Por Analytica
El domingo, Alberto Fernández comienza a plebiscitar su gestión, en el primer round previo a las elecciones generales de noviembre. La evolución de la actividad económica, en particular del poder adquisitivo, como siempre impactará en la decisión de voto. Cuánto es difícil saberlo, pero en el Gobierno prevalece la idea de que la economía, si no suma, al menos no resta demasiado en el cuarto oscuro.
Cuando este domingo los votantes pongan en la balanza su poder adquisitivo respecto de las últimas PASO (en agosto de 2019), en su gran mayoría van a notar una fuerte caída. El resultado surge de un estudio que realizamos en Analytica para los principales aglomerados urbanos en base a la evolución de los precios de 50 bienes y servicios desde 2013. El objetivo es reflejar en forma palpable la pérdida de poder de compra de los ingresos en ocho años en términos de consumo de alimentos, electrodomésticos, tarifas, autos o vivienda propia o alquilada.
En la región más rica del país, como es la Ciudad de Buenos Aires, el ingreso promedio de un trabajador formal de 40 años cayó 28% en términos reales respecto de las últimas PASO. Este menor poder de compra se refleja, por ejemplo, en que antes su salario podía comprar 196 kilos de asado y ahora casi la mitad (109 kgs), o 1.035 litros de leche en sachet y hoy 894.
Más allá de la caída generalizada en el poder de compra, ciertas particularidades en algunos servicios, además, hacen que la situación sea aún peor. Si bien el Gobierno buscó reducir la proporción de los ingresos que se destinan a alquilar una vivienda a partir de la nueva Ley de Alquileres, en vigencia desde julio del año pasado, claramente no lo logró. Siguiendo con nuestro ejemplo, el pago de un alquiler de un departamento de tres ambientes de 70m2 en el barrio de Caballito se cubría con el 49% del ingreso medio de un adulto de 40 años en CABA en 2019, y hoy requiere el 81% de ese ingreso.
La sentencia es evidente: los trabajadores están peor que hace dos años. Pero en el medio pasaron cosas. Entre agosto de 2019 y su salida del Gobierno, la gestión de Mauricio Macri depreció 32% el peso y desde marzo de 2020 entró a escena el Covid.
En paralelo a esta dinámica compleja en el poder de compra, se observa que tanto la industria como la construcción ya se ubican por encima de los (magros) niveles de 2019, en la prepandemia. Estos sectores recuperaron puestos de trabajo, otro elemento decisivo al momento de ir a las urnas.
Cada votante entonces ponderará de diferente manera la responsabilidad de cada coalición electoral en la fuerte pérdida de poder adquisitivo y empleo. Pero es evidente que ninguna logró reducir la inflación. Elevada y estable por encima del 40%, no hay transferencias de ingresos o políticas de empleo que logren recomponer los salarios reales.
Inflación: una anatomía compleja de desarmar
En una muestra más de sus habituales giros violentos, la economía argentina pasó de un régimen de tipo de cambio con flotación libre y flexibilidad absoluta en el ingreso y salida de divisas a un férreo control de cambios. Este cambio de régimen cambiario que se instaló desde fines de 2019 genera una significativa concentración de la inflación mensual respecto de su valor central. Sin embargo, de no modificarse ciertas condiciones básicas, promete perpetuar una inflación alta y estable en el tiempo, más allá de una cierta desaceleración estos meses.
Al intentar evitar fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, el cepo interrumpió un peligroso proceso de aceleración inflacionaria y redujo sus valores extremos, como ocurrió en 2018 y 2019. A la vez, disminuyó la dispersión en la tasa de inflación de un mes al otro, por menores oscilaciones en los precios relativos (en especial, tipo de cambio), tendencia que reforzó el congelamiento de las tarifas. La pandemia jugó su parte, al desplomar a la mitad la inflación durante los primeros meses.
Sin embargo, dadas las fuertes restricciones para generar dólares, no parece factible el retorno inmediato a un régimen de plena flexibilidad cambiaria. En consecuencia, la anatomía actual de la inflación se consolidará.
Esta menor volatilidad mensual de la inflación producto de los controles de cambios exige de una mayor dureza fiscal y monetaria para atacar el fenómeno, y a la vez estrategias que lidien con la inercia y las expectativas. En concreto, estabilizar los precios desde una inflación consolidada como la actual requiere, además, acuerdos políticos de múltiple espectro (con empresarios, con sindicatos, con movimientos sociales) y cierto grado de reformas estructurales que complementen la política económica.
En el gráfico se refleja una distribución de la tasa de inflación medida en meses en tres períodos cambiarios: el primer cepo, impuesto por CFK (octubre 2011-diciembre 2015), la flexibilidad cambiaria de la era Macri (2016-agosto 2019) y el segundo cepo, reinstalado por el propio Macri en setiembre de 2019 y continuado hasta hoy.
En el primer cepo la inflación se concentró fuertemente en el 2% mensual (29 meses) y algo menos en el 3% (11 meses). Cuando la gestión pasada flexibilizó el tipo de cambio la inflación estuvo girando en torno del 3%, dándose además una mayor dispersión, con tasas que llegaron al 8,4% en abril de 2016.
Con el nuevo cepo de setiembre de 2019, la ausencia de grandes cambios en los precios relativos hizo que la distribución se achate y muestre menos valores extremos y más bajos (4,8% en marzo pasado).
En el corto plazo, el acuerdo con el FMI implicará seguramente ciertas correcciones de precios relativos, por lo que la distribución de la inflación puede volver a registrar extremos como los del período de flexibilidad cambiaria, y un nuevo corrimiento hacia la derecha de la distribución, quizás pasando de la zona del 3% al 3,5% (valores anualizados de 40% y 50%, respectivamente). Finalizada la etapa de reacomodamiento, no será posible volver a un régimen sin restricciones ya que la etapa fácil de emisión de deuda pública en los mercados externos está agotada.
Tengamos en cuenta que, al momento de asumir Macri, Argentina llevaba casi quince años de estar fuera de los mercados de deuda. Al finalizar el mandato de Fernández, llevaría apenas seis. Esto implica que, ante una recuperación de los precios de los activos y, teniendo en cuenta la ya elevada tenencia de valores nominales de los principales operadores de títulos de deuda local, la participación argentina en las carteras de inversión volvería rápidamente a los niveles observados en 2017, o sea sus máximos.
Manteniendo los controles de cambios y una vez superados los impactos de precios asociados al acuerdo con el FMI, la inflación se comportaría en línea con lo observado en estos últimos dos años, incluso con menor dispersión. A la hora de proyectar la nominalidad, son buenas noticias. Desde ya, creemos que el principal objetivo del Gobierno debería ser acelerar el desplazamiento hacia la izquierda de la distribución de frecuencias de la tasa de inflación.
