Por Atilio Molteni Embajador
Tras severos conflictos político-religiosos y trece meses de acefalia, el pasado 10 de septiembre Najib Mikati anunció que había logrado formar Gobierno y tenía los consentimientos necesarios para desempeñarse como Primer Ministro de Líbano.
La novedad circuló después de confirmarse las aprobaciones del Presidente Michael Aoun y del líder parlamentario Nabih Berri. De eta forma, la nación que solía ser vista como la Suiza del Medio Oriente, pugnaba por desterrar la sensación de ser tierra de nadie.
El nuevo Jefe de Estado reemplazará a Hassan Diab, quien tuvo que dejar el cargo después de la gigantesca explosión registrada en el Puerto de Beirut, en cuyas facilidades detonara un voluminoso conjunto de materiales de alto riesgo.
El incidente ocasionó centenares de muertos y enormes daños a la capital del país, hecho que con el paso del tiempo produjo una colectiva sensación de impotencia. La opinión pública también condenó severamente la negligencia oficial, cuyos servicios de seguridad fracasaron en la tarea de explicar lo sucedido y encontrar a los responsables de la catástrofe. La gente llegó a la conclusión de que todo ello constituía un irrefutable testimonio de la incompetencia terminal de la clase política.
Por si lo anterior fuese poco, el sangriento episodio se insertó en el contexto de la peor crisis económica de la historia del país. Los pilares de semejante tendencia se detectan en las estériles discusiones políticas de sus dirigentes, la indomable presencia del Covid-19 y al hecho de que 73% de su población (5,5 millones de habitantes) está por debajo de la línea de pobreza. Con el serio agravante, de que el territorio se encontró con la llegada de más de un millón de refugiados (en su mayoría provenientes de Siria) y con la irremediable pérdida del histórico status de “destino preferido de las inversiones árabes”.
El actual presidente Aoun fue electo en 2016 por un sexenio. Esa figura surge del Movimiento Patriótico Libre, cuyos líderes son de origen cristiano, pero tienen vínculos con el grupo Hezbolá (o Partido de Dios) y el Movimiento Amal, ambos chiitas, con los que forma el bloque político “8 de marzo”. Esas fuerzas controlan 68 de las 128 bancas que componen el Parlamento y mantienen intensos lazos políticos con Irán y Siria, naciones que integran el denominado “eje de resistencia” frente a Occidente.
La fuerte crisis del país hizo posible restar prioridad a las objeciones que suele tener la dirigencia política hacia la noción de adquirir o respaldar compromisos de ese carácter, debido al nivel de pobreza; la depresión económica (el PIB hoy llega a cerca de la tercera parte del nivel de los US$ 55.000 millones que había alcanzado en 2018); una tasa de inflación muy elevada; una visible escasez de productos esenciales, el colapso de los sistemas sanitario y eléctrico; una dantesca y amplia emigración de los sectores más calificados del país y la irregularidad visible en el abastecimiento de los combustibles. Todo ello supone la necesidad de establecer una “economía de guerra”.
La sensación hacia estos fenómenos no puede ser más elocuente. Para el Banco Mundial, la del Líbano es una de las situaciones económicas más catastróficas del planeta. Su profundidad es tan devastadora que dio origen a críticas al Hezbolá y a otras comunidades chiitas que constituyen una de las bases de sustentación política del país, motivo por el que todos aceptaron un arreglo transitorio con sus oponentes. Tanto que ese movimiento decidió presentarse como un plantel capacitado para traer desde Siria, en camiones, los combustibles que son necesarios para mitigar el actual desabastecimiento.
El nuevo Primer Ministro Mikati es un billonario sunita y un conocido miembro del Parlamento. Su fortuna fue generada en el negocio de las telecomunicaciones y en proyectos inmobiliarios. Esta es la tercera vez que se desempeña en el cargo, siendo el más reciente el ciclo que va de junio de 2011 a mayo de 2013.
Quienes se oponen a Mikati sostienen que representa al “establishment” político del país. Quienes apoyaron su candidatura alegan que es la persona indicada para conducir el Gobierno hasta las elecciones parlamentarias de mayo próximo, debido a que su conducción permitiría negociar con urgencia y obtener préstamos del FMI, del Banco Mundial y de otros donantes internacionales, que es la condición para poner en marcha el proceso de reconstrucción. Ello no excluye la obligación de adoptar medidas para aumentar la transparencia en un país claramente adicto a la corrupción.
Los analistas también esperan ciertos aportes de los gobiernos de naciones como Arabia Saudita y otras del Golfo, que hace años retiraron sus inversiones del Líbano por la visible influencia iraní sobre la clase política y por la pérdida de relevancia de los líderes libaneses de su confianza, como el exprimer ministro sunita Saad al-Hariri y su alianza política denominada “14 de marzo” y los sunitas del Partido “Movimiento para el Futuro”.
Tras los anuncios sobre la formación del Gobierno por parte de Mikati, la libra libanesa recuperó 30% de su valor. Esta reacción surgió, en parte, a raíz del anuncio de que serían discontinuados los subsidios que actualmente no pueden ser financiados, los que serían reemplazados por bonos alimentarios para medio millón de personas. Se supone que el nuevo Primer Ministro llevará a cabo un programa inmediato de estabilización para enfrentar los diversos problemas existentes. Quedaría para más adelante la aplicación de política orientadas a resolver los problemas estructurales e institucionales del país.
A pesar de ello, la crisis del Líbano es parte del desorden regional, pues aún subsiste la guerra civil en Siria, en la que se advierte una sustancial presencia de efectivos del Hezbolá. Desde otro costado, Israel considera la situación del Líbano como una amenaza creciente de proporciones ante la preocupación de que Irán aproveche la oportunidad de presentarse como el Estado salvador de la nación e impulse a que Hezbolá se entretenga en copar lo que queda del Estado libanés. La eventual aplicación de esta clase de conductas paralizaría la ayuda económica internacional de la que el Gobierno de Beirut depende vitalmente.
Además, los líderes israelíes suponen que el retiro estadounidense de Afganistán significa la confirmación de una tendencia al repliegue de Washington, inaugurada en los tiempos del expresidente Barack Obama. Ese enfoque consiste en asumir la idea de que Estados Unidos no debe solucionar todos los problemas globales, ni es responsable del mantenimiento del orden regional, porque es una gestión difícil y costosa, que muchas veces no tiene conexión con sus propias necesidades de seguridad. Tal política implica aferrarse a la idea de que los aliados regionales tienen la responsabilidad de crear sus propias bases de estabilidad.
El lector debe recordar que Líbano exhibe un sistema confesional, cuya estructura de poder descansa en asignar a las tres mayores comunidades religiosas, que son los cristianos maronitas, los sunitas y los chiitas, una representación proporcional. Tal definición se basa en un censo efectuado en el año 1932 y nunca fue objeto de revisión para “no romper el histórico equilibrio político del país” que, sin embargo, no impidió la guerra civil entre 1975 y 1990.
La independencia libanesa se concretó en 1943 y se sustenta en un acuerdo no escrito que se denominó el “Pacto Nacional”, cuyas reglas definen los límites de poder de las comunidades religiosas más importantes. El Pacto define las bases de la identidad del país, hecho que originó una distribución sectaria de posiciones dentro del nuevo Estado. Todo ello convierte a la República del Líbano en el único país del Medio Oriente que tiene, como pilar organizativo, la llamada democracia confesional.
