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Cabalgando sobre la “Carta China”

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01 junio de 2021

Por Eduardo R. Ablin (*)

"Es mejor volverse atrás que perderse en el camino"

-Proverbio chino

Cabe tener presente, en el plano financiero, el acuerdo de “swap” establecido originalmente en 2009 entre el Banco del Pueblo de China (BPC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renovado en 2014 y por segunda vez por el plazo de 3 años en agosto de 2020, totalizando en torno a U$S 20.000 millones al finalizar abril de 2021, equivalentes a RMB 130.000 millones (RMB o “renminbi”, denominación oficial del yuan). Así, aunque dicho monto concentra 45% de las reservas brutas del BCRA calculadas a mayo de 2021, la operativa del “swap” nunca ha sido puesta en práctica hasta ahora.

En este sentido puede destacarse que el BPC mantiene “swaps” con más de 30 bancos centrales a nivel internacional, como parte de su estrategia dirigida a tratar de consolidar la divisa china como uno de los referentes del comercio mundial. Tal instrumento consiste en un intercambio de divisas entre dos países, operando en la práctica como una forma de préstamo contingente, por lo que mientras no se active no genera costo alguno, aunque puede ser contabilizado como parte integrante de las reservas internacionales de cada país interviniente, encontrándose disponible para ser utilizado ante una imprevista crisis cambiaria.

En el caso del “swap” con el BPC -concertado en RMB- si el BCRA necesitara recurrir al mismo debería primero convertir las divisas chinas a dólares, generándose a partir de allí un costo financiero, pactado a la tasa interbancaria Shibor, resultante del promedio de la operatoria de 18 bancos activos en el mercado primario de Shanghai, la cual asciende al presente a 2,5% anual (3,15% al momento de la última renovación), a la que caben adicionar 4 puntos porcentuales atribuibles al “riesgo argentino”. Aunque dicha tasa resultaría particularmente favorable para el acceso presente al mercado internacional por parte de Argentina, los fondos del “swap” requieren naturalmente de la autorización de la RPC para poder ser utilizados.

Así, cumplida la promulgación del acuerdo relativo a la estación espacial en agosto de 2020, y ante la premura generada por los vencimientos financieros pendientes, el presidente Alberto Fernández dialogó con su par Xi Jinping en septiembre. Teniendo presente que por razones contractuales sólo podría contar con el tramo original del préstamo de 2009, que ascendería en torno a U$S 11.000 millones, cifra que en cualquier caso podría haber permitido incrementar las reservas líquidas para morigerar la brecha de ingresos externos hasta la llegada de los fondos de la cosecha gruesa en marzo último, el presidente Fernández sondeó la actitud china al respecto, aún cuando el BCRA anticipara que no se analizaba por el momento solicitar su utilización.

Al respecto, el Presidente recogió que las autoridades de la RPC exigirían que en tal caso los fondos se convirtieran directamente a pesos, sin intermediarse vía dólares. En efecto, la política del BPC se orienta a evitar cualquier aparente subordinación de su moneda al dólar, al mismo tiempo que impedir que trascienda la real cotización del RMB, dadas las fuertes críticas occidentales a su presunta manipulación. Dicha limitación obligaría entonces a nuestro país a utilizar los fondos exclusivamente vía comercio bilateral, lo cual no plantearía en principio graves dificultades para los importadores de insumos y equipos chinos, aunque resultaría particularmente gravoso para los exportadores de nuestras colocaciones agropecuarias, ya castigadas por las retenciones a nivel doméstico. No obstante, en previsión de tal circunstancia el BCRA habilitó ciertas operaciones con la moneda china.

Así, dispuso que se contará con una rueda de operaciones en el MAE (Mercado Abierto Electrónico) al mismo tiempo que se tramitarán las autorizaciones en el Rofex (Rosario Futures Exchange, ex Mercado a Término de la Bolsa de Rosario). Así, el mayor mercado de futuros de la RA, que cuenta con una División de Derivados Financieros donde se negocian los futuros de divisas, permitirá la compra de renminbis contra pesos -así como celebrar contratos a futuro denominados en dicha moneda- de forma de facilitar las operaciones de comercio exterior, aunque sin autorizarse la adquisición de RMB físicos para atesoramiento ni la apertura de cuentas bancarias denominadas en esa moneda.

De todas formas, la rigidez china frente al empleo de los fondos del “swap”, así como su negativa a un nuevo incremento de su monto, permitieron percibir la reticencia de la RPC a sustituir al FMI como prestamista de última instancia respecto de la deuda pendiente argentina, más allá de toda ilusión local.

En cualquier caso, al concluir el intervalo presidencial de Mauricio Macri, coincidente en gran medida con el período de la Administración Trump en EE.UU., con la subsecuente agudización de la guerra comercial, financiera y tecnólogica entre la potencia hegemónica y una China desafiante, el kirchnerismo retornó al poder incorporando a su diagnóstico inicial la certeza de que tarde o temprano la RPC ampliaría su inserción internacional en el mundo en desarrollo -y en América Latina en particular- sobre la base de proyectos de infraestructura financiados en un marco de condiciones más equitativas y potencialmente beneficiosas para sus socios menos avanzados, competencia en el plano comercial y tecnológico que ya se evidenciaba de facto desde 2018.

Dicha renovada concepción no excluía la adhesión al esquema internacional diseñado por la RPC denominado “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (“One Belt, One Road Initiative” u OBOR) -coloquialmente conocida como “Nueva Ruta de la Seda”- dirigido teóricamente a conformar un conjunto de enlaces marítimos y ferroviarios entre China y Europa a través de Asia Central.

Lanzado en 2013 con la llegada al poder de Xi, el mismo ya nuclea al menos proyectos en 139 países en el sureste y centro de Asia, Europa, Africa y América Latina (al finalizar 2019, último dato disponible), financiados total o parcialmente por la RPC, cifrando sus expectativas en cubrir 70% de la población mundial representativa del 55% del PIB global.

En rigor, el kirchnerismo especulaba con que el Presidente Macri adhiriera a la Iniciativa OBOR durante su mandato para evitarse un renovado debate político -descontando su regreso al Gobierno- en torno a las condiciones de negociación, así como eventuales reclamos posteriores por los costos financieros efectivos que conllevan los préstamos chinos.

En efecto, el Presidente Macri asistió invitado por su par chino al foro “Una Franja, Una Ruta para la Cooperación Internacional” en mayo de 2017 en Beijing, donde sostuvo que la posibilidad de que Sudamérica converja con OBOR “es una oportunidad que no queremos dejar pasar”, remarcando que la Argentina cuenta con enormes recursos para aportar al mundo en materia de seguridad alimentaria.

En tal sentido, remarcó la coincidencia con la iniciativa presentada por el Presidente Xi orientada a crear “una arquitectura de cooperación económica global abierta, inclusiva y equilibrada, que beneficie a todos”, contribuyendo a dinamizar nuestros propios objetivos de reducción de la pobreza y creación de oportunidades económicas a través del desarrollo de una infraestructura logística, energética y productiva”, que permita establecer la integración regional sudamericana para impulsar la conectividad en nuestra región como clave del Siglo XXI.

Al respecto, el entonces Presidente enfatizó que “estamos potenciando la dimensión bioceánica regional a través de un diálogo sistemático y una agenda de convergencia entre los dos principales bloques económicos de América Latina: el Mercosur y la Alianza del Pacífico”, subrayando que Argentina “es un gran productor de alimentos” que actualmente tiene capacidad para cubrir la demanda de 400 millones de individuos y que puede aumentar su producción de “manera exponencial”, previendo “duplicar dicha oferta en los próximos años” lo cual se traduce en una óptima oportunidad para aportar mayor seguridad alimentaria a los países del OBOR.

En tal sentido, en enero de 2018 culminaron las negociaciones -tras 15 años de negociaciones- de los protocolos sanitarios que permiten ampliar las exportaciones vacunas y ovinas enfriadas con hueso a la RPC, que en los últimos años se ha convertido en el principal cliente para los cortes argentinos. En efecto, hasta entonces China permitía por motivos sanitarios sólo el ingreso de carne argentina vacuna congelada y sin hueso, concentrados en cortes de escaso valor destinados a la gastronomía local.

Por el contrario, al concluir el primer semestre de 2018 se concretó la primera exportación de carne enfriada y con hueso de superior calidad y costo, destinada a suplir esencialmente la demanda hotelera y de restaurantes orientados al consumo turístico. De igual forma, se logró simultáneamente abrir el mercado chino a las arvejas y arándanos argentinos, continuando en evaluación el caso de la miel.

En cuanto a los intereses chinos, el Presidente Macri recordó que su Gobierno había puesto en marcha el plan de infraestructura “más ambicioso de la historia” junto al “Plan Belgrano”, destinado a impulsar el desarrollo social y productivo de diez provincias del norte argentino. En tal dirección señaló que los proyectos considerados incluían la construcción de 4.000 km de rutas en un lapso de cuatro años, ampliables luego a 13.000, a las cuales se adicionarían 11.400 km de autopistas y autovías, resultando beneficioso a tal efecto que Argentina ya trabajaba estrechamente con instituciones financieras chinas, previendo incorporarse al Banco Asiático de Infraestructura. En tal sentido no cabe olvidar que el grupo empresarial de la familia Macri mantuvo -bajo la conducción de su padre- estrechos contactos comerciales y productivos con la RPC.

Por su parte, cabe clarificar que desde su puesta en marcha en 2014 la RPC ha invertido casi U$S 740.000 millones en proyectos enmarcados en el OBOR, de los cuales U$S 700.000 millones corresponden a préstamos financieros asociados a los mismos, mientras las exportaciones chinas vinculadas a la mencionada iniciativa avanzaron hasta U$S 560.000, cubriendo diez sectores prioritarios del esquema, entre los cuales se destacan la energía, el transporte y la construcción. Así, aún cuando la RPC ya constituía un acreedor sustantivo de los 52 principales países adheridos originalmente en 2014 al BRI, hacia 2019 había duplicado sus préstamos, superando en muchos casos al total del financiamiento oficial recibido por dichos países desde otros orígenes, igualando incluso los niveles provistos por el Banco Mundial.

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De esta forma, el endeudamiento comprometido por algunos de estos países (por ejemplo, la República del Congo, Djibouti y Angola, entre otros) hacia China como porcentaje de su propio PIB se ha incrementado sustantivamente, mientras que los principales deudores en términos nominales (al cierre de 2019, último dato disponible) se encontraban encabezados por Pakistán (U$S 20.000 millones), Angola (U$S 15.000 millones), Kenya (U$S 7.500 millones), Etiopía (U$S 6.500 millones y Laos (U$S 5.000 millones), todos países de elevado riesgo crediticio, al igual que Irán (U$S 30.000 millones) y Venezuela (U$S 24.000 millones).

De allí que cabe prever que muchos de ellos enfrenten severas dificultades para el servicio de la deuda china en el período 2021-2024, situación que la política exterior de la RPC aprovecha en su beneficio para lograr sus objetivos locales, tal el caso de Djibouti y Kenia, entre otros. Al respecto cabe destacar que mientras la RPC se esfuerza por mejorar las condiciones de sustentabilidad de sus países deudores carece hasta el presente de una política comprehensiva de alivio o reducción de la deuda, la cual sólo ha aplicado al 2% de sus acreencias. Ante esta perspectiva muchos países afiliados al OBOR observan con preocupación el eventual carácter “neocolonial” que pudiera derivar de una denominada “trampa de la deuda” incurrida para lograr financiar los proyectos de infraestructura diseñados en el marco de la iniciativa.

En efecto, la mayor parte de los contratos crediticios chinos contienen lo que se denominan cláusulas de "no Club de París" (del que la RPC no forma parte), las que comprometen expresamente al prestatario a excluir la deuda con China de cualquier reestructuración por parte de dicha organización de acreedores bilaterales oficiales, lo que le reserva entonces de facto una prioridad para su reembolso. De igual forma, los créditos chinos para la concreción de obras en el marco del OBOR incluyen cláusulas de “incumplimiento cruzado” para el conjunto de créditos adeudados ante el impago respecto de cualquiera de ellas, así como ante cualquier acción considerada adversa a los intereses de la RPC.

De tal forma, así como el Plan Marshall modeló las relaciones de EE.UU. con sus aliados de posguerra, Xi apunta a que su macroproyecto de infraestructura y transportes defina los vínculos de la RPC en la era global del Siglo XXI con los estados vecinos del Sudeste Asiático y Rusia, llegando a través de la misma a Europa Oriental y Occidental, como respuesta a las presiones comerciales de los EE.UU. -así como su acción estratégica en el Pacífico- que percibe como una injerencia en su zona de influencia.

De esta forma, el OBOR confronta dos visiones del comercio internacional, aspirando la RPC a constituirse en una alternativa al modelo neoliberal del Fondo Monetario Internacional (FMI) por vía de un fuerte intervencionismo estatal. De esta forma pretende ejercer un “poder blando” que la permita influir sobre el manejo de las corrientes internacionales, ejerciendo un liderazgo consecuente con sus dimensiones, población y poderío económico. Para ello pretende llegar a América Latina, Africa y Oriente Medio por vías marítimas controladas por sus empresas estatales, lo cual conlleva la instalación de puertos comerciales y bases militares y en los Océanos Pacífico e Indico, como aquella establecida en Djibouti. En efecto, en 2017 la RPC emplazó en dicho país -pequeña excolonia francesa en el Cuerno de Africa, donde los propios EE.UU. ya disponen de una base- su primera base militar en el extranjero.

Al respecto, los medios chinos informan que dicha instalación de ultramar coordinará operaciones humanitarias y misiones de los Cascos Azules, aunque no se descartan maniobras de cooperación militar en un punto estratégico para el comercio mundial, indicio de la expansión global de las fuerzas militares chinas con el objeto de proteger sus rutas comerciales, contemplando sus importantes inversiones en destinos como Libia y Yemen.

Al margen de los instrumentos hasta ahora citados, cabe recordar que desde la suscripción del “Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en materia de Comercio e Inversión” de 2004 y el inicio del “Plan de Acción Conjunta” conformado en 2014 se inauguró en nuestro país un vasto listado de proyectos de inversión valuados inicialmente en U$S 30.000 millones -muchos de los cuales han sido iniciados- incluyendo masivas adquisiciones de equipamiento (ferroviario y bélico, entre otros), y construcción de obras de infraestructura por contratación directa (túnel y ferrovía al Pacífico, reestructuración de la red de las líneas San Martín y Belgrano Cargas, gasoducto desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, central nuclear Atucha III en Zárate, diques de generación eléctrica en la Provincia de Santa Cruz -Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic-, y Neuquén (Chihuido), túnel y ruta de conexión bioceánica vía Chile, etcétera), contando con financiamiento mixto, chino o de organismos multilaterales.

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Asimismo, se planteó un programa para instalar en sociedad con productores domésticos una amplia red de criaderos de cerdos para el posterior abastecimiento de la propia China, cuyo stock porcino resultara particularmente afectado por un severo brote de gripe aviar que ya lleva varios años.

Simultáneamente, la presión de la RPC se extiende vigorosamente a la obtención directa de contratos de gran envergadura en el área de comunicaciones (sistema 5G) y transporte (concesión del dragado y operación de la Hidrovía Paraguay Paraná) y oferta para la radicación en Comodoro Rivadavia de un astillero destinado a proveer reparaciones y abastecimiento a los buques extranjeros que operan “más allá de la Milla 201” capturando langostinos. Dicho proyecto involucraría asistir logísticamente a las principales flotas depredadoras de la fauna ictícola argentina en el Atlántico Sur, aspecto que el Gobierno de Chubut reconoce haber dejado en manos de la Nación. Finalmente, la lista de principales propuestas se cierra con la eventual radicación de una base de procesamiento pesquero en Puerto Madryn( paradójicamente destinada a procesar materia prima proveniente de nuestros propios recursos marinos) completando así un paquete tan vasto que requeriría un análisis detallado, el cual excede esta nota.

No han resultado ajenos a este amplio listado los persistentes rumores acerca de la conformación de un “polo logístico” en Ushuaia destinado a aprovisionar servicios, alimentos, y otros rubros, así como traslado de personal científico a todas las bases en la Antártida, demandando una inversión inicial de U$S 50 millones. El mismo se radicaría en el predio de una base de la Armada, que ya cuenta con una oferta china para su desarrollo inmediato, confirmada por el Ministro de Defensa de la RPC en una reciente visita al país. Al respecto no cabe descartar que dicha instalación por parte china resultara clave para Beijing en su posicionamiento geopolítico ante el futuro debate mundial sobre la explotación de recursos en la Antártida, teniendo en cuenta que su base militar en Djibouti también es calificada como “centro logístico”.

En este contexto, la pandemia contribuyó en buena medida a promover las aspiraciones chinas, ya que la imperiosa necesidad doméstica de contar con vacunas y equipamiento sanitario fue aprovechada por las autoridades de la RPC para presionar en favor de cada uno de sus intereses bilaterales, bajo lo que internacionalmente se ha bautizado como “diplomacia del barbijo”, estrategia aplicada por China a nivel mundial.

Finalmente, como corolario de las casi dos décadas de acometida de la “Carta China” la estrategia reseñada alcanza su plenitud con la designación como Embajador ante la RPC de Sabino Vaca Narvaja, nombramiento originalmente atribuido por muchos analistas al impulso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con quien mantiene un vínculo familiar en tanto hermano de Camilo, padre de su nieta. Sin embargo, sin subestimar esta decisiva vinculación no debe omitirse que se trata de un joven sinólogo, cooptado oportunamente por el sistema chino en el ámbito político-cultural del Instituto Confucio, como permitió corroborar el otorgamiento de su “placet” por las autoridades chinas previo a que el Senado de la Nación prestara acuerdo a su pliego. Así, cabe suponer que su expeditiva aceptación por las autoridades chinas deriva de su evidente admiración por el posicionamiento internacional de la RPC, reflejada entre otras publicaciones en su libro "China y su relación con EE.UU.: ¿declive de un imperio y nacimiento de otro?".

Por otra parte, el nuevo titular de la representación en China se encontraba ya en Beijing desde mediados de 2020 ocupando el puesto de “Representante Especial para la Promoción Comercial e Inversiones”, cargo inexistente en la grilla del Servicio Exterior de la Nación, y por ende en clara vulneración de su normativa. Sin embargo, las competencias que le fueran asignadas -no obstante su formación académica en Ciencia Política- permiten concluir que su responsabilidad esencial consistía en el impulso y supervisión de todas las acciones antes detalladas en el marco de la “Carta China”, atribuyéndosele inclusive haber presuntamente gestionado la renovación del “swap” en 2020.

Como corolario de esta reseña puede concluirse que la corriente “kirchnerista” ha logrado en menos de dos décadas una clara inserción en el marco de la política internacional promovida por la RPC, resultante de su apuesta a la arriesgada “Carta China”, tendencia que sorprendentemente el intervalo del Presidente Macri no rectificó. Solo cabe ahora especular en torno a que la visita pendiente del Presidente Fernández a Beijing para comienzos de 2021, inevitablemente postergada, no culmine con la adhesión al programa denominado “Un cinturón, una ruta”, o incluyendo negociaciones sobre la Hidrovía Paraguay Paraná, e inclusive en torno al “polo logístico” en Tierra del Fuego, en cuyo caso nuestra política exterior completaría su alineamiento con el proyecto global de la RPC en su carácter de desafiante a la hegemonía mundial. Hasta entonces resulta posible que muchas de las expectativas chinas en nuestro país ya puedan encontrarse encaminadas, restando su análisis detallado para futuras notas.

(*) Embajador

El actual artículo es la secuela de La artificiosa “Carta China”

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