Por Atilio Molteni Embajador
Los electores mexicanos participaron, el pasado 1° de agosto, de una llamativa consulta popular convocada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (a quien todos conocen como AMLO).
Los datos disponibles indican que tal decisión respondió al supuesto interés de definir si cabe o no juzgar la conducta de quienes ejercieron la Presidencia de la República en los últimos treinta años. Según los cómputos oficiales, sólo votó alrededor del 7% de los electores habilitados, un ínfimo testimonio del núcleo que hoy dirige el país.
Los resultados
Con semejantes hechos no resultó sorpresivo que el 97% de los que acudieron a las urnas respaldaran la idea de procesar a los exmandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) involucrados en la consulta vinculante. Estos fueron Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Como es sabido, este mecanismo de participación directa se concibió con la finalidad de aprobar o rechazar una propuesta de trascendencia nacional sin complejos ni largos trámites. La regla fue legalmente consagrada en el sexenio de Peña Nieto, el antecesor de AMLO, y reformulada por este último en mayo de 2021. Las disposiciones sometidas a consulta devienen en vinculantes cuando obtienen el respaldo de no menos del 40% del universo de electores, lo que obviamente no ocurrió en el caso que se comenta. Es más, no pocos observadores sostienen, con buen fundamento, que la norma en sí supone una desnaturalizada aplicación de la justicia.
Al margen de las precedentes consideraciones, la pregunta original del plebiscito lanzado por AMLO fue observada por la Corte Suprema, órgano que actuó con visible ambigüedad al decir: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
El antedicho enunciado restó importancia a las acciones judiciales que puedan iniciarse contra quienes sean identificados como eventuales responsables, ni tampoco es claro como podrán defenderse las personas que sean imputadas.
Al día siguiente de difundirse el resultado, AMLO sugirió reducir el porcentaje de la norma del 40%, responsabilizó al Instituto Nacional Electoral por el escaso número de votantes que obtuvo su convocatoria y planteó la opción de realizar una consulta en febrero, para que sean los votantes quienes decidan si él mismo debe o no completar los tres años restantes de su mandato sexenal, el que por ahora terminaría con naturalidad en 2024.
Al ponderar estos hechos es preciso recordar que el actual mandatario fue elegido el 1° de julio de 2018 con el apoyo de una coalición encabezada por su propio Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). En esa votación el Presidente consiguió el 52,94% de los votos; el PAN (de centroderecha) sólo obtuvo el 22,50 y el PRI (que por 70 años monopolizó la vida política de México y está muy presente en el aparato estatal) sólo recibió 16,40%.
Con ese caudal, los candidatos de la coalición triunfante ganaron cinco de las nueve gobernaciones en disputa, lo que incluye la determinante elección de la Ciudad de México y la mayoría en ambas cámaras del Congreso.
Tales resultados no son casuales. López Obrador siempre se caracterizó por su perseverancia y vocación de poder. Antes de llegar al Palacio Nacional ganó, con relativa facilidad, el cargo de intendente de la megalópolis que es la ciudad de México (la que se conoce como Distrito Federal) en el período 2000-2005, en donde moderó su pensamiento de izquierda y su acción, de contenido populista, en favor de la comunidad. En adición a esas dotes, mostró una sugestiva dosis de pragmatismo hacia las iniciativas empresariales.
AMLO comenzó su carrera política incorporándose al PRI de su Estado natal (provincia) Tabasco. En 1989 decidió incorporarse al Partido Revolucionario Democrático (centroizquierda), una escisión del PRI, como reacción a la tendencia neoliberal del entonces presidente Salinas de Gortari, quien a su vez fue un continuador de los planteos de Miguel de Lamadrid Hurtado.
Con esa pertenencia intentó competir, infructuosamente, en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012. Tras sendos fracasos, en 2014 decidió organizar el Partido MORENA.
Con la experiencia recogida, orquestó su campaña presidencial apelando al cambio político, a la noción de eliminar la impunidad y la corrupción en los estratos del gobierno (vicios que atribuyó a un pacto de impunidad de las élites gobernantes y la mafia enquistada en el poder), a disminuir el nivel de pobreza de gran parte de la población, a dar una firme batalla contra la inseguridad y los asesinatos que alcanzaron dramáticos niveles por la rampante vigencia de un narcotráfico tangible y desbocado, y a pugnar por una política exterior de no intervención (la que siempre fue una nave insignia de la política exterior mexicana).
A pesar de ello, tras su accesión al poder no avanzó en la investigación de casos emblemáticos como el de Odebrecht, proyectos que parecían tener la luz verde de su predecesor Peña Nieto, ni puso en vereda a los militares vinculados con la desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa.
Ante tan apabullante y contradictoria mochila, varios analistas sostuvieron que la reciente consulta presidencial fue un simulacro para enfatizar el vigor y la influencia del pasado político sobre la actual gestión, con el indisimulable interés de ocultar la falta de un liderazgo efectivo que exhibió AMLO desde que se halla al frente el poder.
Los críticos alegan que, para recapturar el apoyo de sus partidarios y de los militares, e inclusive para torcer la atención pública de su nefasta gestión ante el Covid-19, el actual mandatario intentó crear diversas cortinas de humo.
Esos enfoques no parecen sencillos de ejecutar ante una pandemia que produjo más de 370.000 muertos y una contracción del PIB del 8,5%. Sobre todo, porque la asistencia social del gobierno a los damnificados fue muy escasa, una medida que suele vincularse con el deseo de no desequilibrar el presupuesto.
A pesar de tan intrincado galimatías, las elecciones federales y municipales de medio término que se realizaron el 6 de junio último demostraron que el gobierno de AMLO, cuya figura no estaba en la papeleta, conserva su popularidad (60%). El costo de sus errores se reflejó en el hecho de que su Partido debió enfrentar a una débil alianza de las derechas (Va por México), una fuerza que, por el momento, no tiene un programa común ni constituye una alternativa real.
Y si bien MORENA resultó la opción más votada en las elecciones de medio término, quedó clara su pérdida de diputados y su incapacidad de alcanzar los dos tercios en la Cámara Baja (de 500 escaños). Esa proporción le habría permitido llevar adelante una reforma constitucional y avanzar hacia su proyecto de “La Cuarta Transformación”, vinculándola con capítulos notables de la historia mexicana, sesgo que tendría consecuencias económicas sociales y políticas profundas.
AMLO: promesas y resultados
Al ser electo, López Obrador prometió un Gobierno en el que, por el bien colectivo, asignaría prioridad a la atención de los pobres, que eran el 49,9% de una población de 126 millones.
Sin embargo, dos años y medio después su número aumentó en 3,8 millones, por lo cual puede interpretarse que sus esfuerzos fracasaron ante la pandemia y en un ensayo de polarización política.
En la práctica, su gobierno incrementó la participación del Estado en la vida económica (se reformaron las leyes de la Industria Eléctrica y la de Hidrocarburos); fueron extendidos los programas sociales y pensiones; se iniciaron grandes obras de infraestructura (como el Tren Maya, varias refinerías y el Aeropuerto Felipe Angeles), además de brindarse apoyo a los pequeños agricultores y a la facilitación de empleo e instrucción de los jóvenes.
Hoy se suele decir que, si bien las relaciones de México con Estados Unidos siempre fueron difíciles, AMLO hizo lo posible con el objeto de complicarlas sin necesidad alguna.
Un caso destacable de sus proyectos fue la estrategia de “abrazos y no balas” con los traficantes de drogas, algo que implicó dejar de lado la llamada “Iniciativa de Mérida”, forjada mediante una cooperación de seguridad ya existente entre ambos países, la que incluye el objetivo de ayudar a los esfuerzos de México contra los grupos que trafican drogas y la criminalidad organizada, actividades que se sumaron a los problemas derivados de la inmigración, un tinglado que se agravó con los refugiados provenientes del llamado “Triángulo Norte” de América Central. Estas movidas hicieron que México se identifique en el paquete más complejo de los numerosos problemas que viene apilando Joe Biden en América Latina.
