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Semilleros criticaron el proyecto del Gobierno

02 septiembre de 2016

En medio de una fuerte polémica, el martes el Gobierno Nacional presentará ante la Comisión Nacional de Semillas (Conase) su anteproyecto de ley de semillas. Lo hará dos semanas después de dar a conocer los lineamientos generales en la provincia de Córdoba, durante un encuentro sobre soja y sustentabilidad que contó con la presencia de funcionarios y dirigentes del sector agropecuario. En esa oportunidad, se dejó en claro que el Instituto Nacional de Semillas (Inase) será el único organismo con potestad para autorizar y validar métodos de control por el uso de la propiedad intelectual, con el objetivo de poner fin a una problemática que se desató tiempo atrás cuando Monsanto comenzó a cobrar regalías a los productores en las terminales portuarias en forma ilegal. Con la aprobación de importantes entidades del agro como CRA y Sociedad Rural, la idea oficial parecía avanzar a pasos firmes para ingresar al Congreso sin muchas vueltas.

Entre otros puntos, el borrador del texto apuntaba a que el canon incluya todos los conceptos por los derechos sobre la semilla y sus productos derivados, así como también el acotamiento del uso propio, dado que se propone mantener la gratuidad a quien desee guardar parte de su producción para volver a usar la semilla con excepción de las variedades reproducidas durante las tres primeras campañas posteriores a la compra, salvo que se utilice en forma incremental. Los que estarían exentos serían los agricultores familiares, los pueblos originarios y los productores que facturen menos de la suma de tres monotributos de la máxima categoría, es decir, $ 1.800.000.

Lo que faltaba era la palabra de la industria, que salió ayer a exigir más debates enfocados en las cuestiones técnicas antes de girarlo al recinto, donde se analizarán también los temas políticos. “Solicitamos que se abra una instancia de diálogo para debatir en la Conase. Avanzar con una ley sin consensos es retroceder en los avances que dimos en esta campaña”, expresó el gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, en el marco de las reuniones del G20, en China.

Paseyro denunció que el Ministerio de Agroindustria aún no compartió el proyecto con el sector, algo que sorprendió y molestó profundamente a ASA, que agrupa a una buena parte de la actividad “Como actores fundamentales, reiteramos nuestro pedido de ser incluidos en la discusión y desarrollo de estos procesos. Estamos comprometidos a colaborar en el consenso para contar con un marco legal superador al actual, que rija para los próximos veinte años y no sea una solución coyuntural, sino que promueva la inversión y desarrollo del sector. Lamentablemente lo trascendido hasta el momento no indica que Agroindustria esté proponiendo estas acciones”, expresó.

Paralelamente, Paseyro criticó al Inase al afirmar que “cualquier toma de decisiones en políticas públicas debe basarse en datos duros” que la industria no posee, ya que la institución aún no está del todo consolidada. “Necesitamos saber qué información surgió del Inase para saber en base a qué se toman determinados parámetros de la ley. ¿Pudo el Inase determinar a través de la Resolución 187 cuánta semilla legal y cuánta ilegal hay en esta campaña, o quién cumple y quién no cumple?”, se quejó.

“Una ley de soja no es una ley de semillas que permita hacer crecer al resto de la industria semillera integrada por las hortícolas, legumbres, maní, y el resto de los cultivos que crecen en la Argentina”, disparó el empresario, al tiempo que advirtió que preocupa el riesgo de que se impulsen iniciativas que puedan afectar los derechos constitucionales o que violen los tratados internacionales.

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