la recesión inducida por la suba de tasas de interés ha requerido la estabilidad del tipo de cambio y la no suba de tarifas públicas. Una refutación concreta e irrefutable a la extraña visión del equipo económico que asumió en 2015, quien ha seguido sosteniendo, sin fundamento teórico ni empírico convincente, que a) las subas del tipo de cambio y de precios regulados de bienes, servicios y factores no se transmiten a la inflación, y b) sí se transmiten vía expectativas en todas las provincias y ramas de actividad los vaivenes diarios de una tasa interbancaria de muy corto plazo.
Se espera que Argentina cierre el 2019 con el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI, y que dicho organismo haya completado el desembolso de U$S 50.389 millones. Si el presidente Mauricio Macri es reelecto, nada hace suponer un cambio de equipo económico.
En caso de continuar el programa y el equipo actual, recibiría del FMI cuatro cuotas trimestrales de US$ 966 millones en 2020 y otras dos en 2021. Pero aun así y con superávit fiscal primario en 2021, el Gobierno deberá endeudarse por montos adicionales dentro y fuera del país.
El contexto externo no será fácil de predecir. Si la economía de EE.UU. no se desacelera, mayor será el incentivo para que Donald Trump exacerbe su agresividad proteccionista, frente a las elecciones presidenciales de noviembre del año próximo. También serán mayores las presiones explícitas o implícitas para que la Reserva Federal baje las tasas de interés este año y el próximo.
Evitar un aumento de la prima de riesgo país y problemas para captar fondos en el exterior exige, de mínima, un programa fiscalmente austero, coherente con la estabilidad de precios, y el retorno a un sendero de crecimiento económico y aumento permanente del empleo formal en el sector privado. Esto exigirá, tarde o temprano, reducir o eliminar no pocas partidas de gasto corriente nacional, provincial y municipal, y la carga de impuestos sobre el sector privado. La incógnita a develar es la voluntad y capacidad de hacerlo. Algo que dependerá de la nueva composición del Congreso, a partir del escrutinio en la noche del próximo 27 de octubre, y las reacciones de los inversores locales y externos a partir de entonces.
Si triunfara la fórmula Fernández- Fernández es claro el rumbo esperable en la política económica. Los economistas de ese sector político sugieren que abandonarían desde el inicio el programa con el FMI, o bien renegociarían los futuros vencimientos de la deuda con el organismo. En ambos casos prevén negociar el acceso a deuda con el FMI vía un Acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility). Pero esto probablemente requiera un programa no muy diferente al actual, y con mayor austeridad fiscal, al menos a partir del año próximo.
Las declaraciones de las últimas semanas de dichos economistas sugieren un retorno al intervencionismo de 2003-2015. Expresiones sobre “congelamiento de la distribución de la renta”, preanuncian el retorno a controles de precios y de cambios. Algo que exige, de mínima, la elección de un sendero de precios relativos e ingresos reales, coherentes con una suerte de equilibrio general creíble y estable ya desde el próximo 10 de diciembre. Algo que luce poco factible, pero necesario para problemas de credibilidad, ataques especulativos contra la moneda local, y expectativas de mayor inflación atadas a futuros tarifazos o saltos del tipo de cambio.
En definitiva, tanto unos como otros deberán mostrar sus cartas antes de los comicios y definir el grado de compromiso con sus anuncios y promesas. Algo que condicionará el logro o no de una efectiva baja en las expectativas de la inflación, devaluación y default de la deuda pública que debiera observarse y fortalecerse partir del último trimestre de 2019.
