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La desigualdad

Las debilidades del modelo populista

25-04-2013
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(Columna de Silvana Melitsko, economista del área de Desarrollo Económico de la Fundación Pensar)

A pesar de los conflictos y la violencia característicos de la época, a mediados de los '70 la sociedad argentina era relativamente equitativa en términos socioeconómicos, con niveles de pobreza bajos en comparación con otros países de América Latina y una clase media extendida.

Según datos relevados por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS) y el Banco Mundial en base a la Encuesta Permanente de Hogares, en 1974 el ingreso familiar per capita del 10% más rico de la población equivalía a 9,5 veces al del 10% más pobre. A partir de entonces la desigualdad económica fue aumentando de manera casi ininterrumpida hasta alcanzar su punto máximo en 2001, cuando la brecha de ingresos (siempre medida como el cociente entre el 10% más rico y el 10% más pobre) había trepado a 40. En consonancia con lo que viene sucediendo en otros países de América Latina, este proceso parece haberse revertido desde inicios de la década del 2000. En la actualidad la brecha de ingresos antes definida ronda los 20 puntos, un valor similar al que tenía a principios de los '90, aunque aún muy por encima de los 9,5 que alcanzaba en 1974.

La disminución de esta brecha se explica fundamentalmente por tres factores: mejoras en el mercado laboral (desempleo, aumento de la tasa de formalidad y disminución de la brecha salarial relativa entre trabajadores calificados y no calificados), la reforma del régimen jubilatorio que llevó a una ampliación de la cobertura y a un retraso relativo de las jubilaciones medianas y altas y, más recientemente, a la introducción de la Asignación Universal por Hijo.

Las debilidades del modelo populista

Queremos señalar en este espacio las principales debilidades e inconsistencias del modelo redistributivo de la última década.

1. La primera y principal es su inconsistencia temporal producto de los repetidos errores en materia de política macroeconómica, que han llevado a una fuerte desaceleración y eventual estancamiento del nivel de actividad. Fue el alto crecimiento del PIB que siguió a la crisis de 2001-2002 lo que permitió expandir el empleo y mejorar los salarios relativos de los sectores más postergados. Con tasas en el orden del 2% para este año y posiblemente para los próximos (siendo optimistas) y en un contexto de escasa o nula creación de puestos de trabajo en el sector privado, es de esperar que el salario de trabajadores con menor nivel de calificación o informales se retrase en relación al de aquellos sindicalizados o altamente calificados que, por su escasez relativa, cuentan con mayor poder de negociación. La imposibilidad de sostener un déficit fiscal creciente pone,además, un freno a la expansión del empleo en el sector público.

2. Una segunda debilidad a la cual hizo referencia en varias oportunidades el economista Eduardo Levy Yeyaties que este proceso de igualación de ingresos habría estado acompañado por una concentración de la riqueza. La falta de instrumentos financieros que aseguren un rendimiento superior a la tasa de inflación opera como un desincentivo al ahorro para todas las clases sociales, pero es lógico pensar que los sectores medios y altos cuentan con mayor información y herramientas para acceder a instrumentos más sofisticados. La destrucción del incipiente mercado de créditos hipotecarios que se gestó durante la década del '90 también opera como una barrera de acceso a la vivienda propia, uno de los mecanismos de acumulación tradicionalmente preferidos por la clase media y media baja.

3. Una tercera flaqueza apunta a la dudosa legitimidad jurídica que han tenido algunas de las medidas por las cuales se ha conseguido mejorar los indicadores distributivos. En particular, se produjo a lo largo de la década una pronunciada igualación de ingresos entre individuos mayores de 65 años pero a costa de vulnerar derechos adquiridos por aquellos que realizaron mayores aportes a lo largo de su vida. Al día de hoy la ANSES desoye los dictámenes judiciales que favorecen a cientos de miles de jubilados y acumula con los mismos una deuda del orden de los $ 71.000 millones según estimaciones de la Fundación Pensar (ver el documento en http://www.fundacionpensar. org/DDPP/DPP032_ Proyecciones-del-sistema-previsional. pdf).

4. En cuarto lugar, hay que señalar que el modelo económico adoptado tendente a impulsar el consumo tanto público como privado en detrimento de la inversión ha llevado a un deterioro de la infraestructura y de los servicios públicos. Algunos de estos servicios, como la salud, el transporte y la educación, son utilizados en mayor medida por los sectores menos favorecidos y, por lo tanto, el deterioro en la calidad de los mismos y la depreciación del capital acumulado tiene un efecto netamente regresivo.

5. Por último, pero no menos importante, el sistema educativo público presenta notables falenciasa pesar de los recursos invertidos y los resultados de las evaluaciones internacionales muestran estancamiento en los resultados generales y una brecha significativa de desempeño a favor de alumnos que asisten a escuelas privadas con respecto las públicas. Es necesario cerrar esta brecha para evitar la transmisión de la desigualdad de una generación a otra. Hay que apuntar a la igualación de oportunidades antes que de resultados, y para ello equiparar la calidad de la educación entre alumnos provenientes de familias más y menos aventajadas es de importancia fundamental.

En resumen, se necesita ampliar la discusión sobre desigualdad incorporando todas estas dimensiones para lograr un diagnóstico apropiado que permita elaborar políticas que promuevan la justicia social y faciliten la inclusión de los sectores que permanecen postergados en materia socioeconómica.

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