Desarrollo e instituciones en la era del calentamiento global
El 2022 se está configurando para Argentina y para el Frente de Todos. Además de la ya conocida negociación con el FMI y la renovada incertidumbre que trae el fenómeno bélico en Europa, este año lleva varios episodios de choque entre dos grupos que encarnan una de las discusiones más interesantes que vemos: la agenda de desarrollo.
Por un lado, a nivel nacional, están quienes defienden la agenda que llevan adelante los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía. Por el otro, quienes se oponen abiertamente a esas iniciativas en nombre del cuidado del medio ambiente.
Se trata de una tensión lógica entre dos grupos que tienen parte de la razón: porque si bien es cierto que necesitamos fomentar sectores para crear empleo y acumular divisas en el Banco Central para tener libertad presupuestaria, ejecutar políticas y ordenar la macroeconomía, también lo es que toda actividad productiva tiene un impacto sobre el único planeta que tenemos.
Esa discusión en la cual estamos inmersos cruza a la coalición de Gobierno de manera profunda, y lo hace en simultáneo con otra. ¿Cuál otra? La del orden de prioridades. Modificadas por una pandemia que parece comenzar a ceder, el Frente de Todos contiene posiciones diferentes en relación a lo importante y lo urgente.
Aquí también encontramos dos bandos: primero, quienes plantean que el contrato electoral implicaba un avance fuerte en las dimensiones judicial y la de inteligencia. Lo que el Presidente denominó como “los sótanos de la democracia”. En términos concretos, concretar las reformas en el fuero federal, en el funcionamiento de la Corte Suprema y en la AFI.
Segundo, quienes describen con simpleza esa preocupación y creen que la prioridad debe estar puesta en continuar la tendencia de descenso del desempleo, consolidar una mejora de los ingresos y una baja de la inflación, para así mejorar diferentes indicadores sociales.
Claro que ambas agendas son importantes, pero requieren ser emprendidas con cuidado, recurriendo a la vieja idea de “sintonía fina”.
Los contextos políticos varían y otorgan distintos grados de libertad. En ese sentido, modificar las reglas de juego con las que se rigen sectores del poder implica poseer un grado de legitimidad ante la sociedad y ante las élites que sólo es posible a través de la consolidación de un sendero de desarrollo que permitirá sortear restricciones materiales y construir el poder político necesario.
Es decir: el pueblo argentino, o la sociedad civil, va a apoyar consignas de saneamiento institucional si un Gobierno tiene legitimidad de ejercicio. No se trata de que no sea importante, porque un tejido institucional sano es fundamental para vivir en sociedad, tanto para un ciudadano de a pie como para una personalidad pública.
Ahora bien, semejante consigna puede percibirse lejana en un contexto en el que la pobreza ronda alrededor del 38%. Mejorando estos indicadores, se podría ir avanzando por etapas en una reforma del Estado que garantice la integridad y la universalidad de derechos. Esto no quiere decir que haya un proceso mecánico, sino más bien de concatenación: resultados materiales innegociables para que avancen los institucionales que preserven a los primeros.
Recapitulando, podríamos pensar que el segundo debate, el propio de la coalición oficialista, puede resolverse con una concatenación de las dos agendas. Pero es ahí donde la discusión interna del Frente de Todos se toca con la nacional, ya que para volver estables las mejoras de los indicadores sociales y macroeconómicos, de manera que dejen de fluctuar erráticamente, es necesario saldar la disputa entre desarrollismo y ecologismo, la cual atraviesa a toda Argentina e incluso al propio Frente de Todos, obstaculizando la gestión pública y la expansión del producto nacional.
Solucionar este debate debe ser una prioridad del Gobierno para transformar la estructura social y generar legitimidad que aliente los cambios institucionales. Solo así será posible acumular los recursos para mejorar la coyuntura, delinear políticas que trascienden turnos en el poder y proponer a la sociedad debates de otra índole, los cuales preservarán el desarrollo sustentable.
Reformar el Poder Judicial y que la inteligencia cumpla la función correspondiente puede ayudar a garantizar los derechos de un ciudadano de a pie y de un funcionario que propone transformaciones que alteran intereses. Pero también que un fallo judicial no comprometa un proyecto estratégico. Así de fundamental es esta discusión amplísima que se percibe como lejana si la población no siente mejorar su calidad de vida.
Este deber del oficialismo pone en valor el rol de la política. Se impone la necesidad de tomar la delantera y generar iniciativas para mejorar el debate público y la toma de decisiones.
El reciente anuncio de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac) y el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en la Argentina (Siacam) debe entenderse en ese sentido: transparentar tensiones, superarlas y avanzar con los nuevos consensos construidos. Es un caso interesante a tener en cuenta para aplicar en todos estos debates.
En síntesis: para enamorar hay que tener con qué. Y para tener con qué hay que saldar discusiones difíciles. Ahí está el rol de la política. ¿Y el gran desafío actual del FdT?