El Gobierno tiene margen para volcar $170.000 millones hacia la construcción y la obra pública

20 de agosto, 2021

El Gobierno tiene margen para volcar $170.000 millones hacia la construcción y la obra pública

Por Agustín Maza 

Argentina transita la recta final para las primarias que se celebrarán el próximo 12 de septiembre mientras que las legislativas que tendrán lugar el 14 de noviembre. En ese marco, el Gobierno buscará darle impulso a la economía mediante la construcción, la obra pública y los planes de vivienda. Estas actividades tienen un rápido impacto en la actividad y la generación de empleo.

Teniendo en cuenta las últimas ampliaciones presupuestarias para los Ministerios de Obras Públicas y Desarrollo Territorial y Hábitat, el oficialismo cuenta con la posibilidad de inyectar $169.640,2 millones a la construcción. A esto se suma que las obras privadas siguen en recuperación impulsadas por la brecha cambiaria.

Esta información surge a partir de la ejecución presupuestaria por jurisdicción que releva el Ministerio de Economía. Según los últimos datos, Obras Públicas ejecutó el 57,4% de los $288.163,5 millones que tenía presupuestado. Esto significa que la cartera que dirige Gabriel Katopodis todavía cuenta con un margen de $123.802,9 millones hasta fin de año.

Por su parte, Desarrollo Territorial y Hábitat utilizó 60,4% de los $115.936,7 millones que tenía de crédito para el ejercicio 2021. No obstante, el ministro Jorge Ferraresi tiene para gastar $45.837,3 millones en la construcción de viviendas hasta el 31 de diciembre. 

Llegar al territorio

Asimismo, el secretario de Obras Públicas, Martín Gill, destacó ayer la reactivación de los proyectos bajo su área, con cerca de 1.000 obras en ejecución en todo el país junto con los municipios. Asimismo, el funcionario resaltó que hay 500 obras que se “están evaluando” y se pondrán en marcha “en los próximos meses”.

En ese sentido el Gobierno también activó un “plan de resiliencia” que implica una inversión de $68.868 millones con un refuerzo presupuestario de $28.000 millones para obras públicas de rápida ejecución que generen mano de obra intensiva y local. Las jurisdicciones beneficiadas serán las más afectadas por la pandemia y la crisis económica. 

En concreto, las obras se centrarán en cinco grandes conglomerados urbanos: Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran San Miguel de Tucumán. Se ejecutarán obras de consolidación urbana tales como pavimentos, cordón cuneta, desagües pluviales y pequeñas obras de arquitectura de rápida ejecución.

Con este esquema, el oficialismo prevé generar, entre directos e indirectos, 40.000 empleos en dichas ciudades donde se pondrá foco en los municipios más afectados. Esto responde también a la intención de generar un alivio económico en lugares donde la recuperación de la economía todavía no se siente y están viviendo una situación crítica. 

Construcción

Estas medidas apuntan también a sostener la actividad de la construcción que en junio revirtió cinco meses con variaciones mensuales a la baja y tuvo un crecimiento del 6,8% respecto a mayo. El Gobierno espera que este rubro, junto a la industria, sea una punta de lanza para sostener la recuperación.

En tanto, los datos adelantados de julio son optimistas en cuanto a un sostenimiento del repunte. Los despachos de cemento tuvieron el mejor julio desde 2015 y el Indice Construya, que nuclea la actividad de las grandes empresas del sector, se ubicó el mes pasado cerca de los máximos históricos de 2013, 2015 y 2017, y 21% por encima del promedio de 2019.

Las iniciativas del Gobierno, además, apuntan a mejorar los niveles de empleo de un sector en el que su mano de obra está asociada generalmente a los segmentos poblacionales de ingresos más bajos. Los últimos datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) mostraron que la ocupación sectorial se estabilizó en niveles similares a los de marzo de 2020, pero sin alcanzar aún las cifras previas a la emergencia sanitaria. 

Un impacto importante para el repunte de las obras privadas puede ser el aumento de la brecha cambiaria. “Un pronunciamiento de la brecha cambiaria genera incentivos a volcar recursos hacia la construcción, dado los menores costos medidos en dólares libre, lo cual podrá aumentar la demanda de materiales”, comentó la consultora LCG.

Push electoral

El Gobierno viene desplegando una receta que se repite en cada año electoral, lo que desde la consultora Equilibra llaman “push electoral”. En sus palabras: “Además de implementar una política fiscal y monetaria expansiva, consiste principalmente en utilizar el dólar oficial y las tarifas de servicios públicos como ancla para morigerar la inflación permitiendo una recuperación del salario en términos reales y en moneda dura”.

La estrategia oficial desde hace algunos meses va en ese sentido. Quedó claro cuando La Bancaria logró reabrir su paritaria, firmada a principio de año en torno a la pauta oficial del 29%, y alcanzó el 45%. La aceleración inflacionaria que se vio en la primera parte del año hizo que el Gobierno tomara esta postura y siguió con otros sectores.

En el plano impositivo, se hicieron efectivos los cambios en el Impuesto a las Ganancias para los asalariados, se avanzó en sancionar una ley de alivio fiscal para monotributistas y la suspensión del cobro retroactivo de las deudas generadas por la última modificación de este gravamen. 

En cuanto a las transferencias, se desplegó el bono de $6.000 para los beneficiarios del Potenciar Trabajo, el refuerzo y ampliación de la Tarjeta Alimentar, la prórroga del reintegro del 15% para las compras con tarjeta de débito a jubilados y beneficiarios de la AUH y la AUE y un bono a los jubilados de la mínima que se cobraron en julio y agosto.

La austeridad fiscal de la primera mitad del año llevó a un déficit primario de apenas 0,5% del PBI y dejó un margen importante de cara a las elecciones. Las estimaciones privadas coinciden en que, contabilizando las medidas de impulso al consumo, los programas de financiamiento a tasas subsidiadas y la aceleración de la obra pública, el “push electoral” rondaría el 1,5% del PIB en todo el año.