Perú: la moderación inicial del presidente frente a la radicalización de su entorno

El presidente trata de evitar la puja, pero la situación se torna insostenible. Los precios de los alimentos suben, la moneda se deprecia y las cotizaciones bursátiles caen.

13 de septiembre, 2021

Perú: la moderación inicial del presidente frente a la radicalización de su entorno

 Por Luis Domenianni

El presidente Pedro Castillo no arrancó con el pie derecho su mandato al frente del Ejecutivo peruano. La designación de su controvertido gabinete redujo sensiblemente el apoyo popular a su figura, al punto de resultar el mandatario con menos opiniones favorables en el debut de su mandato desde hace 20 años.

En efecto, solo 38% de los peruanos apoyan al flamante jefe del Estado. Tres son los casos de mayor polémica dentro de un gabinete ministerial que ya luce por demás heterogéneo entre los funcionarios que responden al presidente y los que se consideran depositarios de una designación de Perú Libre, el minoritario partido de Gobierno.

Perú Libre es una formación de extrema izquierda que encabeza Vladimir Cerrón, un político calificado de dogmático e intransigente quien ya previno a su protegido Castillo que “cualquier disidencia es una traición”. 

No son pocos los ministros “puestos” por Cerrón. En primer lugar, el propio primer ministro Guido Bellido, apuntado por una investigación judicial por el delito de apología del terrorismo por sus declaraciones favorables a Sendero Luminoso, la organización terrorista que mantuvo al país en vilo mediante acciones armadas en las décadas de 1980 y 1990.

Bellido recibió, además, una demanda por agresión verbal contra una diputada cuando le dijo “lo único que falta es que te hagas violar”, declaraciones que niega.

Si con el primer ministro no basta, se agrega entonces el ministro de Relaciones Exteriores, el exguerrillero de 85 años, Héctor Bejar. Finalmente, debió renunciar tras la salida a luz de sus declaraciones del 2020 cuando, sin prueba alguna, acusó a la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) de “haber creado, en gran medida, a Sendero Luminoso”.

Ahora es el turno del ministro de Trabajo, Iber Maradi, atacado por ocultar su pasado como miembro de Sendero Luminoso, acusación que Maradi desmiente.

De momento, el presidente trata de evitar la puja mediante el intento de concentrarse en las cuestiones urgentes como la pandemia o la economía. Pero, la situación se torna insostenible. Los precios de los alimentos suben. La moneda se deprecia. Y las cotizaciones bursátiles caen.

Si las encuestas muestran una caída importante del apoyo al presidente, evidencian un rechazo casi total al gabinete. El 80% de los consultados considera que el cambio debe ser inmediato.

Mientras las elecciones presidenciales evidenciaron una sociedad dividida, el gabinete de Castillo parece unir a la ciudadanía en su contra.

Las elecciones

El presidente ganó la elección con tan solo 44.263 votos en un país que cuenta con algo más de 33 millones de habitantes. Porcentualmente, en segunda vuelta, Pedro Castillo -como se lo designa habitualmente- alcanzó 50,12% del total de votos válidos contra 49,87% de su rival, Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente, Alberto Fujimori.

Sin duda, el resultado electoral indicado constituye una de las condicionantes para el devenir del nuevo Gobierno que asumió el 28 de julio. El nuevo mandatario sabe que solo cuenta con el aval de la mitad del electorado y con el rechazo de la otra mitad. Claro que todo puede cambiar, a favor o en contra. De momento, presidente nuevo y país fraccionado.

Ese fraccionamiento es aún bastante más grandilocuente si se echa una mirada sobre la composición del Congreso Nacional. Si bien el partido del presidente Castillo, más una formación aliada, conforman la primera minoría, se trata de una primera minoría reducida a 42 legisladores sobre un total de 130 asientos.

Con representación parlamentaria figuran nueve partidos, muestra de la heterogeneidad del arco político peruano. En término de sufragios en todo el país, el partido más votado en la previa elección legislativa fue Acción Popular, el agrupamiento centrista que fundó, en 1956, el expresidente Fernando Belaúnde Terry, con poco más de un millón y medio de votos.

Si la exigua mayoría de votos y la delgada primera minoría parlamentaria condicionan al nuevo gobierno, el qué hacer con la candidata derrotada no deja de ser un problema de extrema gravedad.

Y es que Keiko Fujimori, derrotada tres veces en su intento por llegar a la presidencia, es objeto de persecución judicial por su supuesta vinculación con las coimas que fueron pagadas por la empresa brasileña Odebrecht para la adjudicación de obras públicas. Pero, a la vez, fue votada por la mitad del electorado. Todo un problema para la estabilidad del Gobierno de Castillo.

Para los analistas políticos, el triunfo del ahora presidente Castillo no se debió a un voto por él, sino contra Keiko. Estiman que, al menos, una tercera parte de sus votantes lo hizo motivado por “la necesidad” de impedir la llegada de la hija del expresidente preso.

A su vez, consideran que la mitad de los votos de Fujimori provienen de la decisión individual de impedir la llegada al poder del radicalizado -antes de las elecciones en primera vuelta- Castillo.

Aquí radica otra dificultad. En primera vuelta, quienes sufragaron por el presidente Castillo, totalizaron 18% del electorado. Son el núcleo duro, pero un núcleo duro radicalizado y, a todas luces, insuficiente.

Con criterio, el candidato después triunfante morigeró sus posiciones entre las dos vueltas electorales, llamó a todos y habló de unidad e integración. Convenció a 32%, pero dejó un sabor amargo en el 18% que lo apoyó de entrada. Un 18% siempre listo para la movilización callejera de protesta. El que responde a Vladimir Cerrón.

El presidente

Próximo a cumplir 52 años de edad, el nuevo presidente aficha entre sus ocupaciones la de docente, “rondero”, dirigente sindical y político. “Rondero” viene de ronda que se trata de la organización comunal de autodefensa frente a la inseguridad rural, en particular frente al delito de abigeato.

Fueron las carencias del Estado peruano en materia de seguridad, las que dieron marco a la organización campesina. En la década de 1980 con el auge de la guerrilla maoísta, Sendero Luminoso y el Movimiento Tupac Amaru, las rondas cumplieron un rol en la lucha contra el terrorismo. También cometieron abusos al tomar justicia por sus propias manos. 

El presidente Castillo no solo fue “rondero” en su juventud. También llegó a ejercer un rol de dirigente nacional de las rondas. El punto es importante porque, en definitiva, la ronda no es otra cosa que un reemplazo del Estado desertor de sus funciones. Por tanto, un punto que el nuevo presidente conoce a la perfección.

El conocimiento público del dirigente sindical Castillo ocurrió en 2017 cuando encabezó la huelga docente a nivel nacional. A posterior, alcanzó la secretaría general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de su país.

En materia de estudios, no sin muchísimos sacrificios, el nuevo mandatario alcanzó un título de bachiller en educación y otro de maestría en psicología educativa, ambos de la Universidad César Vallejo -privada- de la norteña ciudad de Trujillo. Es católico y devoto de la Virgen de los Dolores.

Y no mucho más. En rigor, producto del voto anti-Fujimori y de una mezcla de votos a favor de origen populista-izquierdista, Castillo alcanzó la presidencia del Perú. Es la síntesis de la puja actual: el mundo sindical de Castillo frente al ideológico de Cerrón.

Los desafíos por delante no son pocos. En primer término, la pandemia. Si bien el flagelo sin desaparecer, parece contenido: Perú es el país con más muertos por millón de habitantes del mundo. En ese aspecto, duplica a quién aparece segundo que es Hungría, algo más de 6.200 muertos para Perú frente a poco más de 3.000 para Hungría.

En total, los peruanos o habitantes del Perú fallecidos por coronavirus se acercan a los 200.000. Solo superados por Estados Unidos, Brasil, India y México. De su lado, la vacunación avanza, pero lentamente. Completamente vacunados, es decir con dos dosis -las necesarias para estar relativamente protegido- aparece solo algo más de una cuarta parte de la población.

Los efectos de la pandemia también, como resulta obvio, afectan a la economía. Con años mejores y años no tan buenos, el PIB del Perú muestra un crecimiento ininterrumpido desde 1998 hasta el 2019. Pero el 2020, representó un retroceso calculado en 11,1%. Otro desafío para el nuevo Gobierno.

Al jurar la presidencia, Castillo afirmó que eliminará la corrupción y que proporcionará una nueva Constitución. Este último tema resulta, particularmente, sensible. Mientras el nuevo presidente trata de mostrar moderación, la oposición alerta contra un cambio constitucional procomunista.

Al respecto, Castillo dijo y no dijo nada. Afirmó que el país no puede quedar prisionero de la actual Constitución sancionada en 1993, en épocas de la presidencia de Alberto Fujimori y que enviará al Congreso, en las próximas semanas, un proyecto de reforma para su debate y posterior aprobación vía referéndum. Bajo la actual Constitución fue electo presidente…

Respecto del Parlamento, donde la representación de su partido es, a todas luces, insuficiente, Castillo afirmó que será “necesario conciliar posiciones”. Una cuota de realismo.

La danza de presidentes

La lectura de una larga serie de datos estadísticos sobre el índice de percepción de la corrupción en el Perú debe admitirse una mejoría relativamente significativa. En 1998, la percepción era de 45, hoy es de 38, representando el puntaje 100 una casi inexistencia de corrupción y 0 lo contrario.

Sin embargo, si la serie a analizar es el ranking de corrupción por países, Perú se ubica en el puesto 94 contra el lugar 41 que ocupaba al iniciarse el ranking en 1998, según la Organización para la Transparencia Internacional.

El correlato político de la percepción de corrupción es la desconfianza creciente de la ciudadanía respecto de la llamada “clase política” y la destitución en unos casos y los procesos judiciales en otros que afectan a casi todos quienes pasaron por la Casa de Pizarro, el nombre con que se conoce el Palacio de Gobierno del Perú.

Tras un Gobierno militar que duró 12 años -entre 1968 y 1980- y que despertó simpatías en la contradictoria izquierda del continente, el Perú retomó la senda de los gobiernos constitucionales con el presidente Fernando Belaúnde Terry, el mismo presidente que había sido destituido por los militares golpistas. 

A Belaúnde Terry lo sucedió otro limeño, Alan García. Tras su segundo mandato, García cayó en las redes del escándalo Odebrecht, la empresa brasileña que pagaba coimas a políticos para ganar adjudicaciones de obras públicas. Fue un caso “in crescendo” que comenzó con funcionarios de segundo nivel y alcanzó al expresidente de la República. 

Corría el año 2019 -García había dejado la segunda presidencia en el 2011- cuando un funcionario judicial llegó a su casa para comunicarle la orden judicial de detención. García pidió un momento para ingresar a su dormitorio y hablar con su abogado. Sonó un disparo. El expresidente había cometido suicidio. Cuatro horas después fallecía en un hospital de Lima.

Alberto Fujimori, vencedor del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, fue el sucesor de Alan García. Reelecto en 1995 y en 2000, al poco tiempo de iniciado su tercer período, vieron la luz evidencias de corrupción del todopoderoso y protegido del presidente, asesor Vladimiro Montesinos.

Tras exilio en Japón y detención en Chile, fue extraditado al Perú en el 2007. Recibió condenas por homicidio agravado y por peculado doloso. Le corresponde cumplir 25 años de cárcel.

En el 2001, tras la caída de Fujimori, resultó electo el economista indígena Alejandro Toledo, natural de la región de Ancash. Once años después de dejar la presidencia, fue acusado por lavado de activos al estar presuntamente implicado en el caso Odebrecht. En 2019, fue detenido de forma preliminar por la justicia norteamericana por pedido de extradición. 

En 2011, alcanzó la presidencia por la vía electoral, un militar limeño, de 49 años de edad, el teniente coronel Ollanta Humala quién también concluyó su mandato, pero debió hacer frente a acusaciones por corrupción.

En el caso concreto de Humala se trata de la investigación por “donaciones” no declaradas hechas por la sempiterna empresa constructora brasileña -cuando no- Odebrecht para su campaña electoral, por un total de US$ 3 millones. En la actualidad, Humala es objeto de investigación penal con comparecencia restringida. 

A Humala lo siguió, en 1016, en la presidencia del Perú, el limeño economista y banquero Pedro Pablo Kuczynski, quién a diferencia de sus antecesores no logró finalizar el mandato. También lo abarcó el caso Odebrecht y también por presunto lavado de activos. Fue detenido en 2019 y actualmente cumple 36 meses de arresto domiciliario. 

Tras Kuczynski, asumió su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, para finalizar el período constitucional. No lo logró. Fue declarado incapaz moralmente tras la acusación de la Fiscalía por recibir pagos ilegales cuando se desempeñaba como gobernador de Moquegua. 

Su reemplazante, el senador Manuel Merino, natural de la norteña Tumbes, solo duró cinco días en el cargo. Debió presentar su renuncia tras la muerte de dos manifestantes que manifestaban en protesta por la destitución de Vizcarra.

Finalmente asumió Martín Sagasti quien convocó a elecciones y entregó el poder al actual presidente Castillo.

La sucesión de presidentes involucrados en presuntos delitos permite abrigar dudas sobre la estabilidad institucional del país. No obstante, y pese a todo, ni el sistema democrático parece peligrar, ni la corrupción goza de impunidad.