Según un informe de la consultora LCG, Argentina está sufriendo una “metamorfosis” de su mercado laboral. A más de un año del comienzo de la pandemia, existen 790.000 asalariados menos que debieron buscarse la vida en la informalidad, el empleo público o quedaron dependientes de algún tipo de programa social de transferencia de ingresos.
El trabajo resaltó que para el cuarto trimestre del 2020 la pérdida de asalariados formales había escalado a 1,2 millones. Ocho meses después, el saldo negativo quedó en 790.000. Más de 12 meses sin volver a una relación salarial cambiará la estructura social, según la consultora. Estamos, dijo, “ante capital humano depreciándose”.
“El daño no resultó mayor gracias al crecimiento del trabajo por cuenta propia que, junto con el empleo público, fueron los únicos que lograron salir airosos de la crisis de empleo, absorbiendo casi 490.000 expulsados desde el trimestre previo al estallido de la pandemia”, consideró LCG
El informe resaltó que el trabajo por cuenta propia es el reflejo del “rebusque”, ya que puede pensarse que de los 790.000 asalariados que perdieron sus puestos, varios pasaron a trabajar por cuenta propia. El empleo público, por su parte, implica relaciones laborales que “en muchos casos siguen en relación con adhesión a la planta estatal pero que, incluso en casos extremos, ni siquiera prestaron servicios”.
Como resultado de ese ajuste desigual, la relación de asalariados privados registrados a públicos es la más baja de la historia. Por cada 10 empleados privados registrados hay casi 6 empleados públicos según los últimos datos del Sipa. “Esta es una tendencia que se viene consolidando desde hace más de 10 años y se acentuó durante la pandemia”, aseguró LCG. Cada dos asalariados privados formales (algo menos de 6 millones, incluso menos que hace 10 años), hay más de un asalariado público (algo más de 3,5 millones, considerando todos los niveles).
Dentro del asalariado privado, como es esperable, los informales sufrieron una caída de 322.000 puestos que se elevan a 719.000 si se incluye como tal a la caída del empleo doméstico. En paralelo, los formales acumularon una baja de 69.000. “La relación sorprende para mal: las políticas como el ATP, el Repro o prohibiciones al despido o doble indemnización protegen al formal”, explican.
Más daño
Para los especialistas, los indicadores del mercado laboral incluso ocultan una realidad más compleja que la que se tiene en cuenta a veces. El 10,2% de desempleo actual o el 11% con el que cerró el 2020 preocupa por partida doble: por el número de desocupados (2,2 millones), pero también por la menor participación en el mercado de trabajo, reflejada en una tasa de actividad más baja.
“Corrigiendo por una tasa de actividad promedio pre pandemia (cercana a 47,2%) y manteniendo el nivel de ocupación actual, la desocupación rondaría el 12%”, afirmó LCG. El estudio además resaltó que menos de 25 por cada 100 personas ocupadas son alcanzadas por los beneficios de los programas de protección al asalariado formal, “algo que el gabinete económico parece ignorar”.
La sociedad salarial rota
Durante 2020 dejaron de existir 20.200 empresas en Argentina y, tal como señaló el trabajo, la sociedad salarial a la que muchas veces le habla el Gobierno es cada vez más chica o parte de ella no existe más. La mitad de las empresas que cerraron corresponden al rubro comercio y transporte, y otro 25% a los sectores más afectados por las restricciones como hoteles, restaurantes, servicios personales y actividades culturales y recreativas.
No obstante, en la destrucción de empresas se rompió un vínculo de referencia a la sociedad de distintos actores: 687.000 asalariados vieron cerrar las empresas a la que prestaban sus servicios. Algunos trabajadores consiguieron otra ocupación en empresas que quedaron en pie, pero fueron los menos. En promedio, “la pérdida de empleo relativa al cierre de empresas representó 8% del nivel de empleo previo en cada sector”, explicó la consultora.
Para LCG, ya no alcanza con “encender” la economía, porque estos trabajadores no volverán a sus puestos aun cuando la actividad termine de recuperarse. “Deberán migrar hacia sectores o empresas sobrevivientes o ganadores de la pandemia, pero la movilidad del factor trabajo muchas veces no es tal, ya que se evidencia cierto tiempo requerido para que la mano de obra logren readaptar sus habilidades hacia nuevos sectores”, argumentaron.
En el caso de una recuperación, en donde las empresas que quedaron en pie retomaran el nivel de empleo que tenían antes de la pandemia, “aún restarían 10% de los asalariados sin absorber”. Los sectores de comercio, actividades culturales y, en menor medida, construcción definitivamente son los más golpeados en términos de empleo.
La recuperación heterogénea da como resultado una configuración de un mercado de trabajo distinto, de un vínculo más informal. Por ejemplo, el sector construcción que lideró la recuperación hasta principios de este año presenta una tasa de informalidad del 75%.
¿Sabe la política a quién le habla?
El Gobierno hizo una promesa electoral a principios de año: el salario le va a ganar a la inflación en 2021, después de caer consecutivamente desde 2018. El informe destacó que el salario real compra 23% menos bienes y servicios que hace cuatro años.
De ese porcentaje, 9 puntos porcentuales de caída se dieron desde inicios de la pandemia. “Un aumento a todos los asalariados del 15% es consumido en menos de un semestre por la inercia inflacionaria que ya tiene un piso del 3% mensual”, proyectó la consultora.
Uno de los cambios más importantes de la estructura del mercado laboral argentino, remarcó LCG, es que la reapertura de las paritarias que fomenta el Gobierno sólo impacta en 8 de cada 100 electores. “Los gremios más relevantes absorben prácticamente la mitad de los asalariados formales, 33% de los asalariados totales (incluyendo los informales) y apenas 1 de cada 4 ocupados (incluyendo a los independientes que no tienen representatividad gremial)”, detallaron.
Parecería ser que la estrategia oficial, en ese sentido, es la de intentar minimizar el voto castigo. “Cada dos asalariados privados formales hay más de un asalariado público, el principal empleador en la economía argentina es el propio Estado que exige lo que no puede dar”, comentó el estudio. En tanto, la protección cercana es hoy en día más efectiva que el aumento del salario real. Por cada asalariado hay 2,2 personas que reciben prestación social.
“Antiguamente 'caer' en el asalariado era ser víctima, vivir al día, por lo general un cuentapropista que no tuvo más salida que vender su fuerza de trabajo. En la segunda mitad del Siglo XX, por el contrario, el asalariado pertenece a un estatus que no lo hace caer en el asistencialismo y le otorga una protección”, consignó el informe.
La pandemia o la cuarentena estricta de varios meses hizo que 13% de los asalariados deje de pertenecer a ese grupo con derechos y ahora sea dependiente de la asistencia. “Es un experimento al menos curioso reconquistar con un aumento de salarios a quienes perdieron justamente su salario”, objetó la consultora.
De ahí la necesidad de complementar con el resto de políticas de ingreso. “Hay familias enteras que no están acostumbradas a mendigar, son trabajadores sin trabajo y no se los puede contentar con asistencia”, precisó LCG. La clase media, definida como las personas cuyo ingreso total familiar se ubica entre 1,5 y 4 canastas básica total (CBT) es cada vez más escasa. “En el último año 2 millones de personas perdieron esta condición”, concluyeron.
