Es más que evidente que la situación cambiaria está, como dice la literatura económica, atada con alambres. Las inquietudes sobre cómo se va a acomodar el mercado tras las elecciones está más que fundada. Hoy, el dólar oficial se mueve 1% mensual y los precios tienen un piso de 3%. “Será la apreciación cambiaria más significativa de las últimas 5 elecciones de medio término”, dice Víctor Ruilova en el último informe de Econviews. Hoy, agrega, el oficial está entre 8 y 9% más bajo que en diciembre de 2020 “y, en los próximos meses, con un crawling peg que seguirá al 1% y con una inflación que se resiste a perforar el 3% mensual, la competitividad se erosionará en al menos otro 2 o 3%”.
El atraso en diciembre llegará a ser de casi el 12%, “y hubiese sido más de no tener la inflación americana más elevada desde fines de los '80”.
Ese atraso explica apenas una parte de las inquietudes cambiarias poselectorales. Si el BCRA tuviera decenas de miles de millones o Argentina tuviera acceso al mercado o flujos de divisas por otros lados, ese atraso quizás se podría financiar. No es el caso.
Esa amarra, dice Ruilova, “deberá soltarse ya que la necesidad de fortalecer las reservas internacionales es imperiosa”. Tras un primer semestre positivo (supercommodities y supercepo, mediante), hoy el BCRA administra la escasez, con regulaciones crecientes, para pilotear el invierno cambiario. Las últimas buscan “ponerle un techo le estaba implicando una factura creciente”. El escenario hacia adelante es difícil de prever, y el cálculo incluye variables como la liquidación de agrodólares o la demanda minorista.
“Tendremos que acostumbrarnos a un BCRA cerrando ruedas con posición consolidada (intervención en el mercado oficial y en el financiero) vendedora. Esperamos que las reservas netas cierren el año en US$ 5.300 millones, más de US$ 1.000 millones por debajo del stock actual”, dicen desde Equilibria.
La foto actual muestra un stock de reservas netas en torno a US$ 6.400 millones, unos US$ 3.100 millones por encima del cierre de 2020, pero US$ 1.500 millones menos que a mediados de julio.
“¿Por qué estamos tan seguros de que la amarra cambiaria se soltará?”, pregunta Econviews. “Por el acuerdo con el FMI o, mejor dicho, porque hay que pagarle al FMI. Hasta marzo de 2022 se necesita desembolsar casi US$ 12.000 millones entre Club de París y FMI, que no llegan a ser cubiertos con la suma de las actuales reservas netas y la asignación de DEG que llegarán hoy”, dice Ruilova. El grueso de esos compromisos están ubicados en el inicio de 2022 y “esta vez no habrá un pago cash, habrá que renegociar”.
Con la inexorabilidad de un programa con el FMI en el corto plazo (posiblemente en el verano), “uno anticipa que, entre otras cosas, habrá un pedido de parte del board para reducir la brecha cambiaria y acumular reservas”. Así, concluye el reporte, “todos los caminos apuntan a una corrección del tipo de cambio nominal”.
Tres motivos
Detrás de esa necesidad, hay tres motivos: una tiene que ver con la oferta de divisas y las otras dos con las potenciales demandas.
En primer lugar, el panorama internacional es favorable pero puede complicarse. Si bien los precios de las commodities siguen altos, la soja está 18% abajo desde el pico que alcanzó en mayo pasado y, con la futura suba de tasas de la Fed, puede seguir en baja. Brasil está creciendo a un buen ritmo, pero el año que viene hay elecciones, y la incertidumbre de un clima cada vez más enrarecido puede jugar muy en contra.
En segundo lugar, está la apertura de fronteras, que está cada vez más próxima de efectivizarse y, con ella, la posibilidad de que el déficit de turismo se ensanche. No sobran dólares para que el veraneo en las playas del extranjero sea una opción “barata” para los argentinos.
Por último, algo más estructural, es que la “protección cambiaria” que requieren los sectores menos competitivos, mano de obra intensivos, es alta. Sin ella, la importación es más atractiva, algo que demandaría divisas e impactaría negativamente sobre el mercado laboral.
Por el lado de la demanda resurge un viejo conocido: el desequilibrio energético. Todavía está agazapado (US$ 511 millones en los últimos 12 meses), pero que en 2021, dice Econviews, “se seguirá ampliando por un tiempo más y casi con seguridad superará los US$ 1.000 millones este año, con importaciones de gas que excederán los US$ 2.500 millones tanto vía Bolivia como a través de los barcos regasificadores de Escobar y Bahía Blanca”.
“Con ese panorama en la cabeza, esperamos que el tipo de cambio siga operando como un ancla hasta noviembre inclusive, pero luego el deslizamiento empezará, primero con premura, para retornar al promedio de competitividad posconvertibilidad, y luego con mayor gradualismo, apuntando a revertir todo el retraso que el tipo de cambio real sufrió en 2021”, proyectan. ¿En números? “Esperamos que en 2021 el dólar cierre en $107 (+27%), mientras que para 2022 proyectamos una cotización de $171 (+60% interanual)”, proyectan.
Resulta complejo imaginar un escenario de desinflación sustentable con esos números, y la necesidad de ajustar otros precios pisados, como las tarifas.
Resulta complejo imaginar, también, un escenario de menores restricciones cambiarias. Como señala Ecolatina en un informe difundido ayer, “el control de cambios habría llegado para quedarse algunos años más”.
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LOS DATOS
US$ 494 millones
Durante la “temporada alta” de liquidación de agrodivisas, el BCRA pudo comprar reservas a un ritmo promedio diario de US$ 68 millones, e intervino en los mercados de bonos por un promedio diario de ventas de US$ 5 millones. En promedio, cerraba las jornadas con una posición compradora neta de US$ 63 millones. Pero esta tendencia comenzó a darse vuelta a mediados de julio. En particular, durante la última semana del mes pasado el BCRA vendió en total US$ 494 millones
US$ 200 millones
El dólar “solidario” sigue ubicándose por debajo del dólar informal: la brecha (12 puntos) es la más amplia desde principios de año. Por esta razón, dice Equilibria, dolarizar portafolios en el MULC volvió a ser atractivo para ahorristas minoristas, y podría costarle al BCRA entre US$ 100 y US$ 200 millones mensuales.
