Por Patricio Méndez Montenegro (*)
Tanto progresistas como conservadores suelen coincidir en que uno de los principales problemas de nuestro país es su sistema de gobierno sumamente centralizado, y que la solución pasa por fortalecer el federalismo, descentralizando aún más las decisiones y convirtiendo a las provincias en agentes centrales de la democracia.
Sin embargo, en los últimos años han aparecido casos que contradicen esta afirmación. Aunque estos puedan ser tratados como hechos aislados o defectos esporádicos del sistema, es posible sostener que se trata de problemas sistemáticos del federalismo argentino, que tiende a proteger desigualdades estructurales, prácticas autoritarias e impide la transformación del status quo.
En el contexto de emergencia sanitaria por el Covid-19, las medidas de los gobiernos de Formosa y Santiago del Estero, que impidieron el ingreso a las provincias y crearon una crisis sanitaria y humanitaria en las fronteras, alarmaron a gran parte de la población. En Formosa, unos 7.500 residentes permanecieron varados por meses en la frontera sin acceso a bienes y servicios esenciales. La crisis fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia, quien señaló que el “Programa de Ingreso Controlado y Ordenado” dispuesto por Gildo Insfrán violaba normativa nacional e internacional en la materia. Algo similar sucedió con el padre y su hija de 12 años que, luego de viajar a Tucumán para recibir un tratamiento oncológico, les impidieron el ingreso por auto a Santiago del Estero y debieron caminar cinco kilómetros de ruta.
Estos acontecimientos pusieron en agenda a los regímenes autoritarios que gobiernan algunas provincias del país y a sus estructuras iliberales. Se trata de personas o familias que manejan los hilos de las provincias desde hace décadas, centralizando la toma de decisiones, violando normativa nacional e internacional de derechos humanos y cooptando las instituciones de control provincial. Cualquier reforma al federalismo argentino tiene que hacerse cargo de la existencia de regímenes subnacionales que entran en conflicto con las nociones más básicas de los derechos y la democracia.
Otro problema que apareció en los últimos años, al calor de las luchas feministas, fue el de la criminalización del aborto no punible en algunos territorios provinciales. En 2012, la Corte Suprema entendió que las mujeres argentinas que hayan sido víctimas de violación o cuya salud esté en riesgo por un embarazo tienen derecho a acceder a un aborto, sin necesidad de aprobación médica, policial o judicial. Para ello, encomendó a las provincias la creación de protocolos sanitarios para garantizar este derecho.
Sin embargo, el manejo del sistema de salud es una atribución eminentemente provincial, lo que provocó el rechazo de muchas provincias a la decisión del Máximo Tribunal y un movimiento de resistencia a su implementación. Mientras que muchas provincias cumplieron con el fallo y adecuaron su normativa, hubo un tercio de provincias que se sublevaron y continuaron con las practicas violatorias a los derechos de las mujeres, impidiendo que puedan acceder a terminar su embarazo incluso cuando es fruto de una violación o cuando la persona gestante es menor de edad.
La resistencia a la implementación del fallo FAL demuestra cómo las decisiones, lejos de estar centralizadas en la Capital Federal, siguen recayendo en gran medida en las instituciones provinciales. Pero, además, pone en evidencia que la descentralización de políticas tan relevantes choca con el principio de protección universal de los derechos fundamentales. La idea básica de un derecho es que debe ser efectivo para todas las personas, más allá de su raza, religión, género o lugar de nacimiento. Los derechos constitucionales no pueden depender de estas cuestiones azarosas y el Estado nacional tiene el deber de garantizarlos. Una reforma al federalismo argentino tiene que partir de la base de que la autonomía provincial podría entrar en tensión con el goce igualitario de nuestros derechos fundamentales.
Por último, el federalismo argentino no solo se manifiesta a través de la autonomía provincial sino a través de la participación de las provincias en la toma de decisiones a nivel nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El Congreso de Argentina es el menos representativo de todos los sistemas federales del mundo. Para decirlo claramente, los representantes del 13,5% de la población puede obstaculizar leyes que gozan del apoyo mayoritario de la ciudadanía a través del Senado. Esta desproporcionalidad en la representación choca con las intuiciones democráticas más básicas, basadas en el ideal de “una persona un voto”. Este problema apareció, por ejemplo, en las discusiones sobre la coparticipación, en la que los bonaerenses se ven sistemáticamente perjudicados, como así también en la votación sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras que la Cámara de Diputados, aun con sus fallas, refleja la división que existe al respecto en nuestra sociedad, el Senado en cambio presenta una correlación de fuerzas que muestra una sobrerrepresentación elitista, conservadora y patriarcal. Cualquier reforma al federalismo argentino tiene que tomar en consideración cómo el Senado es una institución que torna muy dificultosa la transformación de las desigualdades existentes en nuestro país.
Argentina se debe un debate riguroso de cómo terminar con el proceso de democratización iniciado en 1983 y achicar la brecha de desigualdad de nuestra sociedad. Es necesario, entonces, que aquellos encargados de reformar nuestras instituciones tengan en cuenta cómo el federalismo incide en la protección de los derechos fundamentales y en el proceso democrático. Es necesario un federalismo compatible con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.
(*) Abogado, docente (UBA) y Magister en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Universidad de Essex)
